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El Gobierno de Zapatero AYUDÓ en el saqueo de 31 millones para UGT Asturias

El Gobierno de Zapatero AYUDÓ en el saqueo de 31 millones para UGT Asturias

El ex alto funcionario del Ministerio de Industria que tramitó el desvío de 31 millones de euros públicos a los líderes de la UGT asturiana liderados por José Ángel Fernández Villa confiesa ante la Guardia Civil que fue una “imposición” del Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero. El ex gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) ha señalado ante la Unidad Central Operativa (UCO) que “hubo que modificar íntegramente un Real Decreto para financiar íntegramente” una residencia de ancianos que fue utilizada como coartada para que los sindicalistas distrajeran fondos.

“Eso vino impuesto desde arriba por el Gobierno del PSOE“, relató Juan Miguel Benítez hace unos días ante la Policía Judicial, destacando que cuando él se hizo cargo de su puesto, la decisión ya estaba tomada y que tuvo lugar gracias a la influencia de Fernández Villa sobre Zapatero y su ministro de Industria.

La confesión de este funcionario, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, corrobora el contenido de la denuncia interpuesta hace un año por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la denominada Operación Hulla. Esta querella provocó la detención de Fernández Villa, histórico líder minero que propició la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la secretaría general del PSOE.

El Ministerio Público sostiene que la cartera de Industria que dirigía el socialista Miguel Sebastián se “concertó” con los líderes sindicalistas mineros de Asturias. El objetivo, otorgarles de forma irregular una subvención millonaria para la construcción de una residencia de ancianos en un terreno “no urbanizable y de interés agropecuario”.

Esta subvención “sobredimensionada” fue destinada oficialmente al geriátrico de Felechosa (Asturias) pero acabó sirviendo posteriormente para que Fernández Villa y su mano derecha, José Antonio Postigo, se desviaran “ingentes cantidades de dinero” a sus bolsillos. En el caso del primero, el dinero se intentó camuflar sin éxito mediante una falsa herencia familiar.

El ex gerente del IRCM, que dependía directamente del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha señalado que “Fernández Villa fue quien hizo los contactos necesarios para que desde arriba dieran las instrucciones necesarias”, en referencia al Gobierno de Zapatero.

“Tenía mucho poder y capacidad de pedir audiencia al presidente del Gobierno y al ministro de Industria”, agregó. Benítez explicó que mantuvo contacto con Fernández Villa “en el marco de las Comisiones de Seguimiento del Plan de la Minería” y que el líder sindical siempre “hacía alardes del poder que tenía”.

“Sus intervenciones en esas reuniones se caracterizaban por los malos modales y por sus exigencias, sin importarle la presencia del secretario de Estado de Energía”. “Era una persona con mucho poder, ya que había sido senador por el PSOE, y llegaba a comentarse que él era la persona que elegía al presidente del Principado de Asturias”.

En cuanto al desvío de fondos públicos para la residencia de ancianos controlada por el clan de Fernández Villa este alto funcionario admitió que medió “algo extraño”. “Hubo que modificar un Real Decreto para poder financiar íntegramente el proyecto de la Felechosa y eso vino impuesto desde arriba”, enfatizó.

Además, subrayó que la entidad que solicitó la ayuda “ocultó cierta información desde el inicio”. “Había ciertos aspectos de la residencia que no cumplían los requisitos para considerarse como un proyecto subvencionable, como puede ser el hecho de que sea de acceso para el público en general”. Asimismo, explicó que siempre siguió “los criterios del interventor”, que se opuso a pagar el total de la subvención aprobada “por el trasfondo que tenía este asunto”.

Anticorrupción, representada por los fiscales Ignacio Stampa y Carmen García, ha destacado a lo largo de la investigación del caso Hulla “la connivencia” que existió entre las “autoridades y cargos públicos” gubernamentales y los líderes mineros. Ésta “llegó hasta el extremo de que, mucho antes de que se aprobara la concesión de la subvención y se evadieran los obstáculos de toda índole que impedían legalmente el desarrollo del proyecto”, la entidad adjudicataria, la mutualidad minera Montepío, “ya había elegido y contratado a la empresa que iba a ejecutar la obra”. A su vez la Fiscalía arguye que “dicha obra había comenzado sin que se dispusiera de recursos para sufragarla y sin contar con las autorizaciones preceptivas”.

A juicio de Anticorrupción, “el papel decisivo” en la trama para conseguir los fondos públicos y desviárselos lo desempeñó Villa, líder sindical de la minería asturiana durante los últimos 40 años, “persona de notable poder de decisión y de influencia social, económica y política en el Principado de Asturias”, que “se prevalió del poder que le concedían los cargos que desempeñó desde 1978”. “Principalmente como miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de la Federación Socialista Asturiana y como secretario general de la organización sindical SOMA-FITAG-UGT“.

También recalca Anticorrupción que dicha influencia proviene de su pasado como miembro de Ejecutiva Federal del PSOE y de su etapa como senador y diputado regional. Revestido de este “poder”, Villa “influyó en la decisión de conceder a una subvención a cargo de los Fondos Mineros”, pese a que la normativa que regulaba la adjudicación “no contemplaba dicha posibilidad”.

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