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El movimiento 24 DOS denuncia que “La demanda contra Llarena es un salvaje ataque a la jurisdicción española”

Pablo Llarena

El Movimiento Político 24 DOS, el cual está conformado por estimados juristas como es el caso de Adolfo Prego, ex magistrado del Tribunal Supremo, Ignacio Gordillo, ex fiscal de la Audiencia Nacional y Nicolás González Cuellar, catedrático de Derecho Procesal- presentó el martes 4 de septiembre una discusión medio de la Audiencia Nacional en contra del Juez de origen belga Anne Desy, Carles Puigdemont (ex presidente) y cuatro ex consellers que se encuentran huidos, Gonzalo Boye (letrado), y la traductora de la demanda insertada contra Pablo Llanera por los delitos de prevaricación, falso testimonio, usurpación de funciones y falsedad de documentos.

El Movimiento 24 DOS, insiste que, En el documento que fue presentado frente al Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional, sostienen que la demanda emitida en contra de Pablo Llanera es “fraudulenta y falsaria” y que también “constituye un claro ejemplo de maniobra procesal”. “Formalmente dirigida contra el magistrado, materialmente tiene como objetivo denigrar nuestras instituciones democráticas, así como violar la integridad y dignidad de la jurisdicción española”.

El 25 de septiembre es la fecha que se ha fijado por un tribunal belga para la vista formal para la demanda en contra de Pablo Llanera. El abogado de origen belga del Juez Llanera pido el martes 4 de septiembre una suspensión de la vista por la demanda civil que fue presentada en contra del magistrado por parte del expresident Carles Puigdemont, de igual forma el grupo de expertos reconocidos en el mundo del Derecho han creído que “ con base en un relato de los hechos inventado” en la demanda que fue presentada por parte de Puigdemont en Bélgica se han recogido “esperpénticos juicios de valor” como también la “manipulación de la traducción al francés de palabras del magistrado español”.

Para los demandantes no existe duda que la demanda “constata el salvaje ataque a las instituciones democráticas de nuestro país y la jurisdicción española con la burda excusa de las palabras pronunciadas por Pablo Llanera el 22 de febrero de 2018 en un acto celebrado en Oviedo”

Condición de la Audiencia

Por lo que se han dirigido a la audiencia Nacional para que realice la investigación penal sobre los hechos al considerar que el tribunal especial no es justo en el caso “las acciones que motivan la presente querella tuvieron lugar fuera del territorio nacional, pero su resultado se produce en España al violar la integridad de nuestra jurisdicción que, por definición, es coextensiva al territorio español (art. 65.1.e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y doctrina de la ubicuidad”.

Por su parte al abogado Boye se le ha considerado el inductor de los supuestos delitos cometidos por los ex conceller y por Puigdemont.
En la disputa del movimiento 24 DOS, se le ha dado una relevancia especial al abogado Boyé, al ser considerado en “inductor” de los supuestos delitos realizados “por entender que por su posición de estrecho contacto con Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatì y Lluís Puig no sólo en el ámbito Jurídico, sino en el político y mediático, participa en su estrategia fraudulenta y en el dominio del hecho.

Es además el único de los letrados firmantes cuya lengua materna no es el francés y, por tanto, al que, una vez más indiciariamente, cabe atribuir la redacción del párrafo en francés en que se contiene la tergiversación y que no puede haber sido redactado por un francófono por su incorrección lingüística”.

Mientras que el documento judicial debe pasar a turno de reparto en dicha Audiencia Nacional y será enviado al Ministerio Fiscal para que se le realice la admisión o la deniegue.

Una demanda manipulada

El magistrado mantuvo en Oviedo sobre preguntas por parte de los periodistas sobre si existían presos políticos en España, que “no es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de la cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados”.

A pesar de ello, la afirmación que es recogida por la demanda a Boyé es “peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c’est ce qui s’est produit, il faut faire une enquête”, es decir: “Con independencia de cuál haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados” una hipótesis que es traducida como afirmación concreta.

Este es la falsedad de palabras por parte del instructor del ‘procés’ que los abogados de Carles Puigdemont imputan a un error en la traducción, no se trata de superficial, ya que afecta el fondo de la situación y cambia por completo la posibilidad de la afirmación, contrario a la posible inocencia de los investigados en el Alto Tribunal.

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