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El Supremo rechaza expulsar a VOX de la causa del 1-O como pedían los golpistas

El Supremo rechaza expulsar a VOX de la causa del 1-O como pedían los golpistas

El Tribunal Supremo no entrará en el juego de los separatistas. El ex presidente de Òmnium Jordi Cuixart planteó un recurso auspiciado por ERC para expulsar a Vox de la acusación popular. Pero el Supremo tiene ya tomada la decisión y no aceptará el recurso. Vox seguirá formando parte de la acusación y seguirá elevando el listón de las peticiones de penas defendiendo la existencia del delito de rebelión.

El presidente de Òmnium Cultural que se encuentra en prisión provisional, Jordi Cuixartpedía recientemente al Supremo en un escrito presentado por su defensa que se expulsara a VOX de la causa abierta por el “procés”, al entender que la estaba utilizando como “polo de atracción electoral” para los próximos comicios y para legitimar “ideas que contravienen” la Constitución.

Cuixart, tal y como publicó este diario, defendía que los planteamientos de Vox como acusación popular no eran netamente jurídicos sino que le movía un interés electoralista que, según sus abogados, pervertía el sentido de una acusación legítima.

Los abogados de Cuixart reclamaban, de hecho, la expulsión de Vox del caso por considerar que se había hecho uso de datos judiciales en el congreso de este partido en el acto de Vistalegre.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el Supremo rechaza las pretensiones de la defensa de Cuixart y por lo tanto, mantendrá a VOX en la causa para que siga ejerciendo la acusación popular. La decisión del Alto Tribunal se hará pública en las próximas horas o este mismo miércoles.

En el escrito remitido al Supremo, la defensa de Cuixart mantenía que el partido VOX es de extrema derecha y que no defiende el interés general en la causa por el “procés”, sino que su personación obedece “de forma principal, e incluso única, a la voluntad de utilizar dicha personación como polo de atracción electoral”.

La existencia de intereses ajenos a la administración de justicia con exclusivas finalidades partidistas supone la utilización fraudulenta de la institución de la acusación popular en el procedimiento penal”, añadía el escrito.

La abogada de Cuixart recordaba en su escrito que el reciente acto que VOX celebró en el Palacio de Vistalegre de Madrid demostraba que su ideario “se focaliza especialmente en el desconocimiento y negación del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” y se caracteriza por “una actitud beligerante de recentralización del Estado y negación de los derechos nacionales”.

Además, para la defensa del presidente de Òmnium, las repetidas alusiones al papel de VOX en la causa del “procés” en Vistalegre probaban que este partido la está utilizando “para dar una imagen de legitimidad, en actos de propaganda electoral, a ideas que contravienen la misma Constitución”.

En ese sentido, el escrito alertaba de que el principal objetivo de VOX es “disponer del altavoz mediático que supone la ocupación del estrado de la acusación en la fase del juicio oral en un proceso penal de relevancia pública”, por lo que el partido lo aprovechará, según la defensa, para difundir su programa electoral.

“La personación de dicho partido político no aporta nada al interés de la justicia, ni siquiera desde la óptica de la acusación”, concluía el escrito, que emplaza al Supremo a no “permanecer impasible con la evidencia del uso espurio de la institución de la acusación popular” por parte de VOX.

Los argumentos de la defensa de Cuixart no habrían convencido al Supremo. Cabe recordar que VOX que ejerce la acusación popular en la causa se ha caracterizado por mantener una postura muy firme junto a la Fiscalía frente a los golpistas. Un acusación que también era firme por parte de la Abogacía del Estado, hasta que el socialista Pedro Sánchez llegaba a la Moncoa.

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La formación liderada por Santiago Abascal solicitaba en su escrito de acusación presentado en las últimas horas 74 años de cárcel para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación de caudales públicos.

En el escrito de acusación que VOX ha presentaba ante el Tribunal Supremo pedía las mismas penas por los mismos delitos para los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull.

Lo cierto es que esa petición por parte de la defensa de Cuixart tenía mucho que ver con ciertas negociaciones políticas. En concreto, con las mantenidas por la gente de ERC con el Gobierno de Sánchez. Y es que, tras haber ordenado rebajar la acusación de la Abogacía del Estado para que no incluyeran el tipo de rebelión, el segundo paso de las negociaciones entre el Ejecutivo de Sánchez y ERC pasaba por favorecer una salida de Vox de la acusación popular. Sin embargo, el Ejecutivo socialista no contaba con un escollo insalvable, los magistrados del Supremo que no se dejarían influir y presionar, manteniendo en todo momento su independencia.

El plan final era dejar a la Fiscalía aislada y más presionable, con el objetivo de que también ella pasará de la petición del tipo de rebelión al de sedición, con menores penas.

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