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La Abadía planta cara a Sánchez: recurre en los tribunales las exhumaciones

La Abadía planta cara a Sánchez: recurre en los tribunales las exhumaciones

Carmen Calvo anunció un supuesto acuerdo con la Iglesia. Tuvo que ser literalmente quien le desmintiera. Pero ahora es ya directamente el curso de los acontecimientos el que demuestra que la vicepresidenta se inventó literalmente el pacto con la Iglesia. Y es que los propios benedictinos de la Abadía del Valle de los Caídos acudirán a los tribunales para frenar el decreto de exhumación de Francisco Franco porque, tal y como se ha redactado, supondría sacar los restos mortales de 19 monjes y 172 fallecidos después de la Guerra Civil. Y, como recuerdan los monjes, ellos son “custodios” de los restos de los fallecidos.

La Abadía lo ha plasmado en un comunicado en el que recuerda que ellos no pueden dejar que se altere la paz de casi 200 fallecidos y que, como consecuencia, no les queda más remedio que recurrir a los tribunales.
“El Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno prevé la exhumación inmediata de 19 monjes benedictinos enterrados en el Valle así como de 172 fallecidos después de la finalización de la Guerra Civil”.

No les falta razón a los monjes. Tal y como se ha redactado el decreto encargado por Pedro Sánchez para conseguir sacar los restos mortales del dictador, lo cierto es que se fuerza la salida de tumbas de muchas más personas. La razón estriba en que, para buscar el hueco legal que permita exhumar a Franco, ha habido que dar la apariencia de que la norma era general y no pensada para un caso individual -característica que está expresamente prohibida-.

Así, el argumento buscado por el Gobierno es el de que Franco no murió en la Guerra, cuestión que sus asesores debían pensar que era exclusiva de Franco con respecto al resto de enterrados en el Valle de los Caídos. Pero la realidad es muy distinta.

“Este hecho, que no ha sido fuente de información en la mayoría de los medios quedando olvidado ante la notoriedad de la exhumación del anterior jefe del Estado, es para esta Abadía motivo fundamental de preocupación por lo que se ha visto obligada a recurrir las actuaciones emprendidas en defensa de la Comunidad benedictina, de aquellos que en vida pertenecieron a ella y aquellos otros fallecidos después de la Guerra Civil cuyos restos mortales nos fueron entregados y de los que somos custodios”, añade la Abadía.

Sea como sea, lo cierto es que la Abadía, que obviamente forma parte de la Iglesia, ya cuenta con acciones legales contra el decreto del Gobierno, algo que por supuesto no acelerará la pretendida exhumación de Franco tan ansiada como eslogan político por el presidente Sánchez.

El decreto en cuestión es el real decreto ley, 10/2018. El Ejecutivo aportó en él distintas razones políticas y jurídicas para argumentar la “extraordinaria y urgente necesidad” del desenterramiento del dictador.

El real decreto ley, cambia dos preceptos de la ley 52/2007, de Memoria Histórica. Y en uno de esos nuevos preceptos incorpora un apartado 3 al artículo 16 donde señala que en el Valle de los Caídos “solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”.

Esa era el apoyo jurídico para que Franco salga del Valle: murió el 20 de noviembre de 1975. Ahora, ese argumento, se vuelve en contra del Gobierno.

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