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La Audiencia Nacional ordena investigar a Borrell por estafa

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La Audiencia Nacional investigará a Josep Borrell por un presunto delito defalseamiento de cuentas y administración desleal en Abengoa. Así lo ha acordado la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional en un auto en el que estima un recurso presentado la Plataforma de Perjudicados de Abengoa contra la negativa inicial del juez a admitir la querella.

La resolución del tribunal ordena al juez instructor Ismael Moreno que admita a trámite la querella contra todo el consejo de Administración de Abengoa, incluyendo al ex ministro socialista y ex presidente del Parlamento Europeo, por las cuentas que presentaron correspondientes a 2015, que presentaban una situación de la sociedad que finalmente no se correspondía a la realidad. La querella admitida alcanza a un total de 19 personas, así como a la propia Abengoa y a la auditora Deloitte como personas jurídicas.

Se trata de una nueva causa relacionada con Abengoa, que se suma a la ya abierta en otro juzgado por las indemnizaciones millonarias cobradas justo antes del derrumbe por el ex presidente Felipe Benjumea y el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega. También en esa causa el abogado que representa a los afectados, Felipe Izquierdo, reclamó la comparecencia de Borrell como imputado. La juez Carmen Lamela lo desestimó y el dirigente socialista declaró como testigo.

Ahora, en cambio, el juez Moreno deberá citar a declarar a los querellados en calidad de investigados ya que así lo ordena expresamente el auto de la Sala. Sólo es cuestión de que ponga fecha a las citaciones para tener formalmente como imputado a Borrell y al resto de querellados.

El tribunal no ordena practicar ninguna otra diligencia concreta. De hecho, resalta que será el juez instructor el que, tras tomar declaración a los querellados, decida «con total libertad de criterio» si procede practicar otras pruebas.

La causa que ahora se abre sobre las cuentas de la empresa energética tiene un alcance potencial mucho mayor que la primera investigación, limitada a las indemnizaciones. De hecho, esa diferencia -hay más querellados y se atribuyen más delitos- es la que llevó a la Audiencia Nacional a mantener dos causas diferenciadas: de las indemnizaciones se encarga el Juzgado Central 3 (Lamela) y de las cuentas de la entidad el Juzgado Central 2 (Moreno).

Uno de los nuevos delitos que se van a investigar es el de falseamiento de las cuentas, que el Código Penal castiga con penas de uno a tres años de prisión y multa de seis a 12 meses. Lo cometen «los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma».

La querella también señala a posible comisión de otros delitos de administración desleal, falseamiento de información económico-finaciera (al tratarse de una sociedad cotizada) y uso de información privilegiada.

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