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La Fiscalía lo tiene claro: pide 25 años para Oriol Junqueras por un delito de rebelión

Oriol Junqueras

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado este viernes el escrito de acusación del 1-O, en el que pide 25 años de prisión para Oriol Junqueras y 17 para Carme ForcadellJordi Cuixart y Jordi Sànchez. El Ministerio Público considera al ex vicepresident de la Generalitat, la ex presidenta del Parlament y los ex responsables de ANC y Òmnium como máximos responsables de un delito de rebelión. Según el escrito, los cuatro acusados, que según la Fiscalía estuvieron “a punto” de lograr que el Estado aceptara la independencia de Cataluña, lideraron la rebelión desde sus ámbitos respectivos: el ejecutivo, el parlamentario y el social [consulte el cuadro de penas en PDF].

En el siguiente escalón, como “mandos subalternos” de los anteriores, sitúa a cinco ex consellers encarcelados, para los que pide 16 años de prisión. Se trata de Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa. Las penas de Junqueras y los ex consellers incluyen, además de la rebelión, el delito de malversación de fondos públicos, que acordaron desde sus puestos en el Ejecutivo catalán.

En un tercer escalón la Fiscalía sitúa a tres ex consejeros procesados y acusados sólo por malversación y desobediencia continuada y grave, pero no por rebelión. Por esos delitos pide siete años de cárcel e inhabilitación para Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila.

Por último, a los seis procesados sólo por desobediencia grave (miembros de la Mesa del Parlament y la líder de la CUP Mireia Boya) les pide un año y ocho meses de inhabilitación.

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 11 años de prisión para el ex Mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, también por un delito de rebelión. El Ministerio Público discrepa así de la juez Carmen Lamela, que en su día le procesó por el delito más leve de sedición.

El escrito de acusación presentado al Supremo arranca afirmando que “la estrategia diseñada se basaba en la actuación convergente de las instituciones catalanas de autogobierno (Parlamento y Gobierno de la Generalitat), de las formaciones políticas independentistas con representación parlamentaria (Junts pel Si y CUP), y de las entidades sociales soberanistas (Asamblea Nacional Catalana-ANC, Òmnium Cultural-OC y Asociación de Municipios por la Independencia-AMI), cuyos máximos dirigentes […] en unión de otros procesados huidos acordaron como principales promotores ponerla en práctica mediante la acción combinada y sincronizada”.

Prosigue explicando que “el plan que habían urdido consistía fundamentalmente en orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, e impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales dictadas al amparo de aquélla, para conseguir como objetivo último -con sus propias leyes y sus propias estructuras de Estado- declarar la independencia de esa parte del territorio nacional y obligar al Estado a aceptar la separación del referido territorio, finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional”.

Uso de la violencia

Para sostener el delito de rebelión el Código Penal exige que se haga uso de la violencia, algo de lo que la Fiscalía no tiene duda. Los cuatro fiscales del caso sostienen que los acusados “contemplaban la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida -ante la certeza de que el Estado no iba a aceptar esa situación- la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido”.

Precisan que para ello los acusados se valieron “de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte, la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra parte, el uso de los Mossos d’Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones -como así sucedió- y que, llegado el caso, podría proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndole así al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional”.

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