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María Núñez Bolaños, la juez que desactiva los casos de corrupción del PSOE

María Núñez Bolaños

Está desimputando de forma masiva a altos cargos en el caso ERE y mantiene paralizadas investigaciones en peligro de prescripción de los delitos

Si el caso ERE fuera una bomba, el trabajo de la juez María Núñéz Bolaños se asemejaría mucho al de un Tedax. El símil no es exagerado. La onda expansiva del fraude de las prejubilacionesha alcanzado a dos expresidentes, seis exconsejeros y otros 14 ex altos cargos autonómicos que se sientan hoy en un banquillo.

Durante los tres años y medio que está a punto de cumplir al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la magistrada ha desactivado buena parte de la carga explosivaalojada en los sumarios con los que su antecesora, Mercedes Alaya, acorraló judicialmente al Gobierno andaluz hasta el punto de hacer dimitir a José Antonio Griñán por la «erosión» del caso ERE. El presidente que precedió (y puso) a Susana Díaz en la jefatura del feudo socialista.

Nada ha vuelto a ser igual en el juzgado tras el desembarco de Núñez, una apuesta personal del entonces consejero andaluz de Justicia Emilio de Llera, amigo de su marido «desde chiquititos», como admitió el también fiscal.

Alaya aspiraba a seguir investigando las macrocausas que han puesto bajo la lupa al PSOE andaluz tras su marcha a la Audiencia de Sevilla. Pero el Consejo General del Poder Judicial la apartó por haber cuestionado la imparcialidad de su sustituta por la amistad «notoria» que le une al político. La nueva titular del juzgado, en cambio, niega que esta relación le influya.

La instrucción de los ERE está cada día más cuestionada por la Fiscalía, que critica sus retrasos y recurre los archivos porque generan «una intolerable impunidad»

Nada más aterrizar, Núñez dio un vuelco a las causas de los ERE y Formación, que dividió en piezas más pequeñas con la idea de agilizarlas. La realidad es que sólo ha concluido tres piezas (las ayudas irregulares al chófer de Guerrero, Cenforpre y ABB) y las tres están pendientes de la resolución de recursos. El juez de apoyo Álvaro Martín cerró otras tres piezas desgajadas de la causa matriz, incluida la del «método ERE» que afecta a 22 ex cargos autonómicos, la única que se está juzgando de las 270 partes en que debe dividirse el sumario.

El «retraso» de esta instrucción —en enero cumplirá ocho años— es una queja recurrente en los escritos de las fiscales Anticorrupción. El pasado 20 de septiembre alertaron de que desde 2014, 2015 y 2016 permanecían en su juzgado 18 informes de la Guardia Civil y los peritos judiciales sobre empresas que no estaba investigando. Núñez reaccionó abriendo diez piezas.

Riesgo de prescripción

El tiempo corre en contra de la Justicia y favorece la impunidad de los presuntos corruptos. Se investigan ayudas concedidas desde 2001 y el riesgo de que prescriban los delitos es alto. De hecho, ya se han archivado más de una veintena de causas por este motivo.

Si preocupante es la demora, a la Fiscalía aún le inquieta más la desimputación masiva de ex altos cargos investigados en las piezas relativas a cada una de las ayudas irregulares. Núñez ha logrado algo tan insólito como poner en su contra a todas las acusaciones. Anticorrupción, el PP e incluso la propia Junta de Andalucía –que se retiró de la pieza política para no acusar a Chaves y Griñán– recurren todos sus autos de exclusión. La juez ha hecho suyo el criterio de la Audiencia de Sevilla, que estableció que si un cargo político está acusado por el sistema ilícito de reparto de fondos no puede ser enjuiciado por cada una de las subvenciones de forma aislada.

La Fiscalía ha puesto el grito en el cielo por esta tesis porque, a su juicio, genera un «intolerable espacio de impunidad». Los letrados de la Administración andaluza también han mostrado su disconformidad a través de sus recursos porque temen que los delitos queden impunes y, con ellos, el «enorme quebranto» que causó el saqueo al no dejarles ejercer la acusación en otras piezas separadas relativas a las ayudas.

Archivos de corta y pega

Este hábito de archivar le ha jugado algunas malas pasadas. En uno de sus autos de corta y pega, Núñez llegó a desimputar dos veces al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero por la misma ayuda.

El caso ERE está menguando de imputados a marchas aceleradas. En sus autos «indulta» a beneficiarios de ayudas con la tesis de que son «víctimas» de la macrocausa en lugar de delincuentes, argumentos que, para la Fiscalía, carecen de base jurídica.

En contra de los peritos, de la Cámara de Cuentas y del Supremo, Nuñez sostiene ahora que las ayudas eran para trabajadores y no para las empresas beneficiarias

Ha exculpado a dos exconsejeros delegados de la empresa pública Egmasa, Juan Jesús Jiménez Martín y Javier Serrano Aguilar, con el argumento de que la firma de la póliza subvencionada no implica que pudieran «ni siquiera intuir, la existencia de irregularidades» en la concesión.

En el enésimo giro que da al caso ERE, Núñez defiende ahora que las subvenciones sociolaborales «son ayudas a los trabajadores y no a la empresa». Echa por tierra la doctrina jurídica de los peritos que estudiaron las 270 ayudas, del Tribunal y la Cámara de Cuentas, y del Supremo, que las consideran ayudas a empresas porque la Junta corrió con gastos de despidos que debieron asumir las sociedades elegidas arbitrariamente.

En el caso Formación, donde Alaya acusó a la Junta de urdir una «red de clientelismo político» con el dinero repartido para impartir cursos a parados, Núñez sólo halló un cúmulo de «desórdenes, incidencias e irregularidades» sin relevancia penal. Con el respaldo del fiscal Fernando Soto y la oposición del PP, dio carpetazo a la causa abierta contra 24 ex altos cargos, entre ellos tres exconsejeros. Caso cerrado y un dolor de cabeza menos para el Gabinete de Díaz, que hasta el pasado julio sólo había recuperado 14,8 millones de los 149 millones desviados.

Las otras causas separadas del fraude de la formación avanzan a paso de tortuga. En el caso Faffe, la instructora acaba de abrir una investigación específica sobre los 31.969 euros abonados en clubes de alterne con tarjetas oficiales de la extinta fundación de empleo del Gobierno andaluz. Núñez ha tardado dos años en reclamar a la Consejería de Empleo los movimientos de las trece cajas de la entidad, datos que la UCO pide desde julio de 2016.

En la trama vinculada al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, que la Policía catalogó como una «organización criminal perfectamente estructurada», la instructora ha fijado declaraciones en abril de 2019. Los casos de corrupción se han convertido en bombas de efecto retardado.

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