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Marlaska se acojona ante la amenaza de la Guardia Civil y ahora endurece la frontera

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Dos horas después del último salto a la valla de Ceuta, el 22 de agosto, los teléfonos del Ministerio del Interior echaban humo. En Madrid, altos cargos de la Guardia Civil solicitaban hablar con el ministro Fernando Grande-Marlaska. Estaban cabreados tras un segundo salto violento en el que 119 subsaharianos lograron entrar usando cal viva y excrementos contra los agentes, siete de ellos heridos. «Dijeron que esto era inadmisible, que no podía volver a pasar y que se rebelarían si no se actuaba con contundencia», aseguran fuentes de Interior. Y así fue. Desde el Ministerio negociaron rápidamente con Rabat la devolución de los inmigrantes amparándose en el acuerdo bilateral de readmisión de 1992 y en la ayuda (130 millones de euros) que Europa va a destinar a Marruecos para que frene la crisis migratoria. Al día siguiente, Marlaska descolgó el teléfono y llamó a Alfonso Sánchez, jefe superior de la Policía Nacional en Ceuta. La orden era clara: los inmigrantes tenían que ser devueltos de inmediato a Marruecos.

Los abogados que prestaron asistencia letrada a los inmigrantes aún estaban empezando a tramitar los expedientes de expulsión cuando se llevaron a los subsaharianos al país vecino. Preguntados varios de ellos por este periódico, coinciden en señalar que la expulsión masiva les cogió desprevenidos y que no tiene precedentes. «Al ministro ahora le comparan con Salvini y le están dando por todos lados. Está en las antípodas de su homólogo italiano, pero tampoco puede hacer de Gandhi. No tuvo más remedio que actuar así para no tener un conflicto con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», repiten desde el Ministerio.

Pero la historia no acabó con esta devolución «en templado». Desde la cúpula de Guardia Civil reclamaban actuar contra los 602 subsaharianos que habían saltado los seis metros de vallado el 26 de julio, y que también usaron cal, excrementos, lanzallamas caseros o ácidos de baterías para disuadir a los agentes -22 heridos- que vigilaban el puesto fronterizo. «Nos jugamos la vida cada vez que saltan. Y no nos podemos defender porque no tenemos material antidisturbios. Un día va a pasar algo gordo como sigamos así de desprotegidos», protestan dos guardias civiles de la ciudad autónoma. Ellos y la Policía Judicial llevaban un mes investigando el salto de julio. Sabedores de que no pueden devolver a Marruecos a todos los que entraron, se centraron en localizar a los «líderes» que organizaron la entrada.

Hasta que ayer martes, a las 08.00 horas, agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil entraron en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y detuvieron a 10 de los 602 inmigrantes que lograron saltar la valla: siete guineanos, dos cameruneses y uno de Togo. Este último es un ex militar al que se le considera el líder del grupo. Las detenciones, bajo la bautizada operación Yebala, han sido posibles tras consultar las grabaciones de las cámaras de la frontera e interrogar a varios subsaharianos del CETI. Según adelantó El Faro de Ceuta, el togolés agredió a uno de los GRS al intentar esposarle. Los detenidos están acusados de atentar contra agentes de la autoridad y de formar parte de una organización criminal. «Se va a continuar igual. El que entre violentamente y agrediendo va a recibir el mismo pago», manifestó ayer Salvadora Mateos, delegada del Gobierno en la ciudad autónoma.

Los investigadores de la Guardia Civil están convencidos de que son las mafias de tráfico de inmigrantes las que están detrás de la violencia de saltos y las que organizan, a cambio de dinero, los intentos de cruzar tanto a Ceuta como a Melillapor la valla. Aunque la realidad, vivida por este periódico durante meses de trabajo en los bosques donde los subsaharianos aguardan su oportunidad de saltar, es bien distinta. Hay mafias que se encargan de que estos inmigrantes lleguen a los bosques. Por 275 dirhams (25 euros) les llevan desde la frontera con Argelia o desde el Sáhara hasta los alrededores de las ciudades de Nador o Castillejos. «Allí nos sueltan en medio de la nada y nos buscamos nosotros la vida. A las mafias no les interesa ir más allá. Primero, porque es imposible planear un salto seguro. Después, nunca intentan saltar porque ganan más dinero en Marruecos. Y, por último, ellos ponen todos sus medios en las pateras, que es donde sacan realmente beneficios», explicaban hace poco más de un mes los subsaharianos que vivían en los campamentos improvisados en el bosques de Beliones, próximo a la ciudad autónoma. Todos ellos cruzaron a Ceuta el 26 de julio.

En Beliones siempre se han organizado en grupos por nacionalidades, por «hermandades», como lo llaman ellos. En todos los campamentos tenían a un «primer ministro». Son los que controlan quién entra y quién sale, y deciden cuándo es el momento idóneo para intentar cruzar. «Pero no cobran dinero por ello», aseguraban.

Todo cambió cuando Rabat decidió dejar de levantar la mano -con las salidas de pateras-. Se multiplicaron las redadas en los barrios de Tánger o en los bosques. Ello empujó a los inmigrantes a cambiar de estrategia. «Dejaron de un lado las rivalidades y celos, y se unieron todos los grupos para saltar. El material lo han usado -radiales, botes de cal…- para defenderse de las fuerzas auxiliares marroquíes y para que, al entrar en España, la policía no les devuelva enseguida. Pero aquí no hay mafias», sentencian ahora algunos africanos que quedan en el norte de Marruecos.

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