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Villarejo amenaza con “una traca final”

Villarejo

El comisario jubilado alardea ante sus compañeros de prisión de que filtrará más información comprometedora si no sale antes de Navidad

“Si no me sacan pronto, habrá novedades a finales de septiembre. Y la traca final… antes de Navidad”. El comisario jubilado José Villarejo alardeó este verano ante sus compañeros de la cárcel de Estremera, donde duerme desde el pasado noviembre, de su agenda para airear la munición inflamable contra políticos, jueces y fiscales que grabó durante más de dos décadas con su micrófono espía. El comentario de este policía acusado de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales desconcertó a los reclusos del módulo donde cumplen condena miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según relata uno de los internos a EL PAÍS.

El viejo comisario está siguiendo su guion. Tras el fallo de su penúltima bala de plata, la que disparó en julio contra la que fuera amiga del Rey emérito Corinna Larsen, y que la justicia archivó por falta de indicios y por la inviolabilidad penal de Juan Carlos I, Villarejo apunta ahora al corazón del Gobierno, la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Los audios difundidos por moncloa.com —un diario digital con un mes de vida— sobre la participación de Delgado en una comida en 2009 con Villarejo, tres mandos policiales y el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se interpretan en medios judiciales y del Gobierno como una nueva maniobra del policía para forzar su libertad.

La defensa del policía asegura que se ha roto la cadena de custodia de los archivos intervenidos para anular la causa

Pero esta vez el disparo de Villarejo está desdibujado. Fuentes próximas a la investigación del caso Tándemconsideran que no está acreditado que la anotación “Dos” —supuesta abreviatura del nombre de la ministra— en la agenda del excomisario se refiera a Delgado, que hasta desembarcar en el Ejecutivo de Pedro Sánchez trabajaba como fiscal coordinadora de la lucha antiterrorista en la Audiencia Nacional. El ministerio público ha negado también que la titular de Justicia, cuando era fiscal, interviniera para impedir la extradición a Guatemala del empresario español Ángel Pérez-Maura, en contra de lo publicado por El Confidencial.

Lo que sí apunta la investigación es que Villarejo tuvo a Pérez-Maura como cliente. Y que el comisario sabía que Anticorrupción le investigaba por sus presuntas gestiones en favor de este empresario desde el 13 de agosto, cuando el instructor dictó un auto que desestimaba la libertad para el policía y desvelaba la existencia de una pieza IV denominada Pit, según fuentes próximas a la causa.

El comisario ha llegado a pedirle al juez que las grabaciones a políticos, jueces y fiscales las analice el CNI

Frente a la imagen de coherencia, la estrategia de Villarejo está salpicada de aparentes contradicciones respecto a los movimientos de su abogado, Fernando Díaz-Bastien. El letrado se centra desde julio en invalidar el sumario del caso Tándem, los 20 terabytes con imágenes y audios incautados en noviembre en varios domicilios de la trama. El defensor del policía ha denunciado que se ha roto la cadena de custodia de los discos duros que los agentes se llevaron de los domicilios de su cliente en Boadilla del Monte (Madrid) y Estepona (Málaga). Las grabaciones —según el abogado— no son válidas. El material informático “fue desprecintado sin la presencia del letrado de la administración de Justicia y entregados directamente a unos funcionarios de policía de la unidad tecnológica del CNP (Cuerpo Nacional de Policía), quienes se llevaron de la sede judicial los soportes originales intervenidos y no los devolvieron hasta diez días después”, señala el escrito del letrado. La defensa del agente añade que el clonado del material se hizo en el laboratorio policial sin que el abogado de la administración de Justicia diera fe de los códigos obtenidos en cada evidencia electrónica.

El recluso creyó que quedaría en libertad provisional antes del verano. Se barajó si aceptaría llevar una pulsera electrónica

El plan para invalidar las grabaciones llegó después de que Villarejo saboreara la libertad provisional. Semanas antes de que afloraran los audios sobre Corinna, el comisario jubilado creía que iba a ser excarcelado. Dos fuentes cercanas a la causa afirman que el juez De Egea barajó la posibilidad de concederle la libertad provisional. Incluso, se sondeó al preso sobre si aceptaría llevar una pulsera para controlar sus movimientos fuera de la prisión. Una pregunta que molestó al comisario, un hombre acostumbrado a codearse con los ministros del Interior de PSOE y PP de las últimas dos décadas. Y que mantiene una pose desafiante ante los fiscales por la munición que atesora.

El comisario ha llegado a pedir al instructor que los discos duros con las grabaciones sean custodiados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Una contradicción en toda regla, ya que Villarejo es un enemigo declarado del director de este organismo, el general Félix Sanz Roldán.

La defensa de Villarejo niega que su cliente haya filtrado los audios de Corinna y Delgado. El propio comisario, a través de su abogado, ha presentado un escrito en el juzgado en el que asegura que “la reunión a la que la prensa se ha referido entre nuestro cliente y la fiscal de esta Audiencia Dolores Delgado jamás se produjo”. El texto se refiere al encuentro que nunca existió entre la ministra e Iván Velásquez.el hombre que reclamaba la extradición a Guatemala del empresario español, acusado de presunta corrupción.

MESA Y MANTEL CON EL COMISARIO

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, no es la única persona relevante de la judicatura con la que compartió mesa y mantel el comisario jubilado José Villarejo. Un informe policial sobre el caso Nicolás de 2017 señalaba que varios jueces de la Audiencia Nacional asistían a comidas con Villarejo donde se apagaban los móviles y se hablaba de lo divino y lo humano a “calzón quitado”. Los ágapes los organizaba en Madrid el despacho del abogado Manuel Medina. Y, en ocasiones, asistían hasta 40 invitados, según varios participantes. Uno de ellos fue el magistrado Fernando Andreu, titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, según confirman fuentes de su entorno.

A estos encuentros asistieron como ponentes varios políticos de la formación conservadora y del PSOE, que después de la comida intervenían. Entre ellos, Pablo Casado, presidente del PP. El despacho de letrados de Manuel Medina evita pronunciarse.

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