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Un matrimonio de 70 años durmiendo en un parque y los inmigrantes todo pagado

Un matrimonio de 70 años durmiendo en un parque y los inmigrantes todo pagado

Una pareja de ancianos pasa dos días viviendo en un parque en Oviedo tras ser desahuciados. No tenían recursos suficientes para pagar el alquiler mensual de 500 euros. Estaban tan superados por la situación que fueron incapaces de pedir ayuda. “El juzgado debe garantizar un realojo en estos casos”, explica Alejandra Jacinto, abogada y activista de la PAH, que apunta que aún se producen 168 desahucios al día en España.

 

El pasado 18 de septiembre se ejecutó en Oviedo un desahucio trágicamente silencioso. La comisión judicial que se presentó en la vivienda de un matrimonio endeudado hasta el cuello con su casero se encontró con las llaves en la puerta, la casa sin gente y todos los enseres de los inquilinos dentro. La pareja, de 74 y 72 años, había cogido “cuatro cosas” y se había ido a una céntrica zona verde de la ciudad. Nadie en su entorno sabía nada y les angustiaba que los enviados del juzgado destaparan su situación límite reventando la cerradura. Durante las siguientes dos noches durmieron sobre un banco del parque de San Francisco.

La historia ha conmocionado a la ciudad de Oviedo e indignado a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), porque se produce a pesar de la existencia de un convenio en vigor en Asturias que obliga a los juzgados a informar a los servicios sociales cuando se va a desahuciar a una familia en situación de vulnerabilidad. Al tener más de 65 años, el matrimonio pertenece a uno de los grupos en riesgo de exclusión citados expresamente en el acuerdo suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, el Principado y la Federación de Concejos. Pero el titular del juzgado de instrucción número 3 de Oviedo no dio ese paso porque, según explica la magistrada decana, Pilar Martínez, desconocía cuántos años tenían los afectados. La demanda, señala, solo incluía un contrato de arrendamiento en el que constaba que eran mayores de edad.

El juzgado esgrime que, ante este desconocimiento y el silencio del matrimonio sobre su crítica situación, no alertó a los servicios sociales, ni a los del Ayuntamiento ni a los del Principado, a los que la pareja tampoco había acudido nunca antes del desahucio. La PAH, sin embargo, sostiene que el convenio, firmado el pasado marzo precisamente para evitar estas situaciones, no se ha cumplido y pide que se depuren responsabilidades. La presidenta de la organización, Pilar Galán, recuerda que en ese pacto el Principado de Asturias se comprometía a difundir en los juzgados, entre los jueces y el resto del personal, el protocolo a seguir. “El hombre en agosto fue al juzgado a ver cómo podía evitar el desahucio y le dijeron que el juez y la letrada estaban de vacaciones y que en su caso no había nada que hacer porque no tenía abogado de oficio y no se había opuesto al procedimiento”, explica Galán.

La PAH cuenta que el matrimonio acumulaba una elevada deuda por impago de alquiler en el piso que ocupaba desde hacía más de una década. Sobrevivía solo con la pensión no contributiva de ella, que ronda los 370 euros, y la renta superaba los 400. Él no cobraba nada después de décadas de cotización debido a que durante su vida laboral, que duró hasta los 70 años, fue autónomo y una mala racha durante la crisis le causó una deuda con la Seguridad Social que le cerró las puertas a cobrar una pensión. “Es un círculo en el que entras y no sales; ellos se sentían culpables y no querían comprometer a su familia”, lamenta Galán sobre el callejón sin salida al que se ha tenido que enfrentar este matrimonio.

No le confesaron a nadie lo que estaban sufriendo. El día marcado por la comisión judicial dejaron silenciosamente su piso y sus enseres y se fueron a dormir al raso durante dos noches en el parque de San Francisco de Oviedo. “¿No le extrañó a la comisión judicial ver la llave en la cerradura y todas sus cosas dentro?”, se pregunta la portavoz de la PAH. “Aquí algo está pasando”.

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El pasado día 20, dos días después de ser desalojados, el matrimonio acudió al Ayuntamiento y fue el grupo municipal de Somos Oviedo el que alertó a la PAH. A última hora de la mañana y a contrarreloj porque ese jueves era víspera de festivo en la capital asturiana y el Consistorio estaba a punto de echar el cierre, la organización acompañó a la pareja a los servicios sociales en busca de un alojamiento y avisó también al Principado. Ambas instituciones informan de que el matrimonio no aceptó las alternativas que les plantearon. Con la mediación de la plataforma antidesahucios, que también les ofreció sin éxito pagarles a escote entre sus miembros una pensión, se han alojado en una habitación de la casa de unos amigos. “Los recursos ahí siguen a su disposición, pero no los podemos forzar”, señalan desde el Ayuntamiento, mientras que en el Gobierno autonómico insisten en que no pueden “intervenir para evitar desahucio” si no conocen “las circunstancias de las personas”.

Para la PAH, la historia de esta pareja de jubilados asturianos ilustra “el completo desamparo que sufren los desahuciados por alquiler” en España. Pese a los mensajes oficiales de recuperación económica, son muchas las familias que siguen quedándose sin hogar, aunque “parece un problema silenciado”. “Antes la PAH era muy mediática porque iba contra la banca, pero ahora la mayoría de los casos son por impago del alquiler”, explica la presidenta de la PAH de Oviedo. Según los datos del Consejo del Poder Judicial, casi el 60% de los lanzamientos que ejecutaron los juzgados el año pasado fueron en viviendas arrendadas, una cifra que sigue en ascenso. “En España sigue habiendo un desahucio cada ocho minutos”, subraya Pilar Galán.

Fuentes del Gobierno del Principado han señalado que en la próxima reunión de la mesa de seguimiento del convenio que la PAH se planteará “ajustar los procedimientos para mejorar la detección y abordaje de esta realidad”. La magistrada decana de los juzgados de Oviedo admite que con este matrimonio “falló la información” y también se compromete a “poner todos los medios” e “intentar mejorar el protocolo” para que un caso así no se vuelva a repetir. “En estos juzgados llevamos mucho tiempo preocupados por este tema y en 2017 ya teníamos un protocolo que fue rebasado por el convenio firmado en marzo”, explica Pilar Martínez. “La España de 2018 no se puede permitir a dos mayores durmiendo en un banco”.

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