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Carmena se ‘carga’ una línea de ayudas a familias con escasos recursos

Carmena se ‘carga’ una línea de ayudas a familias con escasos recursos

El Ayuntamiento de Madrid no tiene entre sus prioridades las políticas de ayuda a las familias. El Gobierno de Manuela Carmena no ha convocado a tiempo una línea de ayudas a familias de escasos recursos dotada otros años en hasta 1,2 millones de euros.

El Consistorio de Manuela Carmena ha renunciado a una línea de ayudas a familias con escasos recursos de hasta 1,2 millones de euros al año. El Ayuntamiento llevaba a cabo cada año una iniciativa para colaborar en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a estas familias, pero, tras la edición de 2017, no se ha vuelto a convocar.

“Un Gobierno que presume de haber incrementado el gasto social en un 70%ha renunciado a la línea de subvención de ayudas a familias con escasos recursos para colaborar en sus gastos por vivienda habitual relacionados con el pago del IBI”, lamenta el grupo municipal del Partido Popular.

Fuentes consultadas por El Matinal explican que “a partir de 2018 esta línea de ayudas iba a ser competencia del área de Economía y Hacienda pero no ha hecho nada”. Los concejales ‘populares’ llevarán una pregunta sobre este tema a la última comisión del ramo del mandato, a la que tendrá que responder el concejal Jorge García Castaño.

En la web del Consistorio aparece aún publicada la convocatoria de 2017 de ‘Ayudas Sociales a vecinos con escasos recursos para colaborar en gastos por vivienda habitual’. En 2018 las ayudas no se han materializado y, por ahora, tampoco se han convocado para 2019.

Mientras el Gobierno de Ahora Madrid tiene mucha agilidad en dar subvenciones millonarias a entidades vinculadas a Podemos, estas ayudas a familias han caído en el olvido. Se trataba de una aportación de hasta 120 euros por vivienda para cubrir el IBI del año anterior. Como el presupuesto era de hasta 1.200.000 euros, la ayuda podía llegar a 10.000 familias madrileñas. En 2017, el plazo de solicitudes se cerró en junio y con dichas ayudas se financió el IBI de 2016 a casi 2.000 familias.

Los beneficiarios eran “personas físicas, titulares catastrales cuya vivienda habitual tenga valor catastral inferior o igual a 40.000 euros”. Viviendas más baratas de 17.000 euros accedían a la ayuda directamente. Las de valores catastrales entre 17.000 y 40.000 euros había otra condición, que los ingresos anuales de la unidad de convivencia fueran inferiores a: 12.000 euros para una o dos personas empadronadas en la vivienda, 16.719 euros para tres o cuatro personas empadronadas en la vivienda y 20.000 euros si están empadronados en la vivienda más de cuatro personas. Otro requisito era no ser titular catastral de ningún derecho de propiedad o usufructo en el municipio de Madrid y estar empadronado en la vivienda a 1 de enero de 2016.

Hasta 1,2 millones

La última edición se publicó en un decreto el 5 de mayo de 2017 de la delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. La unidad gestora era la Dirección General de Familia e Infancia. En todo caso, a partir de 2018 el encargado era Economía y Hacienda.

Entonces justificaban que “la precariedad e inestabilidad económica y laboral de muchas familias madrileñas provocan especiales dificultades en el afrontamiento de los gastos derivados de la vivienda principal, derivando en muchos casos en retraso o imposibilidad de pago de los mismos. La dignidad en las condiciones de vida de los vecinos de Madrid se relaciona, entre otros motivos, con la posibilidad de sostener y mantener con suficiencia los gastos imprescindibles y obligados de su vivienda habitual”.

“El Ayuntamiento de Madrid considera de especial interés contribuir a implementar una serie de ayudas para los colectivos con rentas más bajas. El importe destinado a esta convocatoria es de 1.000.000 euros pudiendo incrementarse como consecuencia de generación, ampliación o incorporación de crédito hasta un máximo de 200.000 € adicionales”, explicaban.

El Matinal se ha puesto en contacto con fuentes municipales del área de Economía y Hacienda que, por ahora, declinan hacer comentarios sobre esta cuestión.

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