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Cataluña es la avanzadilla de la «ley Celaá» que sepulta al castellano y la concertada

La lengua oficial no es vehicular en esta región desde los años 80 y la Generalitat nombra a dedo a los inspectores

Los tres aspectos de la nueva ley educativa, la llamada «ley Celaá», que más polémica han generado son la eliminación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza –el viernes se dio luz verde en el Congreso de los Diputados al dictamen que lo contempla-, la apuesta por reforzar la escuela pública en detrimento de la concertada, y la supresión del examen de oposición al cuerpo de inspectores educativos. Todo ello, según denuncia la comunidad educativa, va a dar a las autonomías «carta blanca para el enchufismo». Y todo ello lleva muchos años siendo una realidad en Cataluña, la «avanzadilla» de esta ley y la que ha marcado la deriva de la reforma educativa del país.

Esta comunidad ha funcionado de facto como el banco de pruebas de la controvertida norma estatal impulsada ahora por el Gobierno de PSOE-Podemos y sus socios parlamentarios. La inmersión lingüística, que arrancó en los años ochenta y quedó definitivamente blindada con la Ley Educativa de Cataluña (LEC) en 2009, desterró al castellano de las aulas y desde hace años la lengua oficial del Estado ya no es vehicular en la enseñanza. El Govern la ha arrinconado pese a que un reguero de sentencias judiciales firmes le obligan a aumentar su presencia en el currículo de los alumnos catalanes.

Entidades de defensa del bilingüismo que llevan años de activismo en Cataluña saben que la ley acuñada por Isabel Celaá «va a complicar la lucha en los tribunales», aunque no están dispuestas «a tirar la toalla». «La solicitud de la escolarización bilingüe continúa siendo posible a pesar de la eliminación del castellano como lengua vehicular en la “ley Celaá”», señala la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ha puesto en marcha una campaña de captación de socios para reforzar la ofensiva en defensa de la lengua del Estado. Convivencia Cívica Catalana (CCC), otra de las asociaciones que pelea por preservar el castellano en la región, ha enviado una carta a los presidentes autonómicos en la que les pide que defiendan la lengua del Estado con la ley en la mano.

«Presa a abatir»

Lo cierto es que el escenario cambiará bien poco con la nueva ley. «El castellano lleva años desaparecido de las aulas en Cataluña», apuntan portavoces de CCC. La escuela concertada, otra de las grandes damnificadas por la nueva ley de los socialistas, lleva también tiempo marginada en Cataluña. Arropada en las etapas de gobierno de CiU, en los últimos años, primero con el tripartito y ahora con ERC al frente de la Consejería de Educación, la red de escuelas concertadas se ha convertido en la «presa a abatir». El pasado mes de febrero, el departamento que dirige Josep Bargalló (ERC), presentó un decreto que supone el preludio o avanzadilla de lo que ahora plantea la ley estatal.

La normativa, que ya ha sido bendecida por el Consejo Escolar y se aprobará antes de final de año, resta al sector concertado su capacidad de planificar la oferta, un aspecto «capital» para su supervivencia. Deja en manos de las administraciones educativas la programación de la oferta educativa de modo que garantice «la existencia de plazas públicas» sin aludir a las concertadas.

El decreto fue diseñado, según arguye la Generalitat, para combatir la segregación escolar y garantizar un mejor reparto del alumnado de contextos socioeconómicos desfavorecidos, aunque al «eliminar la demanda social» y dejar exclusivamente en manos de la administración el reparto de alumnado, «pone en peligro la supervivencia de la concertada» y ataca, al igual que la ley estatal que ahora tramita el Congreso «la libertad de elección de las familias». La nueva norma catalana que será aprobada antes de dos meses pone también fin a la subvención pública a las escuelas que separan por sexo.

«Afecta al derecho de las madres y padres de elegir para sus hijos la educación que sea conforme a sus convicciones», denuncian desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres (Fapel).

De hecho, en la última renovación de los conciertos en la Educación Primaria, la Generalitat dejó ya fuera a las once escuelas de educación diferenciada, aunque les concedió una prórroga de un año antes de perder la subvención para que los padres busquen alternativas de escolarización.

Las asociaciones de padres del sector recurrieron ante los tribunales la exclusión de estos centros. «Si les retira el concierto el consejero incumplirá el artículo 84 de la LOE e incurrirá en un delito de prevaricación, por lo que lo tenemos ganado en los tribunales», señala a ABC el presidente de Fapel, Josep Manuel Prats. El Govern ultima, además, un segundo decreto que apunta a la escuela concertada, el que regula, entre otras cosas, las condiciones para acceder al concierto y los requisitos para renovarlo.

La nueva normativa pretende dejar sin subvención pública a los centros que cobran cuotas excesivas a las familias o no cumplen con las necesidades de escolarización fijadas en la programación de la oferta educativa, informan a ABC fuentes del sector.

Por último, la «ley Celaá» prevé eliminar el examen de oposición al cuerpo de inspectores educativos, lo que, a juicio del sindicato Usie (Unión Sindical de Inspectores de Educación), abre la «puerta al enchufismo» en la profesión y «sepulta definitivamente el acceso al cuerpo en igualdad de condiciones». En Cataluña, tal como denunció ABC el 19 de octubre de 2017, eso ocurre desde hace años. La razón: su propia estructura profesional. En esta comunidad, durante muchos años, ocho de cada diez inspectores -en la actualidad un 65%- no han accedido al puesto por un concurso de oposición, sino que son funcionarios docentes seleccionados por la Generalitat en comisión de servicios. Son los denominados «inspectores accidentales», profesionales en régimen de interinidad renovados anualmente por la administración autonómica.

En comisión de servicios

Los aspirantes a inspector que no han optado a la plaza por oposición se someten a la evaluación de un tribunal, integrado por inspectores, que les realizan, primero un test, y después, si se supera esta primera fase, una entrevista personal. Un año después, son reevaluados para confirmar o no su continuidad en el cargo, lo que hace que sea en última instancia el Govern quien los elija.

«Los inspectores son personas sometidas a presiones para que no denuncien los casos de adoctrinamiento o el incumplimiento del castellano», apuntan a este diario fuentes sindicales. «La Generalitat ha logrado su objetivo de tener un cuerpo propio de inspectores nombrado a dedo para materializar sus planes en la enseñanza», añaden. El castellano ya es historia en Cataluña y la escuela concertada, blanco de los partidos nacionalistas de izquierda, lleva años en la cuerda floja.

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