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Desmontando las mentiras de Podemos sobre el precio de la luz

UP y sus ministros mienten con los «beneficios caídos del cielo». Solo una persona que vive de los impuestos caídos del contribuyente puede usar semejante argumento

Llega un temporal de frío y se dispara la demagogia populista con el precio de la luz. Ante la ristra de mentiras que se repiten constantemente, hay que recordar la realidad. Podemos y sus ministros mienten con los «beneficios caídos del cielo». Solo una persona que vive de los impuestos caídos del contribuyente puede usar semejante argumento. Todos los sistemas eléctricos de la Unión Europea y la inmensa mayoría en el mundo son marginalistas. No es un sistema marginalista porque lo decida el PP o el PSOE como dicen los populistas, sino por aplicación de la normativa europea de funcionamiento del mercado interior de electricidad.

Un mercado marginalista no es un chollo para los productores que les permite vender energía

barata a precios caros. Es la manera que más beneficia a los consumidores de mejorar la eficiencia de los procesos de dichos productores. Por eso el sistema marginalista ha hecho que el precio medio del mercado mayorista en estos dos años haya caído más de un 30% a pesar de un aumento del 640% del precio de los derechos de emisión de CO2, que es un impuesto implementado por los Estados de la Unión Europea, que además limitan la oferta por decreto e imponen un precio mínimo. El Estado español recauda unos 1.000 millones de euros anuales por este concepto.

Gracias a un sistema marginalista hemos tenido un precio medio de la luz en el mercado mayorista de €41 euros/MWh desde 1998 y de €46/MWh desde 2007. El populismo demagógico se rasga las vestiduras cuando el precio mayorista sube, pero se calla cuando baja. El 28 de diciembre, por ejemplo, el precio mayorista se desplomó a €28/MWh y ninguno de ellos alabó el efecto de la competencia en el mercado a pesar del aumento de costes de CO2. Ningún populista dijo una sola palabra sobre el precio de la luz mayorista cuando ha caído un 30% en dos años. A cierre de este artículo el precio medio al que contratan los comercializadores en España es menor al de Italia, Reino Unido y Alemania y no solo a corto plazo, sino a futuro, 2022 y 2023.

Argumentan que las centrales nucleares e hidráulicas ganan ingentes cantidades de dinero cuando están totalmente amortizadas y no tienen coste. Es una falacia enorme que ignora las inversiones anuales en seguridad, mantenimiento, costes fijos y, además, impuestos específicos. La energía hidráulica y la nuclear tienen un impuesto que ha llevado a que las nucleares den pérdidas netas en 2016, 2017, 2018 y 2019, y el activo en explotación pendiente de amortizar es de 7.000 millones de euros, y las tasas e impuestos a la nuclear suponen en 2020 un 60% de los ingresos. Como anécdota, las eléctricas han tenido que pagar cuarteles de la Guardia Civil en todas las centrales nucleares.

Esos mismos populistas querían acabar con la energía térmica y la nuclear sin un periodo de transición competitivo. En esta ola de frío, con la energía solar prácticamente parada y la eólica funcionando al 17%, nos habríamos encontrado con cortes de suministro generalizados y un precio multiplicado. Eso es lo que el populismo no dice. Lo importante que es tener un mix energético diversificado, con energías de base y con respaldo de gas natural. La transición energética solo se puede hacer desde la seguridad de suministro y la eficiencia, no de la ideología. Un mix con más renovables es más volátil y necesita gas natural, hidráulica y nuclear como respaldo.

¿Por qué sabemos que sería peor con una empresa pública? Primero, porque en los países europeos donde la principal eléctrica es pública el precio ha subido entre un 30% y un 50% en la ola de frio. Mienten también cuando dicen que en España el mercado está controlado por tres empresas. Todos los países de Europa tienen una o dos grandes eléctricas porque son las que pueden acometer las enormes inversiones. De hecho, España es uno de los países de la Eurozona con menor concentración de mercado eléctrico. Cuando el sector eléctrico en España estaba nacionalizado la constante eran los cortes de luz y subidas por encima de la media europea. Las ineficiencias de las empresas públicas se pagan con más impuestos.

Esta subida de precios puntual solo afecta a los consumidores que están en la tarifa regulada del Gobierno, que solamente existe en España dentro de la Unión Europea y que es la única tarifa regulada que indexa los precios que pagan los consumidores a la volatilidad del mercado. Más del 50% de los consumidores, unos 16 millones en España, no verán ningún impacto en su tarifa acordada con los comercializadores.

¿Qué es lo que esconde el populismo en su demagogia? Que el mayor beneficiado de la subida de la luz es el Estado. La tarifa eléctrica en España es más de un 60% impuestos y cargas decididas por el Gobierno, incluyendo subvenciones. Por eso se hizo desde el comité de expertos creado por el Gobierno de Rajoy una propuesta para repartir las cargas entre todos los sectores energéticos, que se ha incorporado al Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que ha promovido la ministra Ribera.

El Estado recaudará más de 1.000 millones de euros en 2020 por la venta de derechos de CO2. Cuando el populismo acusa al «mercado» de la subida de precios, no olviden la subida mencionada. En la tarifa pagamos un impuesto eléctrico que es un 4,8% de la potencia contratada más la energía consumida y multiplicado por 1,05. La tarifa tiene además un 21% de IVA que el Gobierno se niega a bajar argumentando que lo impide Bruselas cuando en Alemania es de un 19%, en Italia un 10%, Portugal un 6% y Francia un 5,5%. Otro cuento como el del IVA de las mascarillas.

En una tarifa donde 27 de cada 100 euros son impuestos, el Gobierno puede reducir la carga de los ciudadanos cuando lo desee. El Gobierno no baja los impuestos a la electricidad porque la tarifa eléctrica es una máquina de recaudar a un consumidor cautivo que no puede evitar ese hachazo. Destruir el mercado marginalista como propone Podemos y con ello inversión, empleo y eficiencia, no reduciría ni seis euros una tarifa de 100 euros. Bajar el IVA y el impuesto eléctrico, además de repartir las cargas como sugiere el Fondo de Sostenibilidad, la reduciría en más de 14 euros. Los populistas no buscan precios más bajos, sino adueñarse de lo que puedan.

Daniel Lacalle es economista jefe de Tressis

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