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El Gobierno pacta con ERC suprimir de la ley que el español sea lengua vehicular en la enseñanza

Marcos Ondarra

La enmienda se enmarca dentro de la ‘ley Celaá’, que incluye otras medidas polémicas como suprimir el límite de suspensos para pasar de curso.

El Gobierno de España, conformado por PSOE y Unidas Podemos, ha pactado con ERC suprimir el castellano como lengua vehicular de la enseñanza. Esta medida se ha incluido en la ley Celáa con la que se quiere derogar la Ley Wert.

La enmienda se votará este jueves en el Congreso, cuando tenga lugar la ponencia de la Lomloe constituida en el Congreso. Entonces, los proponentes defenderán que se elimine la redacción original de la ley aprobada por el Partido Popular, que rezaba: “El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares”.

El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez la cambiará por otra más ambigua, según ha adelantado El País. Todo ello en aras de satisfacer a los separatistas ahora que Moncloa quiere asegurarse su voto favorable de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Esto, a pesar de que los tribunales llevan desde 2014 exigiendo que se cumpla el mínimo obligatorio de 25% de horas lectivas en castellano. Un mínimo legal que, según ha denunciado ahora la catalana Ana Losada ante el Parlamento Europeo, no se cumple en ningún centro de Cataluña.

De hecho, esta decisión de blindar la inmersión lingüística llega justo cuando la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha accedido a investigar la discriminación del castellano en los colegios catalanes. La Eurocámara remitirá una carta al Ministerio de Educación que dirige Isabel Celaá y estudiará el envío de una misión de europarlamentarios para valorar in situ la situación de los alumnos castellanohablantes en Cataluña.

Todo ello gracias a los sucesivos testimonios e informes que Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, ha aportado al máximo organismo de la Unión Europea desde finales de 2017 y que demuestran que ninguna escuela en Cataluña imparte “el mínimo legal del 25% de horas en castellano”.

La afirmación de Losada está basada en el contundente informe de AEB sobre los proyectos lingüísticos de 2.214 centros, que confirma la exclusión del español en la escuela catalana. Ahora, ha pedido al Parlamento Europeo que tome medidas ante lo que considera una vulneración de los Tratados de la Unión y de la Carta de Derechos Fundamentales.

“Ese estudio demuestra que se incumple la Constitución, que el mínimo del 25% de las clases en castellano no se cumple. La Generalitat ha estado diciendo durante muchos años que al menos un 40% de los centros tenía una o dos asignaturas en castellano. Hemos demostrado ante Europa que eso es totalmente mentira”, ha contado Losada a EL ESPAÑOL.

La ‘Ley Celaá’ y sus polémicas

La ley Celaá es el nombre popular con el que se conoce el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE). Una propuesta impulsada por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y que aún debe pasar por el Congreso para enfrentarse a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos.

A las duras críticas de estos tres partidos políticos se unen las de la sociedad civil y, especialmente, la comunidad educativa. Y es que la ley que pretende derogar la LOMCE o Ley Wert está cargada de medidas polémicas. La última, la supresión del español como lengua vehicular en Cataluña.

Llueve sobre mojado. Precisamente, una de las críticas más repetidas a la hora de censurar esta ley es que deja desprotegido al español en las escuelas catalanas. La norma no sólo elimina el poder de la Alta Inspección para velar por la enseñanza de esta lengua en toda España, sino que también deja en manos de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales -como Cataluña- el objetivo de asegurar que todos sus alumnos reciban o no enseñanza en castellano.

El texto reconoce al castellano como “lengua oficial del Estado”. E indica que, al concluir la educación obligatoria, todos los alumnos “deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua oficial correspondiente”, siendo las comunidades autónomas las que “aplicarán los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo y promoverán la realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice que todos los alumnos alcanzan la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, en el grado requerido”.

Pero no se trata de la única medida polémica acordada por PSOE, Unidas Podemos y ERC. La semana pasada, las tres formaciones se pusieron de acuerdo para ampliar la ley Celaá, rebajando la exigencia académica para que los estudiantes de la ESO puedan pasar de curso sin límite de suspensos.

Ahora, cuando un alumno reprueba tres asignaturas, debe repetir. Esto no debería ser así para Esquerra, impulsora de la propuesta. Según los independentistas catalanes, es “anticuado” medir la evolución del alumno en base a sus suspensos. Por ello, los socialistas han apoyado que sean los profesores quienes decidan sobre cada caso atendiendo al “esfuerzo”.

“Los alumnos promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se estima que tiene expectativas favorables de recuperación”, sostiene la transaccional aprobada este pasado miércoles por PSOE, Podemos y ERC.

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