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El juez investiga a las empresas de Monedero, y a Mayoral por pagos a una sociedad de Podemos

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Alberto D. Prieto 

El auto de diligencias previas reclama al Registro los datos de toda empresa en la que esté el fundador y examinar la “caja de Solidaridad” del partido.

El juez de Instrucción del 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que ha imputado a Podemos como persona jurídica, a su gerente, a su tesorero y al secretario de Comunicación del partido, ha ordenado hasta 19 diligencias más en el auto, al que ha tenido acceso este periódico.

Según el texto, el juez tendría ya muy claros los indicios de ilegalidad en las conductas de las personas a las que cita como investigadas, ya que imputa a la misma vez que el caso da sus primeros pasos.

Esta es la razón que aducen las fuentes consultadas en Podemos para calificarlo de “operación para derribar al Gobierno” a través de una investigación de “prospectiva, a ver qué pilla”. Y por la que recuerdan que “ese tipo de acciones judiciales no son legales en España”.

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Pero el caso es que Escalonilla ya ha puesto sus miras en Juan Carlos Monedero, ideólogo y fundador del partido, y en Rafa Mayoral, a quien no cita en el auto, pero de quien sospecha que estuvo detrás de al menos un pago de 50.000 euros a una sociedad vinculada con Podemos.

19 diligencias en 24 horas

El auto fue redactado el pasado 30 de julio, sólo un día después de la declaración judicial de José Manuel Calvente para ratificar su denuncia por presunta malversación y administración desleal. La supuesta caja B de Podemos habría servido para ocultar movimientos de dinero a la cooperativa Kinema, controlada por Mayoral, y a la consultora Neurona, relacionada con Monedero, por supuestos trabajos durante las campañas electorales de 2019.

Las fuentes consultadas en Podemos alegan que “todos esos trabajos efectivamente se realizaron” y que ya fueron aportados al Tribunal de Cuentas cuando le fueron requeridas estas pruebas. Esta misma institución emitió un informe desfavorable la semana pasada contra Podemos por sus manejos en las cuentas electorales de 2019. Fuentes del partido admiten que quisieron “incluir como gastos electorales algunas partidas que no fueron aceptadas y se subsanará”.

Al habla con este periódico, Monedero niega toda relación con Neurona. “Simplemente, he colaborado con ellos en un trabajo académico, junto con otros expertos”, asegura el fundador de Podemos. Sin embargo, el juez quiere saber todas alas empresas relacionadas con él, y libra un mandamiento al Registro Mercantil Central “a los efectos de que informe sobre las sociedades mercantiles en cuyos órganos de dirección se encuentre” Monedero.

‘Caja B’ o “de Solidaridad”

Mayoral, por su parte, en una entrevista en la Cadena Ser, alega que “Calvente sólo ha aportado suposiciones, ni siquiera un indicio“, sugiriendo que el juez actúa contra ellos “sin respetar los más mínimos procedimientos democráticos”.

Pero lo más sorprendente, según el portavoz del partido y diputado, “es que ha desaparecido del juzgado gran parte de su declaración, y curiosamente son las preguntas donde la defensa y la Fiscalía desmontaban sus argumentos”.

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Lo cierto es que Mayoral no será citado por Escalonilla. Su condición de diputado desviaría el caso directamente al Tribunal Supremo en caso de ser imputado. De ahí que su nombre ni siquiera aparezca en el auto.

Sin embargo, él como secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, era el custodio de “esa Caja de solidaridad que quieren confundir con una Caja B. Y que constaría un pago de 50.000 euros a una sociedad llamada #404 Comunicación Popular cuya vinculación al partido sería directa, según la denuncia, ya que está controlada por Christian Navarro, actual responsable de Acción Institucional de Podemos.

Despido de Calvente

El denunciante, Calvente, tiene todos estos supuestos conocimientos porque era coordinador del equipo jurídico y de Transparencia de Podemos hasta su despido el pasado mes de diciembre. Las circunstancias de su salida del partido fueron escandalosas, pues la dirección de Podemos alegó un despido procedente por causas de acoso laboral y sexual a una subordinada.

La querella de la afectada, Marta Flor Núñez -a la sazón, abogada de Dina Bousselham y, hasta hace un mes de Pablo Iglesias, en la pieza Dina del caso Tándem que investiga las “cloacas” de Villarejo– fue archivada hace dos semanas. El mismo día en que Calvente se ratificaba ante el juez Escalonilla supo que la instructora desestimaba las acusaciones de Núñez y de Podemos contra él.

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Las fuentes consultadas en el partido de Pablo Iglesias acusan al exabogado de tener un ánimo vengativo y de “estar dispuesto a echar mierda sin pruebas” contra ellos. Pero lo cierto es que el juez ha apretado el acelerador de las diligencias. Contra el titular del 42 de Instrucción también arremeten dentro del partido de gobierno, apuntando a que ha incluido a Vox como acusación popular “y eso ya es una declaración de intenciones”.

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