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El peculiar alegato del juez para archivar el ‘Delcygate’ y salvar a Ábalos: «Delcy no quería entrar a España»

El magistrado estima que la intención de ingresar al país es necesaria para considerar la existencia de una posible infracción o delito

José Luis Ábalos respira un poco más tranquilo tras saber que el juzgado de Instrucción 31 de Madrid archivó la investigación del ‘Delcygate’.

La noticia, beneficiosa para el ministro de Transportes y para el régimen chavista, llega tras la presión de la Fiscalía, en manos de la exministra socialista Dolores Delgado).

A través de un informe, el Ministerio Fiscal solicitó el 27 de octubre que se desestimen los recursos contra el ministro de Transportes. Una práctica que volvió a repetir el 29 de octubre a través de la Fiscalía Provincial de Madrid para pedir que se archive la investigación que lleva a cabo contra varios funcionarios que acompañaron a Ábalos.

Siguiendo la petición de la Fiscalía, el juez Antonio Serrano-Arnal archivó la causa. Sin embargo, un peculiar alegato salió a la luz.

Como indica Vozpópuli, el magistrado alegó en su auto que Delcy Rodríguez no mostró intención de entrar en España. Para el juez se trata de un requisito esencial para considerar la existencia de una posible irregularidad en tono a la reunión secreta entre Ábalos y la ‘número dos’ del régimen chavista.

«En todo momento permaneció en la zona de tránsito internacional ya que no consta indicio alguno de que intentase acceder al territorio nacional, requisito impuesto por el artículo 6 de la Decisión PESC 2017/2074″, dice el auto en alusión a la prohibición que pesa sobre la dirigente bolivariana por las sanciones de la UE que la acusan de violar los Derechos Humanos en Venezuela.

«A mayor abundamiento, tanto el término entrada como el término tránsito utilizados en la redacción de la norma comunitaria contienen la expresión de la intención y la voluntad de entrar de forma consciente y querida en el territorio español y/o transitar por él», insiste el juez.

«No se puede deducir del mero tránsito por las zonas de conexión de vuelos de un aeropuerto, aunque se hubiere producido una desviación en la ruta seguida y traspasado esos escasos metros del territorio Schengen, alojándose en su caso, en estancias al efecto dispuestas para la espera del vuelo de enlace a destino», agrega el auto publicado por Vozpópuli.

El Supremo

El ‘Delcygate’ también está en el Supremo por las querellas presentadas por VOX y Laócratas contra Ábalos por un presunto delito de prevaricación, dado que en su calidad de ministro es aforado ante este tribunal.

Una investigación que Dolores Delgado también quiere paralizar.

Desde la Fiscalía recomiendan al Supremo ‘mandar al olvido’ los procesos iniciados por VOX y el Partido Laócrata contra Ábalos por un presunto delito de prevaricación, pero también recomienda al Tribunal la declaración de competencia de la Sala Segunda y la inadmisión de las querellas acumuladas.

Es decir, acabar con cualquier proceso que pueda resultar incómodo o peligroso para la permanencia en el cargo del ministro de Transportes.

Para justificar su decisión, la Fiscalía apunta a que «no existiendo indicios suficientes de que los hechos sean constitutivos de delito de prevaricación, así como su participación en los mismos, se inadmita a trámite la querella y se decrete el archivo de las actuaciones».

Es importante recordar que las querellas atribuyen a Ábalos haber prestado autorización para que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, «atravesara el espacio aéreo español y aterrizara en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras», pese a que «tenía prohibida su estancia y tránsito por el espacio europeo».

La Fiscalía presiona

Lejos de reconocer que la ‘número dos’ del chavismo entró en espacio aéreo español, piso suelo nacional y hasta pudo dejar un gran número de maletas repletas de dinero y oro sin pasar los controles de seguridad, desde la Fiscalía atribuyen todas las acusaciones a unos ‘rumores’.

En este sentido, el informe de la Fiscalía señala que las querellas están «basadas exclusivamente en artículos de prensa» y en la «declaración notarial» de un trabajador que ni siquiera especifica su puesto de trabajo, todo ello sin concretar mínimamente la participación del querellado en los hechos imputados».

Como si fuera poco, la Fiscalía también apuntó su artillería contra el delito por el que se pide investigar al ministro socialista.

En relación con el delito de prevaricación, desde el Ministerio Fiscal se indica que «pese a la naturaleza de este delito, los querellantes, al margen de sus opiniones y sospechas, no concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria dictada por el querellado, ni cuáles son los indicios de participación del querellado en la decisión que cuestionan desconociéndose incluso quién la tomó, ni mucho menos las razones de la misma, defecto de especial trascendencia dado que el delito de prevaricación se reserva para sancionar supuestos límite, en los que la actuación administrativa no sólo es ilegal, sino además injusta y arbitraria», de modo que «de las querellas no se evidencia ni el dictado de una resolución administrativa, ni mucho menos su injusticia y arbitrariedad».

La UE exige una investigación

La Unión Europea no se olvida del polémico encuentro entre José Luis Ábalos y Delcy Rodríguez.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en manos de Dolors Montserrat, anunció que enviará una carta a la Comisión Europea para investigar el ‘Delcygate’ y cómo ocurrió la visita de la ‘número dos’ del régimen chavista al Aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez pese a tener sanciones europeas.

La presidenta de ese comité parlamentario especificó que “enviaremos una carta a la Comisión Europea que, como guardiana de los tratados, es competente para asegurar por tanto el cumplimiento del Derecho de la Unión».

No se trata de la única medida que pone contra las cuerdas al Gobierno del Pedro Sánchez, ya que también se solicitará información a la Presidencia alemana del Consejo para que haga lo propio y al Gobierno español.

En concreto, la Comisión de Peticiones se dirigirá al Gobierno español para conocer su posición sobre este caso y para saber qué medidas adoptó para evitar la entrada en el territorio español, y por tanto comunitario, de una persona como Delcy Rodriguez sobre la que pesaba una prohibición expresa al respecto.

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