Portada » El rastro de sangre de los etarras acercados por Sánchez al País Vasco
Actualidad

El rastro de sangre de los etarras acercados por Sánchez al País Vasco

Los terroristas trasladados por el Gobierno acumulan más de 90 asesinatos

Los acercamientos al País Vasco y las concesiones del tercer grado a más de la mitad de los presos etarras, 105 en total desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, que dejaron más de 90 asesinatos –91, si no hay error u omisión en el cálculo–, ha coincidido con acuerdos del Gobierno con EH-Bildu, heredera de Batasuna, organización política ilegalizada en su día por formar parte del entramado terrorista. El primero de ellos fue el apoyo de los de Otegui a la moción de censura a Rajoy; el último, el jueves con motivo del voto a favor de los proetarras a los presupuestos, lo que les convierte de hecho en aliados preferentes del Ejecutivo. Y entre medias, el

 permiso de los bildautarras para que María Chivite gobierne en Navarra. De momento.

El Ejecutivo niega que el precio sea esa política de acercamiento de presos. Formalmente el argumento es impecable, pues la legislación vigente avala los movimientos, en cuanto a que los reclusos deben cumplir condena lo más cerca de su lugar de arraigo; muchas víctimas, sin embargo, lo viven como la traición de Sánchez por mantenerse en el poder. La oposición, coincide.

Pero más allá de explicaciones de unos y análisis de los otros, los datos dan una idea exacta de la situación. Como criterio a la hora de contabilizar, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias considera que solo son acercamientos en sentido estricto aquellos que se han producido a cárceles del País Vasco –a los Centros de Inserción Social de esa comunidad les corresponde el control de los terceros grados– y a las prisiones de Zuera y Daroca (Zaragoza); Soria, El Dueso (Cantabria), Burgos y Logroño.

Durante el Gobierno de Aznar, entre 1996 y 2004, se acercó a 425 terroristas, pero fue en ocho años, la población reclusa era mayor y los beneficiados no tenían delitos de sangre

Con esta forma de contabilizar, los acercamientos del Gobierno son 68, cuando la población reclusa etarra es de 197 individuos; por tanto, se ha beneficiado un 35 por ciento. Si se tiene en cuenta el total de movimientos, aunque sean menos ambiciosos, ha habido 105, un 53 por ciento del total. De estos, una veintena han sido condenados por delitos de sangre.

Ni uno solo de los presos que se han beneficiado de las medidas del Gobierno ha colaborado para resolver los 378 asesinatos que quedan sin esclarecer. Habrán pedido perdón por el daño causado, aceptarán la legalidad penitenciaria, pero no tienen el mínimo rasgo de humanidad para acabar con la incertidumbre y la angustia de esas familias que llevan muchos años esperando a saber quién mató a su ser querido y a que paguen los culpables. Es más; hasta ahora solo Juan Manuel Soares Gamboa ha colaborado en la resolución de crímenes, lo que hace dudar de si el arrepentimiento es real.

Los acercamientos de etarras al País Vasco no han sido exclusivos de este gobierno. Entre 1996 y 2004, con José María Aznar, hubo 425, aunque entonces la población reclusa etarra era mucho mayor, así como el número de años en que se hizo; y, salvo los arrepentidos como el ya citado Soares Gamboa, ninguno tenía delitos de sangre. Entre 2004 y 2011 José Luis Rodríguez Zapatero hizo lo mismo con 237 y Mariano Rajoy apenas llegó a 40, siempre según datos de Prisiones.

237 con Zapatero. Entre 2004 y 2011 el Gobierno hizo esos movimientos, pero el ritmo fue mucho menor que el actual y se evitó beneficiar a etarras sanguinarios

El anterior presidente del Gobierno fue el más restrictivo, en línea con su promesa de máxima firmeza con la que llegó a la Moncloa. En términos cuantitativos y cualitativos; es decir, si se tiene en cuenta el perfil de los beneficiados, sin duda es el actual Ejecutivo es el más proclive a decisiones de este tipo, sin que sea determinante su historial. Así lo demuestran los casos de José María Aguirre Erostarbe, Fiti, miembro del colectivo Artapalo que ordenó una de las mayores ofensivas criminales de la historia de la banda y con 15 asesinatos a sus espaldas; o el de Juan Jesús Narváez Goñi, Pajas, que junto con José Luis Urrusolo Sistiaga formó uno de los tándem más letales de ETA. O el de Antonio Troitiño, con 22 víctimas mortales.

Una radiografía más a fondo de la distribución de los presos de la banda ofrece alguna sorpresa. Por ejemplo, a pesar de esos acercamientos Andalucía concentra el 21 por ciento de los presos etarras, muy por encima del resto, incluido el País Vasco. Le sigue la Comunidad Valenciana, con un 12 por ciento, y Castilla y León, que exceptuando a Soria y Burgos según el criterio antes explicado tendría un 10,6. Madrid se situaría inmediatamente después, con un 8,6, exactamente el mismo porcentaje que la comunidad vasca.

A pesar de que cuando llegó al poder ETA ya había sido derrotada, en sus siete años de Gobierno la firmeza presidió la política penitenciaria de Rajoy y acercó a 40 terroristas

Las fuentes de Prisiones consultadas por ABC insisten en que ningún traslado o concesión de tercer grado se hace por iniciativa de la Secretaría General, sino a instancia de las juntas de tratamiento de cada centro penitenciario. Es decir, «en absoluto se trata de movimientos caprichosos o arbitrarios, cada caso se analiza de forma minuciosa y solo entonces se toma una decisión». Además, estas fuentes insisten en que las víctimas son informadas a través de sus asociaciones con antelación suficiente para que puedan explicar a los directamente afectados las razones de la decisión y se recibe a las que lo piden.

En principio, y como norma general, ningún etarra se beneficia de estos movimientos, si no muestran arrepentimiento o aceptan la legalidad penitenciaria. Hay excepciones, claro, pero tienen que ver con circunstancias extraordinarias como pueden ser el estado de salud o alguna otra, de las que no se informa porque afectan a la intimidad de las personas.

Hay en este grupo casos como el de un interno que fue marginado por el llamado Colectivo de Presos Vascos (EPPK en su acrónimo en euskera) después de que se separara de su mujer. A partir de entonces apenas recibía visitas de su hijo, y su hermana, que era la encargada de llevárselo en alguna ocasión, sufrió un ictus. Su madre además estaba en situación terminal… El terrorista cayó en una profunda depresión. No pidió perdón, pero sí se desvinculó de la banda. Analizados los pros y los contras, Prisiones decidió trasladarlo al País Vasco.

Desde junio de 2018 Sánchez ha apostado por el acercamiento de presos al País Vasco y lleva 105, incluyendo a etarras sanguinarios y coincidiendo con sus pactos con Bildu

También se valoran los casos en los que el interno se desvincula de ETA y sus familiares sufren represalias del entorno proetarra, como no dejarles subir a los autobuses que se fletan para ir a ver a los terroristas a las cárceles. Si quien hace la visita tiene dificultades para poder ir a ver a su allegado por esas circunstancias, en ocasiones también se hace el acercamiento. Cada día más etarras se desmarcan de la banda, síntoma de descomposición.

El olvido y el relato

La edad es otro de los elementos que se tiene en cuenta. Así sucedió, por ejemplo, con Sebastián Echániz Alcorta, del comado Donosti, con siete asesinatos y que con 76 años fue acercado a una prisión del País Vasco. Había renunciado a la violencia, pero no ha pedido perdón.

El futuro, con el horizonte al fondo del próximo traspaso de la competencia de Prisiones al País Vasco, pasa por nuevos acercamientos, concesiones de terceros grados y excarcelaciones derivadas de que muchos etarras enfilan ya el último cuarto de su condena. ETA sin duda fue derrotada, pero el Gobierno –y buena parte de la sociedad– parece cómodo en el olvido y ni siquiera pelea con decisión porque al menos el relato lo hagan las víctimas, y no los verdugos.

Etiquetas
----