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El Supremo carga contra el Gobierno por favorecer a Oriol Junqueras

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El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, arremete contra la Abogacía y califica de “insólita” su tesis sobre Junqueras

El Tribunal Supremo reprocha a la Abogacía del Estado el “esfuerzo argumental” que hizo al defender que el líder de ERCOriol Junqueras, debía desplazarse al Parlamento Europeo para cumplimentar los trámites de eurodiputado pese a estar condenado por sentencia firme a 13 años de prisión e inhabilitación para cargo público.

Según sostiene la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena, presidente del tribunal del 1-O, es “insólito” y “atípico” que los servicios jurídicos del Gobierno quisieran que el Alto Tribunal “negociara” con el Parlamento Europeo “los términos de la libertad de movimientos a que podría acogerse Oriol Junqueras” tras el fallo de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que otorgó “inmunidad” al dirigente independentista.

El Tribunal, que concluye que Junqueras está inhabilitado para ser eurodiputado, afirma que la tesis defendida por la Abogacía, en plena negociación política del PSOE con ERC para lograr su abstención en la investidura de Pedro Sánchez previo gesto de la institución, “quiebra cuando, tras reconocer la inatacabilidad de la sentencia dictada por esta Sala, la abogada del Estado sugiere que deje sin ejecución el cumplimiento de la pena de prisión y negocie con el Parlamento Europeo los términos de la libertad de movimientos a que podría acogerse Oriol Junqueras”.

La Sala del procés califica esta pretensión de “inviable”, ya que lo que se deduce tras la petición cursada por la defensa del preso y también “de forma implícita por la Abogacía del Estado” es “una consulta al Parlamento Europeo con el fin de asegurar el equilibrio entre la libertad de movimientos que en su caso pueda requerir el ejercicio de las inmunidades reconocidas y la neutralización del riesgo de fuga”.

“La Sala no puede aceptar lo que la ley no permite aceptar”, responden los jueces al unísono a la abogada Rosa María Seoane y a Andreu Van der Eyden, abogado de Junqueras.

LA RESPUESTA A LA ABOGADA DEL ESTADO

El tribunal también subraya que Seoane condicionó la inmunidad y el ejercicio del cargo de europarlamentario del líder de ERC a la anulación de su mandato por parte de la Junta Electoral Central. Para el Supremo, esa anulación, que se produjo el pasado día 3, es “consecuencia del obligado efecto asociado a la condena de Junqueras, quien habría incurrido ope legis en causa de inelegibilidad” prevista en la Ley Electoral.

“Todos los argumentos expuestos por la Abogacía del Estado para justificar la libertad controlada o supervisada de Junqueras -en un insólito y atípico ejercicio de funciones concertadas entre esta Sala y el Parlamento Europeo- se subordinan a que la Junta Electoral Central no anule su nombramiento a raíz de la condena a la pena de 13 años de prisión e inhabilitación dictada en esta causa”.

Para el Tribunal, “el presupuesto determinante de la incompatibilidad” del presidente de ERC para ejercer cualquier cargo público “hay que situarlo en el dictado de nuestra sentencia de 14 de octubre de 2017”, a la que otorga plena “validez” y “eficacia”.

En dos autos, notificados este jueves a las partes, el Alto Tribunal rechazó excarcelar a Junqueras, así como concederle un permiso extraordinario para ir a Estrasburgo el lunes, al primer pleno de la Eurocámara de 2020, al entender que prevalece su condición de penado frente a la inmunidad de desplazamiento que le reconoció la Justicia europea.

“La realidad que ahora se proyecta sobre el recurrente no es la de un preso preventivo, sino la de un condenado que, por el sólo hecho de serlo, ha incurrido en una causa sobrevenida de inelegibilidad” e incompatibilidad para cargo público. También rehusó cursar un suplicatorio para solicitar al Parlamento Europeo que levantara la ansiada inmunidad.

“OBSTÁCULO LEGAL”

No obstante, la Sala reconoce que Junqueras adquirió la condición de eurodiputado el día 13 de junio de 2019, de acuerdo con la sentencia de Luxemburgo, pero añade que “procedía el mantenimiento de la prisión preventiva” para el dirigente independentista, ya que “no existe en el derecho europeo un precepto que dé cobertura a una forzada conversión de la inmunidad en una exención jurisdiccional que blinde de forma inexorable a un acusado frente a la sentencia que ha de poner término al procedimiento que le afecta”.

Los siete magistrados reconocen que gozó de una inmunidad de desplazamiento, pero “en ningún caso de inmunidad de jurisdicción”. Además, subrayan que “en el momento en el que Oriol Junqueras fue condenado a la pena de 13 años de prisión se convirtió, por ministerio de la ley, en inelegible. Y ese obstáculo legal para el ejercicio del derecho de representación proyecta sobre él una causa de incompatibilidad que le excluye del Parlamento Europeo”.

El tribunal deja claro que “quien participa en un proceso electoral cuando ya está siendo juzgado, aunque finalmente resulte electo, no goza de inmunidad conforme al derecho nacional. No puede condicionar el desenlace del proceso ni, menos aún, el dictado de la sentencia”.

Tampoco esconden los togados la sorpresa causada al haber cambiado el Tribunal de la UE el pasado 19 de diciembre la doctrina sobre cuándo adquieren la inmunidad los europarlamentarios. La Sala califica de “novedosa” y “compleja” la sentencia de Luxemburgo al optar por “una interpretación extensiva de la inmunidad de desplazamiento que protege al parlamentario europeo desde el momento mismo de su elección” y tener una “radical vocación de ruptura frente a la tradicional atribución de competencias a las autoridades nacionales en las elecciones”.

LESMES A SASSOLI

Tras notificarse dichos autos, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, comunicó este jueves al presidente de la Eurocámara, David Sassoli, que la Justicia española ya ha anulado el mandato del líder independentista al pesar sobre él una condena en firme.

De forma paralela, la Sala Tercera del Alto Tribunal rechazó la medida cautelarísima planteada por el líder de ERC contra el acuerdo de la Junta Electoral que lo había inhabilitado. “La prevalencia obligada a la jurisdicción del orden penal impiden a esta Sala adoptar decisiones que pudieran interferir en la ejecución de una sentencia penal firme o entorpecer la eficacia de sus pronunciamientos”, explicaron los magistrados en un auto ponencia de Jorge Rodríguez Zapata.

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