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Escándalo: Fiscalía quiere devolver a prisión a Junqueras y Pedro Sánchez lo impide ‘usando’ a Dolores Delgado

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Oriol Junqueras ha sido el último de los presos del ‘procés’ en acogerse a los beneficios que proporciona el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, pero la naturaleza del empleo que le permite la semilibertad está en revisión judicial. La Fiscalía estudia su contratación para comprobar si burla los términos de la condena de 13 años que le inhabilita para el ejercicio de cargo público.

La duda se encuentra en la naturaleza jurídica del organismo que le emplea. Convivencia Cívica presentó, al conocerse la decisión de la Junta de Tratamiento Penitenciario, una denuncia en la que cuestiona que la contratación se efectúa desde un organismo ligado al sector público catalán. La empleadora de Junqueras es la Fundación Balmes, encargada de gestionar la universidad. Desempeñar esta labor supone un delito de quebrantamiento de condena.

Fiscalía no solo estába estudiando ya el estatus de la fundación en relación con la denuncia sino también de cara a su próximo informe sobre la concesión del régimen especial. El fiscal se pronunciaría en contra, como ha venido haciendo con cada uno de los permisos especiales y atribuciones del 100.2 del resto de políticos presos catalanes. En su último informe, denunciaba la existencia de un plan «generalizado» para abrir la cárcel a los condenados del ‘procés’.

Pero fuentes de Justicia han asegurado a Periodista Digital que las indagaciones y pesquisas de la Fiscalía se han “detenido de golpe” por indicación directa de su jefa, Dolores Delgado. Una demanda por quebrantamiento de condena devolvería inmediatamente a la cárcel al exvicepresidente catalán con consecuencias políticas: saltaría por los aires no ya la aprobación de los Presupuestos sino también el pacto de legislatura con ERC. La fiscal general presiona al fiscal catalán a la petición directa de Pedro Sánchez, según las mismas fuentes.

El Ministerio Público, antes de dirigirlo Delgado, recordaba en un caso idéntico (con la exconsellera Irene Rigau) que el papel de asesora suponía el ejercicio de funciones de gobierno. «La condenada ha burlado los efectos de la pena impuesta asumiendo un cargo análogo a las funciones que tenía prohibidas» y defendía que la consecuencia inmediata debería ser que quedara sin efecto la liquidación de la pena, que debe así reiniciarse cuando se compruebe que ya no ejerce el cargo en cuestión. Su reclamación se atendió y la inhabilitación fue extendida en su caso.

El Supremo condenó a Junqueras a 13 años por sedición y malversación. Le otorgaba un papel de «liderazgo» y destacaba el «control» que ejerció en el proceso de creación legislativa y reglamentaria del referéndum ilegal.

Además de la cárcel, determinó que debía quedar apartado del ejercicio público por el mismo plazo. Impuso una pena de inhabilitación absoluta que supone la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos. Produce, además, la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público durante la condena.

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