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Investigan el traspaso de bienes entre un matrimonio del ‘caso Morodo’

LILIANA OCHOA

El magistrado ha requerido al Juzgado de Primera Instancia número 22 de Madrid la sentencia de divorcio de Carlos Prada (socio del cargo de PDVSA que firmó los contratos con el hijo del exembajador) y Marisol Valera para esclarecer los “cambios de titularidad de bienes habidos” a favor de ella

El juez del caso Morodo ha puesto la lupa en el cambio de titularidad de bienes y posterior divorcio de dos de los venezolanos investigados en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el exembajador de España Raúl Morodo. Lo ha hecho a petición de la Fiscalía, que ha solicitado “esclarecer” los traspasos a Marisol Valera por parte Carlos Prada, quien fuera socio del cargo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) que firmó los contratos con Alejo Morodo.

Según consta en una providencia de 9 de junio a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado Santiago Pedraz ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia número 22 de Madrid que “aporte testimonio de la sentencia de divorcio de fecha 13 de julio de 2018” entre Prada y Valera.

El ministerio público sostiene que Prada se benefició -a través de sus mercantiles- de fondos procedentes de la estatal del gobierno bolivariano. En la querella que dio origen a la investigación, apunta que el venezolano canalizó dicho dinero “mediante la utilización de distintas sociedades instrumentales y cuentas bancarias abiertas en diversas entidades españolas”.

La fiscal asegura que el entramado societario que Prada armó junto a Juan Carlos Márquez -excargo de PDVSA que fue hallado muerto en plena investigación- permitió el “afloramiento” de su pareja, Marisol Valera, “mediante la adquisición de numerosos inmuebles y fondos de inversión. Según consta en la querella inicial, ella también habrían participado en las actividades que se llevaron a cabo para canalizar los “fondos no justificados” provenientes de la petrolera venezolana. A ambos se les atribuyen presuntos delitos de blanqueo de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Patrimonio bajo sospecha

En enero de 2019, la Fiscalía avisó al juez de los inmuebles adquiridos por Prada cuyos fondos se encontraban bajo sospecha en la investigación. Hizo especial hincapié en uno ubicado en Ciudad Lineal, en Madrid. Este fue adquirido por el venezolano en 2014 por 720.000 euros. Según la Agencia Tributaria, en noviembre de 2018 -en pleno trámite de divorcio- Prada vendió dicho inmueble a Valera por un importe de 980.000 euros. Los agentes de la Inspección sugieren “investigar el origen de los fondos”.

El ministerio público también tiene bajo sospecha un inmueble en el barrio madrileño de Hortaleza. Valera lo compró en marzo de 2018 -mientras ajustaba el divorcio- junto con una amiga por importe de 147.000 euros. Según consta en la querella inicial, se investiga la procedencia de los fondos que respaldaron las compras.

Fondos procedentes de PDVSA

La fiscal subraya en su escrito que “a Prada no le constan ingresos declarados (…) ni tan siquiera en 2015, fecha en que se dio de alta en el censo de empresarios y profesionales en actividad de servicio jurídico de Madrid”. En el marco de las pesquisas, sin embargo, Anticorrupción cifra en 16,7 millones de euros las inversiones inmobiliarias que realizó junto a su socio en España entre 2009 y 2018 a través de sus empresas y su círculo familiar más cercano.

La Fiscalía sostiene que la mercantil Marpra -propiedad al 50% de Prada- cobró entre julio de 2010 y agosto de 2011 un importe total de 4,3 millones de euros “remitidos por la sociedad PDVSA desde su cuenta abierta en la entidad suiza JP Morgan Chase Bank“. Examina también una lista de pagos bajo sospecha que alcanza los 5,9 millones de euros.

Sentencia de divorcio

Ahora, en su intento de esclarecer el cambio de titularidad de bienes habidos a favor de Valera, el ministerio público ha pedido revisar la sentencia de divorcio del matrimonio. Según declaró la mujer en sede policial en mayo de 2019, está divorciada de Prada desde enero de 2018, “siendo los trámites de divorcio iniciados en marzo de 2018”. “Cuando se encontraba casada estaba en régimen de gananciales”, indicaron los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal que le interrogaron.

En el marco de las pesquisas, y a petición de la fiscal, el juez ha pedido ahora al juzgado madrileño que llevó el divorcio el convenio regulador de fecha 15 de febrero de 2018 “en el que se liquidó el régimen matrimonial de la sociedad de gananciales“.

Valera admitió ante los investigadores que posee tres viviendas, un vehículo marca Citroen Xsara Picasso y tres cuentas bancarias en España. Además, “tiene la manutención de sus dos hijas, que le pasa su exmarido, y una nómina por ser trabajadora asalariada” en una empresa en Madrid y el alquiler que percibe por uno de los pisos. Según consta el acta de declaración, “estima que sus ingresos medios totales por todos los conceptos que cuenta mensualmente, suman unos 6.500 euros, estimando los gastos mensuales que debe sufragar en unos 6.000 euros”.

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