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Irene Montero se sentará ante el juez el 20 de enero por explotar a su escolta

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El Juzgado de lo Social número 3 de Madrid ha fijado la fecha del juicio en el que se decidirá sobre la escolta convertida en recadera que demandó a Podemos por despido nulo.

Irene Montero tendrá que comparecer el próximo 20 de enero a las 9.00 de la mañana en el juzgado por el caso de la escolta, contratada por Podemos, a la que convirtió en recadera, chófer de familiares y amigos y mecánica de sus vehículos particulares.

El magistrado titular del Juzgado de lo Social número 3 de Madrid ha fijado la vista laboral en enero ante la inexistencia de un acuerdo entre las partes por el despido de la trabajadora. Montero ha sido citada como testigo.

La escolta demandó a Podemos por el trato laboral “discriminatorio” recibido de la número dos del partido. En el escrito presentado ante la Justicia, y desvelado en exclusiva por OKDIARIO, la trabajadora afirmaba que Montero la obligó “de manera recurrente” -y fuera de su horario- a hacer de recadera para ella y sus hijos, comprar comida para las mascotas, llevar y traer a amigos y familiares hasta el casoplón de Galapagar, encargarse del mantenimiento de varias propiedades de la pareja y, además, ocuparse de la mecánica de sus vehículos particulares.

Montero le encomendaba, de forma continuada y habitual, asumir tareas personales que excedían de sus funciones como escolta. Entre ellas, adquirir “productos de parafarmacia y droguería para bebés” o “alimentación” de determinadas marcas y supermercados, llevarle la cena a casa desde varios establecimientos concretos de Madrid o “comprar comida para los perros”.

Durante los casi dos años en los que la escolta, contratada por Podemos, trabajó para Montero, también se le pidió que adelantase el comienzo de su jornada laboral para “calentar el habitáculo del coche” que la portavoz parlamentaria de Podemos utilizaba, a diario, en sus desplazamientos.

Ambas partes comparecerán en el Juzgado el próximo mes de enero y, en dicha fecha, Montero tendrá que explicar ante el magistrado titular de lo social número 3 de Madrid, por qué la escolta fue contratada directamente por Podemos -en contra de los requisitos que exige la ley- y responder de su “trato discriminatorio”.

Contrato ilegal 

Podemos contrató a la escolta que ahora demanda al partido, sin mediar para ello una empresa de seguridad autorizada por el Ministerio del Interior, tal y como obliga la legislación específica del sector.

La formación morada incumplió los requisitos legales para la actividad de protección de personas a título particular que “únicamente” puede “ser desarrollada por escoltas privados integrados en empresas de seguridad”.

En el contrato laboral registrado por Podemos, y al que accedió en exclusiva OKDIARIO, la escolta figura como personal del Área de Logística del Partido, en el grupo de “ayudantes no titulados”.

Sin embargo, el propio jefe de seguridad del partido, Sergio Illanes, afirmaba en un correo remitido a la dirección de Podemos -en noviembre de 2016- que “dado que las funciones que viene a desempeñar son las de Escolta”, el hecho de que en los contratos figurase una categoría profesional diferente generaba un “problema legal” grave, tanto para la trabajadora como para la formación morada.

Tal es así que, Podemos podría enfrentarse a una sanción administrativa de hasta 600.000 euros, si la Unidad Central de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía Nacional que investiga el caso determina que existió un delito de intrusismo profesional, como denuncia la Asociación Española de Escoltas (ASES).

Sin acuerdo 

Pese a que las partes fueron citadas, en una primera vista de conciliación, el pasado miércoles 20 de noviembre, en el Juzgado de refuerzo de lo Social número 3 de Madrid, a las 9.00 de la mañana, el acto fue negativo.

Ya había fracasado el primer intento por llegar a un acuerdo, el 26 de agosto, en la sede del Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC). Un trámite obligatorio en el ámbito laboral antes de que se celebre juicio.

En discusión, un total de 30.570,92 euros por “horas extraordinarias no abonadas” y otros 2.100,65 euros en concepto de “horas nocturnas”, el importe que la escolta de Irene Montero reclama a Podemos por los servicios prestados fuera de su horario laboral y que no ha cobrado hasta la fecha.

El próximo día 20 de enero tendrán que verse de nuevo las caras en sede judicial y, a diferencia de la primera ocasión, la propia Irene Montero deberá comparecer para aportar su testimonio de los hechos, en primera persona, tal y como ha solicitado su escolta.

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