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La Audiencia de Madrid ordena reabrir la investigación de la caja b de Podemos

La Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir la investigación sobre la caja b de Podemos. El tribunal ha estimado los recursos interpuestos contra la decisión del juez instructor de no seguir indagando en la posible comisión de un delito de administración desleal con la llamada Caja de Solidaridad de la formación.

“Lo cierto es que una vez practicadas las gestiones acordadas, su resultado ha venido a confirmar la existencia de indicios de la posible comisión de delito”, afirman los magistrados, que ordenan al juez “la continuación del proceso hasta el esclarecimiento de la presunta administración desleal del numerario del Fondo de Solidaridad del partido político Podemos”.

El episodio relatado en su denuncia por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente se refería al destino incierto de 50.000 euros que la asociación afín a Podemos #404 Comunicación Popular había solicitado de la Caja de Solidaridad. Según el abogado, los fondos podrían haber ido a parar a alguna persona concreta y no a los fines para los que estaba prevista la Caja, y apuntaba a la responsabilidad en el asunto del diputado y portavoz de Podemos Rafael Mayoral.

El tribunal explica que la investigación “ha constatado” que se hizo esa petición, así como que Podemos “transfirió 30.000 euros mediante tres transferencias”. “También, que parte de las personas que forman parte de dicha Asociación (José Martínez Coy, Diana Peinado Serrano, Francisco Javier Bermúdez Díaz, Christian Luis Navarro Marrero, Alejandro Zapico Robledo e Irene Elina Lingua) son miembros del partido político Podemos. Algunos de ellos con cargos relevantes dentro del partido”.

“Así las cosas”, concluyen los magistrados, “es razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva encubierta entre esa asociación y Podemos, que se pudiera haber utilizado para obviar las limitaciones de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica de Partidos Políticos 6/2002 y de la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos 8/2007, para operar al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas, en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos”.

A la necesidad de seguir investigando se suma, según el auto, que “Podemos no ha facilitado información sobre si concedió la cantidad de 50.000 euros”.

La resolución, que estima los recursos de las acusaciones populares ejercidas por la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege y de Vox, indica que aún deben acordarse diligencias para “conocer el destino de esas cantidades”, así como detalles sobre quién autorizó la salida de fondos “y los beneficiarios finales, cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores”.

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