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¿La dictadura de Sánchez?: El 83% de los jueces denuncian que el Gobierno busca controlar la Justicia

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Los magistrados rechazan que el Gobierno quiera mejorar el Poder Judicial a través de su renovación forzosa del CGPJ

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están comenzando a implementar una dictadura?

Para el 83% de los jueces hay, por lo menos, un claro interés del Gobierno de controlar la Justicia con fines políticos.

Así se desprende de los resultados de la encuesta que Metroscopia realizada por encargo del Consejo General del Poder Judicial, entre los pasados 8 y 22 de septiembre.

Si bien los datos son previos a la propuesta de una renovación forzosa y de urgencia del Consejo General del Poder Judicial, las duras críticas de los magistrados y de los fiscales reafirman la preocupación mostrada por la encuesta.

El estudio logró su estimaciones mediante entrevistas telefónicas a mil jueces y juezas en activo (casi el 20 por ciento de la Carrera Judicial) seleccionados aleatoriamente de acuerdo con la distribución real por sexo, edad y órganos jurisdiccionales.

La encuesta revela que los jueces españoles comparten un mismo sentido de la profesión: el 92% cree que su función es velar por el cumplimiento de las leyes y el 98% siente que la Justicia es la última salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Los fiscales contra el asalto del CGPJ

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, mostró su rotundo rechazo al ataque al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los fiscales consideran que el plan del Gobierno de tomar el control del CGPJ resulta un riesgo para la democracia en España.

“La propuesta de reforma del PSOE y Podemos para cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ incide en la politización de la justicia”, explicó Cristina Dexeus en un vídeo con la foto del Rey Felipe VI a su espalda.

Asimismo, la presidenta recalcó que “la Asociación de Fiscales se muestra contraria y muy preocupada” ante la reforma propuesta por PSOE y Podemos.

¿El motivo?, que lejos de eliminar la despolitización de la Justicia, lo que se pretende con esta reforma es “aumentar la politización en el órgano de gobierno de los jueces, en contra de las recomendaciones de despolitización de la Justicia por parte del Greco, de las instituciones europeas y de las reclamaciones de las asociaciones judiciales y fiscales”.

Sobre el Estado de derecho, Dexeus puntualiza que “la separación de poderes debe estar perfectamente delimitada y blindada” y que el poder judicial “debe mantenerse al margen para no emponzoñar las resoluciones judiciales y la independencia de los jueces en la aplicación de la ley” sentenció.

¿Sanciones internacionales?

La indignación por el plan ‘bolivariano’ contra el Poder Judicial también saltó la frontera y llevó a que el Ejecutivo de Polonia plantee la opción de sancionar a Pedro Sánchez por su estrategia de hacerse con el control de los tribunales.

El viceministro de Justicia de Polonia, Sebastián Kaleta, demostró su indignación por medio de su cuenta de Twitter.

El político envió un mensaje a la vicepresidenta de la Comisión EuropeaVera Jourova, donde pregunta si Bruselas piensa tomar medidas contra España, al igual que hizo contra Polonia por su plan sobre la Justicia.

En concreto, hace referencia a la ley polaca que permite sancionar a jueces que cuestionen públicamente las reformas judiciales del Gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia (PiS).

“España: el Gobierno cambia las reglas para la elección de los jueces. Aún así, como en Polonia, serán elegidos por el Parlamento. Pero en lugar de la mayoría de tres quintos (como en Polonia), debería ser del 50% + 1. Oposición: ataque a la división de poderes, ‘están matando a Montesquieu’. Me pregunto si Vera Jourova intervendrá”.

La Comisión Europea ya ha abierto cuatro expedientes sancionadores a Polonia por la reforma de la judicatura. Unos pasos que podría seguir España si el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su objetivo de ‘tomar’ el Poder Judicial.

Según Bruselas, la normativa viola la independencia de los jueces y es incompatible con el Derecho europeo. Otro aspecto similar al que ocurriría en España, donde desde la izquierda buscan controlar la justicia ante la ola de causas abiertas contra los principales partidos del Gobierno.

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