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La Justicia hace sudar frío a Pablo Iglesias: imputan al administrador de Podemos por la financiación ilegal ‘vía Neurona’

El juez citó a declarar como imputado a Carlos García Ramos por los contratos suscritos con la consultora Neurona con motivo de las elecciones generales del 28 de abril de 2019

Pablo Iglesias observa cómo la ‘espada de Damocles’ se balancea sobre su cabeza.

Con el líder de Podemos en la mira del Tribunal Supremo, la Justicia sigue imputando a representantes de Unidas Podemos como presuntos autores de delitos.

Tras multar a Pablo Echenique por sus chanchullos a la Seguridad Social e investigar al secretario de Organización Alberto Rodríguez por agredir a un agente de Policía, ahora el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid imputa al administrador de Unidas Podemos, Carlos García Ramos.

El juez Juan José Escalonilla toma la decisión para investigar la financiación ilegal del partido de extrema izquierda a través de la consultora Neurona.

García Ramos, que es el responsable de finanzas en IU, está señalado por ser uno de los dos administradores mancomunados de la coalición electoral Unidas Podemos (ambos investigados por los tribunales).

El titular de este juzgado madrileño citó a García Ramos para que declare el próximo 13 de noviembre a las 12.30 horas por un presunto delito electoral.

Escalonilla insistió en que «existen indicios racionales acreditativos de que los pagos efectuados a la sociedad mercantil Neurona Comunidad S.L., constituida mediante escritura pública en fecha 19 de marzo de 2019, (… ) no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado con ocasión de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 y calificable como gasto electoral».

El contrato entre Podemos y Neurona, formalizado el 6 de mayo de ese año pero cuyo borrador data del 25 de febrero, fue por valor de 363.000 euros que se pagaron con tres transferencias desde una de las cuentas cuya titularidad pertenecía a la coalición electoral y que gestionaba García Ramos de forma mancomunada con otro administrador, Daniel de Frutos Ramírez.

Para el juez, «dichos hechos resultan expositivos de una distracción de dinero proveniente en dicha cuenta electoral presuntamente constitutiva de un delito electoral tipificado en el artículo 150 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, (…) que solo puede ser cometido por los administradores generales y de las candidaturas, así como por las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales».

El pasado mes de julio ya fueron citados como investigados De Frutos; el secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo; la gerente del partido, Rocío Esther Val; y la responsable de Compras y Finanzas de la formación, Andrea Deodato; así como el administrador y la persona de contacto de Neurona, Elías Castejón y Eduardo López, respectivamente.

Todos ellos deberán declarar entre el 13 y el 20 de noviembre.

Podemos presentó en agosto un recurso de apelación contra el auto en el que se incluían estas diligencias de investigación, si bien denuncia que desde entonces no tiene noticia de que Escalonilla haya dado trámite del mismo ante la Audiencia Provincial, por lo que le ha requerido un «impulso procesal» en este sentido, argumentando que los ‘morados’ están en «situación de indefensión».

La Fiscalía presiona a favor de Podemos

Desde la Fiscalía (en manos de la exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado) se está presionando al juez para que no investigue la presunta financiación irregular de Podemos.

A través de la Fiscalía Provincial de Madrid se envió un escrito ante el juez que investiga a Podemos solicitándole que desestime el archivo de la causa.

En este sentido, respalda el interés del partido de extrema izquierda e incluso adopta sus argumentos, ya que la Fiscalía considera que mantenerle como imputado “resulta más garantista” aunque considere que aún no existen indicios de ese delito.

Así respondió la Fiscalía al recurso de apelación que interpuso Podemos hace más de dos meses en contra de la investigación por las presuntas irregularidades en el contrato con Neurona Consulting para la campaña electoral de 2019.

A lo que agrega que si el partido de extrema izquierda no tuviera condición de investigado “mal podría proponer prueba o interponer recursos como ha venido haciendo a lo largo del procedimiento”.

La Fiscalía insiste en su escrito dirigido al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que los «únicos» hechos en los que aprecia “indicios racionales” de delito son los referidos a la contratación de la mercantil Neurona.

Sin embargo, entiende que es esos hechos, como se refiere en el informe remitido por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, son susceptibles de ser incardinados en un delito de falsedad en documento mercantil y un delito electoral.

En este sentido aclara también que “ni el delito de falsedad ni el delito electoral pueden ser cometido por persona jurídica, más aun, en el supuesto del delito electoral solo puede ser cometido por los administradores generales”.

El fantasma de ‘Neurona’

Desde el Gobierno, y en concreto desde Podemos, existe un gran interés por cerrar cuanto antes el ‘Caso Neurona’. Más ahora, que la victoria electoral de Evo Morales en Bolivia les facilita el cese de filtraciones a la justicia española desde el país latinoamericano.

Es importante recordar que la consultora Neurona recibió, al menos, 1,6 millones de euros del Gobierno de Evo Morales.

Los contratos, que están siendo investigados por la Justicia del país andino por su presunta relación con la corrupción, llevaron a la imputación de 14 altos cargos del Gobierno de Evo Morales. Un grupo que podría crecer internacionalmente por los nexos de Neurona con los fundadores de Podemos.

Con Luis Arce en la presidencia, se prevé que el MAS buscará ocultar y destruir todos los documentos que puedan comprometer a Podemos (con quienes realizaron la campaña de 2019 a cambio de 300.000 euros, una operación tildada de irregular por el Tribunal de Cuentas de España) y, en particular, a Juan Carlos Monedero, quien está vinculado directamente con la consultora.

El papel de Bolivia

El Gobierno de Jeanine Áñez activó, en enero de 2020, una comisión rogatoria que está investigando a figuras relacionadas a Podemos, como Íñigo Errejón, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el exjuez Baltasar Garzón.

El proceso podrá quedar paralizado en cuanto llegue a la presidencia el candidato de Evo Morales, quien volverá a cerrar todas las investigaciones incómodas para el fraudulento mandatario que intentó manipular unas votaciones, así como para sus socios dentro y fuera de Bolivia.

El tiempo corre en contra para Bolivia si, en realidad, quieren desvelar los polémicos nexos de Podemos con el fraudulento Evo Morales.

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