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La UDEF sitúa a Echenique tras una de las cuentas que transfirió fondos a Neurona

La Brigada de Blanqueo investiga los movimientos bancarios más allá de los 363.000 euros que la coalición transfirió a la mercantil y acabaron en México

La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de la UDEF ha identificado al portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, como apoderado de una de las cuentas corrientes desde la que se realizaron transferencias a Neurona Comunidad, la mercantil que analiza el Juzgado número 42 de Madrid bajo la sospecha de ser una tapadera para la comisión de un presunto delito electoral y/o de financiación ilegal del partido.

En un informe al que ha tenido acceso ABC y que acaba de incorporarse al sumario de la causa, la UDEF amplía el oficio ya presentado a finales del pasado mes de septiembre, cuando identificó ocho cuentas del ámbito de Podemos desde las que se habían

 transferido 425.443 euros a esta mercantil con la que la coalición contrató servicios de consultoría electoral por importe de 363.000 euros que no pudo justificar ante el Tribunal de Cuentas.

La empresa fue creada a pocos días de las elecciones de abril de 2019 en un despacho de abogados de Carmona (Sevilla) y de acuerdo a la documentación que obra en el sumario, no tiene ni empleados ni gastos ni un objeto social que se corresponda con el de una consultora. De hecho, formalmente no tiene ya ni administrador, pues tal y como avanzó este diario, el letrado que venía desempeñando esta tarea, Elías Castejón, cesó con efectos en el Registro Mercantil el pasado 16 de marzo, si bien él mismo comunicó a los medios que había renunciado al puesto con una declaración ante notario el 15 de enero anterior.

La fecha es relevante porque ahora, la UDEF identifica a las personas físicas tras esas cuentas de la Caja de Ingenieros y el Tríodos Bank y que habrían girado fondos a Neurona y encuentra una a nombre de Podemos de la que es apoderado Pablo Echenique junto al tesorero de Podemos Daniel De Frutos, ya imputado en la causa. Esta cuenta giró a Neurona 2.424 euros el 28 de enero de 2020, es decir, cuando según Castejón, él ya había dejado las riendas de la mercantil. Aquella transferencia fue ordenada por Carolina Alonso, diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid.

De hecho, en estas transferencias menores consta otra de 38.720 euros desde la cuenta de ese grupo parlamentario regional en la Caja de Ingenieros por cuenta de los dos apoderados que figuran en la misma: Jorge Antonio del Rey y Miguel Montero. La fecha, el 21 de mayo de 2019, es decir, a cuatro días de las elecciones autonómicas.

Asimismo, otro de los movimientos aislados por la UDEF es el ordenado por el mencionado tesorero Daniel de Frutos desde otra cuenta de Podemos en la misma Caja de Ingenieros en la que figura como apoderado junto a Denis Thomas Maguire, miembro de la comisión de Garantías Democráticas del partido. Fueron dos transferencias de 5.773 y 11.530 euros los días 9 de octubre y 18 de diciembre del año pasado, respectivamente.

Entre ellas hubo otro movimiento, 4.000 euros enviados a Neurona el 20 de noviembre por Carlos García Ramos, responsable adjunto de finanzas de Izquierda Unida y que está citado a declarar como imputado dado que, junto a De Frutos, tenía control de la cuenta electoral de Unidas Podemos desde la que se enviaron a la supuesta consultora de Sevilla los 363.000 euros que despertaron las sospechas.

Cabe recordar que tras la mercantil administrada por el abogado sevillano está César Hernández Paredes, alto cargo de la consultora homónima Neurona Consulting que trabaja para distintos gobiernos latinoamericanos y que sería próximo a Juan Carlos Monedero.

De Carmona a Jalisco

Ambos fueron los ordenantes de esa cuantía en tres tramos: 100.000 euros el 9 de abril de 2019, otros 100.000 euros el día 23 del mismo mes y los 163.000 euros restantes ya el 9 de mayo. Cabe recordar que las alarmas saltaron cuando el Tribunal de Cuentas pidió a Unidas Podemos que justificase el pormenor de aquel contrato que intentaba repercutir a la financiación electoral.

En lugar de ofrecer el detalle requerido, la coalición entregó una factura con fecha del 5 de abril (cuando de acuerdo a las transferencias los pagos fueron posteriores) y un contrato del 6 de mayo, es decir, suscrito después del supuesto servicio. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas cree que hay indicios de delito electoral.

El juez Juan José Escalonilla investiga ahora si ese dinero fue de ida y vuelta y acabó aflorando de un modo u otro en España, habida cuenta de que un total de 308.257,2 euros de los fondos del contrato con Neurona fueron transferidos a la empresa Creative Advice Interactive, con sede en México.

Sobre esta empresa, la UDEF detalla que fue constituida con un capital social de entorno a dos millones de euros al cambio y 100 acciones en un barrio de Guadalajara (Jalisco, México) y su objeto social es la «prestación de otros servicios técnicos».

Pone nombre a sus socios: Edgar Alfredo López Cardiel, que tendría 21 años cuando se fundó la empresa y Mayra Beltrán Castillo, que contaba entonces 26 y figura como administradora única. El apoderado, por contra, es Marco Antonio Torres Rico, que consta como director en una empresa en Panamá y que firmó un contrato que identifica la UDEF en fuentes abiertas de Creative Advice Interative con el servicio de loterías de México en agosto de 2017.

Precisamente este viernes, se reactiva la causa en el juzgado madrileño donde están citados a declarar como investigados además de Castejón y Carlos García Ramos, Eduardo López Hernández, un ciudadano que consta en un registro de mediadores oficiales de méxico y que fue parte en el contrato suscrito entre Neurona y Unidas Podemos en 2019 como persona de contacto de la empresa.

Asimismo, están citados como testigos el arquitecto que realizó el proyecto de ejecución y reforma de la sede de Podemos en Madrid, cuyo sobreprecio está siendo investigado y el gerente del partido Pablo Fernández Alarcón, de quien el denunciante inicial que desencadenó la causa, José Manuel Calvente, dijo que estaba al tanto de la existencia de irregularidades. Del lado de las acusaciones, Vox, que ejerce la popular, el abogado Aitor Guisasola por el Movimiento para la Regeneración Política de España, y la asociación de juristas europeos ProLege.

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