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La UE ‘echa la bronca’ a Pedro Sánchez por su antidemocrático plan de ‘asalto’ al Poder Judicial

 

El Grupo de Estados contra la Corrupción amenaza al PSOE-Podemos de estar a las puertas de violar las normas de anticorrupción de la Unión Europea

LUnión Europea volvió a ‘echar la bronca’ a Pedro Sánchez.

Tras el tirón de orejas de la Comisión Europea, el Grupo de Estados contra la Corrupción criticó el antidemocrático plan de ‘asalto’ al Poder Judicial del Gobierno del PSOE-Podemos.

Desde la Unión Europea consideran que Sánchez debe ser menos autoritario y consultar la reforma del Poder Judicial con los sectores afectados (con jueces y fiscales ya en contra de la propuesta) y con la Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa que vela por el respeto del Derecho Constitucional.

El Grupo de Estados contra la Corrupción reforzó la ‘bronca’ europea al líder del PSOE, ya que le recordó que su ‘plan de asalto’ se aparta claramente de los estándares aceptables sobre la composición de los consejos nacionales de la Judicatura.

Incluso, le advierten que podría acabar violando las normas de anticorrupción.

Marin Mrčela, presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción, envió directamente una carta con sus quejas a la representante del Ministerio de Justicia, Ana María Andrés, subdirectora general para Asuntos de Justicia con la UE y Organismos Internacionales del Ministerio de Justicia y delegada del GRECO en España.

En la misiva indica que la iniciativa legislativa que han presentado PSOE y Podemos va en la dirección contraria a las recomendaciones que se vienen dando a España desde hace años.

En concreto, le advierte que la reforma propuesta «se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de los consejos de la judicatura y la elección de sus miembros y puede dar lugar a una violación de las normas anticorrupción del Consejo de Europa».

«Como saben, estos estándares han sido objeto de la 4ª ronda de evaluación del GRECO. Los consejos de la judicatura, en los Estados miembros en los que existen, están destinados a ser órganos independientes que tratan de salvaguardar la independencia del Poder Judicial y de los jueces individuales, lo que, a su vez, es una condición sine qua non para una lucha eficaz contra la corrupción», le recalcó al Gobierno de Sánchez.

Preocupados por el rumbo autoritario del Gobierno del PSOE-Podemos, desde la UE le recuerdan a Sánchez que “nuestras normas establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial. El GRECO ha insistido repetidamente en que las autoridades políticas no deben participar, en ninguna etapa, en el proceso de selección del turno judicial».

Evidentemente enfadado por el ataque el Poder Judicial, Marin Mrčela reprocha al Gobierno que «España aún no ha implementado una recomendación emitida por GRECO a España, hace casi siete años, en su Cuarta Ronda de Evaluación. En dicha recomendación se pedía que se evaluara el marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial y sus efectos sobre la independencia real y percibida de este órgano frente a cualquier influencia indebida, con el fin de subsanar las deficiencias detectadas».

Lejos de ser una carta que podrá quedarse en el olvido, la adelanta que «seguirá de cerca la evolución actual» u pide a la representante española que «proporcione una actualización de la situación durante nuestra próxima reunión plenaria» a finales de octubre.

Plantón al Ministro de Justicia

Mientras la UE advierte al Gobierno de Pedro Sánchez por su intento de controlar el Poder Judicial, dentro de España la batalla la están liderando los propios jueces y fiscales.

Tras el respaldo al Rey Felipe VI en la entrega de despachos del pasado 25 de septiembre que cabreó al socialista Juan Carlos Campos, el ministro de Pedro Sánchez vivió el ‘mega plantón’ que le organizaron los jueces y fiscales este 19 de octubre.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) decidieron echar un pulso al Gobierno del PSOE-Podemos tras acordar no acudir a las reuniones que convoque el Ministerio de Justicia mientras se mantenga el asalto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Una iniciativa a la que se sumó la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, y que llevó a cabo su primer gran plantón contra Juan Carlos Campos.

En la reunión, en la que no estarán presentes ni jueces ni fiscales, iban a tratarse cuestiones relativas a la revisión de las medidas de los planes de choque en los órdenes social y mercantil derivadas de la crisis del coronavirus.

Quejas de los fiscales

Los fiscales consideran que por encima de estas cuestiones técnicas del proyecto para renovar el CGPJ está la de una reforma que afecta de lleno a la independencia judicial, incide en una mayor politización de la Justicia y pone en riesgo la división de poderes reconocida en la Constitución como pilar básico de nuestro Estado de Derecho.

Los fiscales de la AF afirman en su comunicado que son partidarios de colaborar con el Ministerio, “independientemente de su color político, en defensa de los intereses de los ciudadanos en general y de los Fiscales”.

Sin embargo, precisan que “en los delicados momentos en los que estamos viviendo, prima la defensa de los valores superiores que sustentan nuestra democracia”.

En este sentido, rechazan ser “cómplices de cambios legislativos apresurados y sin el debido consenso” y quedan a la espera de nuevas noticias del Ministerio para reanudar su colaboración.

Los jueces

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) afirmaron, en un comunicado conjunto, que tomaron la medida de plantar al Ministro en cumplimiento de uno de sus principales fines “que es defender la independencia judicial”.

Advierten de que no se puede hablar de planes de choque o proyectos de reforma “con quien justifica, promueve y apoya un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ataca de plano a la independencia judicial” y ubica a España “fuera de los valores y estándares europeos de separación de poderes”.

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