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Las 5 falacias del Gobierno para justificar la retirada del español como lengua vehicular en España

Mariano Alonso 

Ni la consideración de lengua vehicular para el castellano fue un invento del PP ni está demostrado que la inmersión ayude a la cohesión social.

El Gobierno acelera los plazos para tener lista cuanto antes la nueva Ley Celaá de Educación, que saldrá del Congreso en las próximas semanas camino del Senado, un calendario acondicionado al milímetro para que se aplique en el próximo curso escolar. Entre otras cuestiones, la norma incluye la polémica enmienda transaccionada entre PSOE, Podemos y ERC para “blindar” el sistema de inmersión lingüística, que discrimina el castellano.

Los partidos de la oposición ya han anunciado recursos, mientras que los de Pablo Iglesias sacan pecho de la medida, aprobada este jueves en la ponencia que dejaba el texto de la Ley visto para la sentencia del pleno parlamentario, que podría celebrarse este mismo noviembre. Los podemitas, que se jactan de que la reforma es un avance en la “plurinacionalidad” de España, como dijo su portavoz de Educación, Joan Mena, llevan días desplegando todo su arsenal propagandístico en defensa de la misma.

A modo de síntesis, y de recordatorio, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, publicaba este viernes un hilo de Twitter en el que mostraba su “orgullo” por la enmienda y detallaba varios puntos para defenderla. Entre ellos que la condición de lengua vehicular para el castellano es un “invento” del PP, ignorando las sentencias al respecto de los altos tribunales españoles.

 

Analizamos ese y otros cuatro argumentos recurrentes de los defensores de la inmersión, un modelo que excluye el castellano de la red de colegios públicos de Cataluña.

1. La lengua “vehicular”.

Podemos aduce que la Constitución no habla del español como lengua vehicular, como tampoco lo hace, por otra parte, con las lenguas cooficiales. Tan cierto como que el Tribunal Constitucional (TC), en su célebre sentencia sobre el Estatut de 2010, sí que estableció esa distinción.

Una doctrina que luego reforzó, en diciembre de aquel año, el Tribunal Supremo (TS), estableciendo que la Generalitat “deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del TC que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña”.

En esos pronunciamientos de los altos tribunales se basó posteriormente el Gobierno de Mariano Rajoy para, como explica en declaraciones a El Español José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, “volcar toda esa doctrina en un texto positivo” como fue la Ley Wert.

Domingo considera que fue “la primera vez que se reconoce una obviedad en una ley”. El ministro de Educación del PP no se sacó de la manga ninguna denominación que no hubiese sido previamente establecida por el intérprete de la Carta Magna.

2. Inmersión para pobres.

Echenique asegura que la inmersión es el mejor sistema “para la cohesión social y la igualdad de oportunidades“. Una manera eufemística de decir que es bueno para las familias castellanohablantes de escasos recursos, muchas de ellas procedentes de otras comunidades autónomas, singularmente de la histórica migración andaluza a Cataluña.

Un informe de 2019 de la Fundación Europea Sociedad y Educación, elaborado por dos economistas de la Universidad de Barcelona, Jorge Calero y Álvaro Choi, niega esta argumentación.

Basándose en los datos de Pisa, el estudio afirma que los alumnos en cuyo hogar se habla castellano obtienen resultados diez puntos por debajo que los catalanohablantes, tanto en materias científicas como en lectura. Calero y Choi aputan a la existencia “de un problema de equidad, que genera perdedores de la política de inmersión lingüística en Cataluña”.

3. El nivel de castellano.

En el mismo hilo, Echenique asegura que el modelo de la inmersión es el que “mejor ha garantizado el conocimiento del castellano y del catalán en Cataluña”. Una afirmación que sustenta en datos del Ministerio de Educación de 2018 sobre el conocimiento del español por parte del alumnado catalán, que sería superior incluso al de otras comunidades autónomas monolingües, donde se imparten veinticinco horas semanales en castellano frente a las dos de Cataluña.

Naturalmente, ese baremo depende de la prueba que se emplee para medirlo y de quién la diseñe. En el caso de la prueba de castellano en la selectividad las autonomías pueden diseñarlo a su antojo. Y en el caso de las pruebas del informe PISA, que elabora la OCDE, también citado en muchas ocasiones como supuesta prueba del nivel de castellano del alumnado catalán, se trata de una pruebas que se traducen al catalán. Así lo detalló Convivencia Cívica Catalana en un informe de 2016, en el que se aseguraba que difícilmente esa prueba puede medir la competencia lingüistica en otro idioma.

En ese mismo informe se establece otro dato crucial al respecto, el de que no hay ninguna prueba homogénea y con cierta periodicidad que evalúe por igual a los alumnos de toda España acerca de su conocimiento lingüístico. Las últimas en ese sentido las realizó el Ministerio de Educación en 2000 y 2003 y arrojaban unos resultados en materia gramatical sensiblemente peores para los alumnos de Cataluña.

4. Lengua mayoritaria.

La exclusión del castellano como lengua vehicular en la escuela catalana, para la que los autores de la enmienda argumentan razones de cohesión social, no está acompasada a la realidad del uso social de la lengua. Según datos de este mismo año del Centre d’Estudis d’Opinió, el conocido como CIS catalán, el castellano es la lengua mayoritaria de los catalanes.

Preguntados sobre qué lengua consideran como propia, un 45% de los encuestados la elige frente al 40% que opta por el catalán y un 10% que no se decanta por una ni por otra. Un equilibrio que no se refleja ni en la escuela catalana ni, por ejemplo, en los medios públicos, donde el catalán es la lengua preferente.

5. Demanda de español.

Con frecuencia en los últimos meses, y a cuenta de una cuestión completamente distinta, los representantes de Podemos han lamentado que el CIS no pregunte a los españoles específicamente por la monarquía, cuyo respaldo social consideran en entredicho. Lo cierto es que los sondeos de opinión oficiales, tanto el CIS como el CEO, no preguntan a los ciudadanos qué lengua prefieren para escolarizar a sus hijos.

Las sentencia del Tribunal Supremo antes referida respondía a la demanda de varias familias de castellanohablantes. Poco después, en 2011, Convivencia Cívica Catalana entregó a la Generalitat medio millar de solicitudes de padres que pedían una enseñanza bilingüe para sus hijos.

Una campaña a la que sumó la entonces presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, quien pedía para su hijo, de cuatro años entonces, una escolarización en castellano y catalán “de forma proporcionada y sin desequilibrio entre ellas”. Casi una década después ese escolar, como tantos otros, no ha podido recibir una educación bilingüe en la red pública.

Distinto es el caso de otros centros privados, como el elitista colegio Aula, elegido por el presidente Artur Mas para sus hijos, en los que el castellano tiene mayor presencia que en la educación pública.

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