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Mónica Carmona, abogada purgada de Podemos, va a sacar un montón de dinero a Pablo Iglesias

“Pido una indemnización de 75.000 euros y la nulidad de mi despido porque la ley me ampara”

Va a ir a por todas y encima reclama, con argumentos en la mano, ser reintegrada a su puesto de trabajo.

Mónica Carmona, abogada purgada por Unidas Podemos, no siente el más mínimo temblor a la hora de ir contra Pablo Iglesias después de que este le arrebatase sus funciones legales en el partido por denunciar las supuestas corruptelas habidas en la formación.

La letrada asegura este 1 de noviembre de 2020 en La Razón que ella no solo va a solicitar una fuerte suma en concepto de indemnización, sino que también va a exigir la nulidad de su despido:

He presentado una demanda por modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y por eso pido una indemnización de 75.000 euros. ¿Sabe por qué? Porque la ley me ampara. Lo que me sorprende es que me cuestionen el derecho que tengo como trabajadora. Precisamente ustedes, que ostentan el Ministerio de Trabajo.

La experta jurista reconoce que se unió a Unidas Podemos en el año 2016 porque compartía sus mensajes del 15-M al presentarse como un partido regenerador. Rápidamente vieron en esta abogada a una acreditada especialista y le encargaron que desde Cataluña se encargase de cuestiones de asesoramiento jurídico.

De hecho, tal era la satisfacción en el seno del partido morado con su labor, que sus jefes acordaron ampliarle las funciones y, por deducción, los emolumentos.

Sin embargo, la situación comenzó a torcerse desde que empieza a detectar y a dar aviso sobre las irregularidades que detecta, algo que también ya había comenzado a hacer el otro abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente.

Reconoce Carmona que, junto a Calvente, hubo denuncias que no pudieron acreditar materialmente, pero sí con testimonios de miembros del partido podemita. Otras irregularidades sí estaban más que documentadas y con ello procedieron a dar parte a la Guardia Civil.

Uno de los puntos más turbios hallados por Carmona y Calvente fue el de la adjudicación de las obras de la nueva sede de Unidas Podemos, que alcanzó los 1,3 millones de euros cuando la licitación había sido de 600.000 euros.

También lanzó sus dudas sobre la legalidad del contraro electoral a Neurona Comunidad por un coste de más de 360.000 euros. Afirma que:

Nos llamó la atención porque el administrador, Elías Castejón, aparecía en los Papeles de Panamá.

Lo mejor fue cuando tirando del hilo se descubrió que Neurona Comunidad tenía vínculos con otra empresa: Neurona Consulting, que estaba siendo investigada en Bolivia, y cuyo propietario había colaborado con Juan Carlos Monedero.

EL CASO DE LA ESCOLTA DE IRENE MONTERO

Hay un fecha clave que cambia por completo la relación de Carmona con Podemos.

El 24 de noviembre de 2019, tras reclamar José Manuel Calvente a la Gerencia y al responsable de Seguridad de Podemos información sobre la contratación de una escolta para Irene Montero, en el partido tienen claro que hay que cortar el vínculo con una letrada demasiado quisquillosa.

El 2 de diciembre de 2019 el partido morado cesa a ese letrado, a pesar de que Mónica Carmona lanzó un severo aviso a Pablo Iglesias subrayándole que si no daba marcha atrás al despido de su compañero, Podemos se enfrentaba a una posible acusación por encubrimiento u ocultación de pruebas, ya que ambos estaban investigando las supuestas irregularidades detectadas.

La letrada dice que el hoy vicepresidente segundo del Gobierno ni se molestó en responder.

Pero días después Carmona recibiría dos burofax, en el que los que le comunicaban su cese y le requerían que no desarrollara actividades relacionadas con el área de Cumplimiento Normativo. Además, le reducían al 50% su jornada laboral, una reducción unilateral que vulneraba el Estatuto de los Trabajadores.

La jurista tiene claro que va a pelear por sus derechos y su demanda contra el partido de Iglesias deja claro que no se va a conformar con migajas:

Yo pido la nulidad de esa reducción de jornada, porque la acordaron sin mi consentimiento. Y por eso deberían reincorporarme y abonar una indemnización de 75.000 euros.

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