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Objetivo, derrocar a Lesmes: el Gobierno controlará a 17 de los 21 miembros del CGPJ

Además de eliminar de la ecuación al PP, hasta ahora necesario para emprender cualquier cambio, supondrá que el Ejecutivo controle de forma completa el órgano durante cinco años

La reforma que prevé aprobar el Gobierno para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya está en marcha y su aprobación no significará exclusivamente el fin del periodo de mandato del órgano que ahora preside Carlos Lesmes. La iniciativa parlamentaria registrada por el PSOE y Podemos este martes impondrá un completo dominio del Ejecutivo sobre el órgano de gobierno de los jueces por un periodo de cinco años. La proposición de ley tendrá efectos inmediatos. Además de eliminar de la ecuación al PP, hasta ahora necesario para emprender cualquier cambio, supondrá que el Ejecutivo controle de forma directa a un total de 17 de los 21 miembros del Consejo.

Si se aprueba, se aplicará a finales de año, para elegir un Consejo sin la oposición. Y servirá para futuras renovaciones en las que si el PP vuelve a tener mayoría de la Cámara podrá tener también consejos en los que podrá tomar decisiones sin necesidad de pactar nada con el sector progresista. Ahora tiene mayoría en el que se niega a renovar, pero los conservadores están obligados a pactar con los progresistas los nombramientos, como ocurrió recientemente.

Se da la circunstancia de que el actual Gobierno tiene tres ministros que han sido vocales del CGPJ: Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Juan Carlos Campo. Los tres han participado en negociaciones y acuerdos en el seno del Consejo para pactar esos nombramientos y, a veces, cuando el CGPJ ya había cumplido con el plazo previsto de cinco años de mandato.

Lo que los partidos de la oposición ya definen como un “golpe de Estado” descabalgará de forma casi inmediata a Lesmes y, además, acallará a los vocales cuya elección no dependa de la mayoría parlamentaria que apoya al Ejecutivo. Al ser solo cuatro, no alcanzarán la minoría de bloqueo necesaria para que los pocos ‘supervivientes’ de la corriente conservadora paralicen aquellos nombramientos que no compartan. Para que la elección de un candidato no salga adelante, son necesarios nueve votos, muy lejos de los que reúnen los cuatro juristas que fueron en su día propuestos por el PP o sus socios de entonces. Esa incapacidad de bloqueo anula por completo la negociación entre sectores y deja las manos libres para que socialistas y morados diseñen toda la selección de cargos de los próximos años a su antojo. Sin posibilidad de réplica, discusión o negociación.

Este es el efecto inmediato que se desprende del texto firmado por Adriana Lastra y Pablo Echenique y que comenzará su andadura en el Congreso en las próximas semanas. Desde el arranque, la propuesta indica que la intención es adaptar la composición del CGPJ al “pluralismo existente en el seno de la sociedad española y en el seno del poder judicial” y destaca que la Constitución blinda con la necesidad de respaldo de una mayoría cualificada a aquellos juristas de reconocido prestigio que recaben el apoyo de las Cámaras para integrar el órgano. De los 20 vocales que forman parte del CGPJ, una minoría (ocho de ellos) pertenece a esta categoría.

La Carta Magna no dice nada, sin embargo, de los vocales del turno de jueces, los 12 restantes. Por ello, y para “cumplir el mandato constitucional“, el PSOE y Podemos proponen que estos sean elegidos por mayoría absoluta. Además, el texto registrado precisa que tras la elección de este ‘cupo’ mayoritario, se considerará renovado el Consejo y se celebrará una sesión constitutiva, tras la cual, lo previsto es que su primer acto sea elegir presidente. Lesmes sería así sustituido de forma inmediata por otro candidato de la elección directa del Gobierno sin necesidad de un pacto previo con otras fuerzas políticas.

La composición resultante de esta reforma será así la presencia en el órgano de 12 vocales del turno judicial elegidos sin mayoría cualificada más cuatro vocales del turno de juristas del Consejo actual: Álvaro Cuesta, Enrique Lucas, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Cuesta es exdiputado y exmiembro del Comité Ejecutivo del PSOE; Sáez fue nombrada alto cargo del Ministerio de Justicia por Dolores Delgado; Lucas es el representante del PNV, y Sepúlveda está muy vinculada al PSOE andaluz. Dos de ellos, Cuesta y Sáez, fueron los únicos vocales que, en el pleno del pasado mes de septiembre, siguieron las directrices del Gobierno y se opusieron a que el Consejo realizara nombramientos. El presidente saldría votado con margen con esos números, ya que para su elección hace falta mayoría de tres quintos en primera votación y mayoría simple en segunda votación.

El pluralismo

Fuentes jurídicas consultadas ven, además, “irónico y grotesco” que la propuesta de los partidos del Gobierno se refiera al “pluralismo en el seno del poder judicial” y aseguran que el CGPJ resultante no cumplirá ese supuesto objetivo. Los 5.341 jueces y magistrados en activo, o bien se reparten entre asociaciones de distintas sensibilidades o bien no están adscritos a ninguna de ellas. A 1 de enero de 2020, el 25% pertenecía a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, el 15,8% a la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria —considerada centrista— y el 8,4% a Juezas y Jueces para la Democracia (progresista). Un 6,3% pertenece al Foro Judicial Independiente y un 0,2% a Ágora Judicial. Juntos suponen casi el 56% de la carrera judicial, mientras que el 44% restante no está asociado.

Según estos datos, para respetar el pluralismo en la carrera, el reparto de los 12 vocales del turno judicial debería ser de tres para la APM, dos para la Francisco de Vitoria, uno para JJpD y otro para el foro, sumados a cinco miembros no asociados. La proposición de ley también cita la necesidad de adecuar el sistema de designación de vocales “al pluralismo existente en el seno de la sociedad española”. Sin embargo, en la Constitución, se aprecia como objetivo prioritario evitar una correspondencia absoluta entre mayoría parlamentaria y mayoría en el poder judicial, para preservar la separación de poderes e impedir las injerencias del Ejecutivo. Por ello, se establecieron distintos tiempos de mandato: cuatro años de legislatura pero cinco años de duración del mandato del CGPJ.

El propio Tribunal Constitucional sentenció en 1986 que es acorde a la Constitución que todos los vocales sean elegidos en Congreso y Senado, pero si se mantiene la mayoría cualificada de tres quintos que obliga a negociar y acordar entre los partidos. Si se aprueba la proposición de ley, habrá 12 vocales elegidos por mayoría absoluta y ocho por mayoría de tres quintos, lo que, además de ser una anomalía dentro de una misma institución, hace que los elegidos por consenso sean minoría, frente a los designados con menos apoyos. Esto podría ir contra la letra y el espíritu de la Constitución y, por eso, PP, Vox y Ciudadanos defienden llevar la reforma al Tribunal Constitucional. Ese recurso no paraliza la entrada en vigor y la renovación con esta nueva fórmula.

Otros críticos consultados recuerdan que tampoco parece lógico el argumento empleado por el Gobierno en el que se indica que el actual CGPJ no refleja el reparto de escaños de este momento. Dicen que habría que acudir en ese caso al que existía en la fecha en que entró en funciones, en diciembre de 2018, que es cuando debería haberse renovado. En ese momento, el PP tenía 137 escaños por 85 del PSOE. Por tanto, un CGPJ renovado en plazo (y con mandato hasta diciembre de 2023) tampoco sería reflejo del panorama político actual, surgido de las elecciones de noviembre de 2019.

Otra de las patas de la reforma planteada es la de congelar la acción del Consejo cuando este finalice su mandato de cinco años, de modo que no podría desarrollar actividad estando en funciones. La limitación de la capacidad del CGPJ para hacer nombramientos, indican algunos, provocaría que quedaran vacantes sin cubrir, con el consiguiente perjuicio al ciudadano, y también que cuando se cubrieran serían seleccionadas por un nuevo Consejo que estrenaría un periodo completo de cinco años. De este modo, el recién elegido acumularía los nombramientos anteriores, es decir, cubriría no solo las vacantes correspondientes a su mandato, sino las del periodo en que su predecesor hubiera estado en funciones. Los nombramientos así efectuados, destacan, incurren en la misma falta de “legitimidad democrática” que atribuyen PSOE y Podemos a los actuales.

La otra anomalía es que la reforma no se hace con proyecto de ley, con respaldo de informes preceptivos, sino por proposición de ley

Un CGPJ que hubiera terminado mandato no podría tampoco elaborar su memoria anual, que sirve de referencia de la actividad de los tribunales, ni podría abrir el año judicial. Y hay dudas también sobre la aplicación retroactiva de la norma, es decir, si es aplicable cuando termine su tramitación a un CGPJ como el actual que avaló su mandato mucho antes, hace dos años.

Otros de los límites a los que se enfrentaría un CGPJ en funciones son la imposibilidad de interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, con lo que no podría responder a una eventual injerencia del Ejecutivo en sus competencias. Quedaría atado de pies y manos frente a ataques a su independencia. Tampoco estaría habilitado para impartir instrucciones a los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales en materias de la competencia de éstos ni para elaborar y aprobar, conjuntamente con el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas, los sistemas de organización de trabajo.

La otra anomalía es que, pese al calado de la reforma, no se hace con proyecto de ley del Gobierno, con respaldo de informes preceptivos de órganos consultivos, sino por proposición de ley de los grupos que forman el Ejecutivo de coalición, algo muy inusual. Se hace así a pesar de que el texto ha sido elaborado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y de esta forma se tramita más rápido, sin objeciones técnicas e intentando evitar el coste político e institucional del Gobierno.

El Gobierno tiene votos suficientes para sacar adelante la reforma con mayoría absoluta de los votos de la investidura y luego para hacer los nombramientos. Sin embargo, algunos partidos minoritarios ven la reforma con recelo. Por ejemplo, Íñigo Errejón, de Más País, tuiteó este martes: “Los contrapesos en el Estado limitan cuando gobiernas, pero también dan garantías cuando estás en la oposición. Hay que gobernar pensando en que se está de paso. Lo estudiaremos, pero ojo que no sea peor el remedio que la enfermedad”.

 

En plena guerra abierta, el CGPJ ha acordado sacar a concurso otro cupo de nombramientos de peso. En esta ocasión prevé sacar adelante las designaciones de varias Audiencias Provinciales con el mismo consenso que ya se dio hace días en el caso de los nombramientos del Supremo. Estos últimos fueron el detonante para que se activara la amenaza de la reforma que inicia ahora el camino hacia la ejecución completa.

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