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‘Operación Kitchen’, un “encargo” de Estado para salvar a Rajoy

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy GTres

Los indicios en poder del juez y los fiscales afianzan la tesis de que el Gobierno del PP usó a la Policía para boicotear investigaciones judiciales con fines partidistas

ALEJANDRO REQUEIJO

TONO CALLEJA

“Órganos superiores de la Administración General del Estado” pusieron en marcha en 2013 un plan “parapolicial” con el objetivo de torpedear las investigaciones judiciales por corrupción que acosaban al PP y al Gobierno de Mariano Rajoy. Para ello pusieron a su servicio a la entonces dirección de la Policía Nacional, y financiaron con fondos reservados a una camarilla en la que destacaba el activo y polémico comisario José Villarejo. Así nació la operación Kitchen, un “encargo” de Estado que amenaza siete años después con salpicar hasta al propio expresidente del Gobierno.

“Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge (Fernández Díaz), Rajoy o CospedalTengo todo muy claro y muy fácil de probar”, este lamento con tintes de amenaza corresponde al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Lo dijo en junio del año pasado, cuando ya se sabía cercado por la Justicia. Hasta ahora, es el único expolítico imputado en el caso Villarejo de la Audiencia Nacional, pero la Fiscalía anticorrupción ya ha pedido al juez que siga escalando para buscar responsables más arriba.

Apuntan al exministro Jorge Fernández Díaz. Además de ser el máximo responsable de la seguridad durante el tiempo que se ejecutó el “operativo ilícito”, mantuvo con Martínez “comunicaciones directamente relacionadas con la infiltración” de los policías “en el momento de la obtención de la documentación comprometedora que se buscaba”. Según lo describió Villarejo en una de sus múltiples conversaciones con su grabadora de testigo, era “una operación para quitarle al Bárcenas papeles que comprometían al presidente”. A Rajoy le llamaban “el Barbas” o “el Asturiano”.

Grabaciones de Bárcenas y Rajoy

Y lo consiguieron, según cree el juez y los fiscales. Llegaron a robar el contenido de los teléfonos móviles de Bárcenas y uno de los comisarios implicados sostiene que se lo entregó al exsecretario de Estado. Se infiltraron en un estudio de arte de la mujer del extesorero en la calle General Díaz Porlier de Madrid. “Tenemos todas las grabaciones entre Bárcenas y el puto Rajoy hablando de toda la mierda”, se llegó a jactar el empresario y amigo de Villarejo, Adrian de La Joya. Ni siquiera era policía, pero estaba al tanto de todo. De existir esas grabaciones, nunca han trascendido.

Para entender la operación Kitchen, es necesario situarse en aquel momento. En 2013, Villarejo era intocable. Sus escándalos todavía no habían saltado a los medios de comunicación, que informaban casi a diario de los avances en los tribunales del caso Gürtel y la caja B del partido, que controlaba Bárcenas. El extesorero amenazaba con tirar de la manta y tanto el partido como el Gobierno contenía cada mañana la respiración a la espera de las portadas de los periódicos. Es la época de la publicación del SMS de Rajoy: “Luis, sé fuerte”.

Para los fiscales, Cospedal “tendría interés personal en que la operación tuviera éxito” como afectada por la documentación comprometedora que pudiera existir sobre ella. También como secretaria general del PP, por lo que pudiera afectar a otros dirigentes del partido.

Los policías de Kitchen

Por debajo de ellos confluyen una serie de perfiles policiales. Se juntaron inspectores ambiciosos y comisarios resabiados. Los primeros buscaban ganarse el favor político que conllevaba medallas pensionadas de por vida y mejores destinos. Los veteranos, mantener su poder tras años de escaso control interno. Allí estaba Villarejo -quien se presentaba como agente encubierto- su jefe y número dos de la Policía, Eugenio Pino, un exresponsable de los antidisturbios que el PP otorgó carta blanca en el Cuerpo desde 2012 hasta que se jubiló en 2016.

Están también otros habituales como el comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo, un veterano de la lucha antiterrorista y el control de confidentes. Allí aparecen también José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez, Marcelino Martín Blas o Andrés Gómez Gordo, un ex jefe de seguridad de Cospedal al que apodaban “Cospedín”. No aparece en cambio el director general de la Policía de entonces, Ignacio Cosidó, lo cual sería significativo de no ser por su conocida enemistad con Fernández Díaz, que le puenteaba y trataba directamente con Pino.

Ninguno de los mandos citados pertenecían a la Policía Judicial de la que dependen las unidades como la UDEF, dedicadas a investigar los casos de corrupción a las órdenes de jueces y fiscales. De hecho, los protagonistas de la operación Kitchennunca dieron parte de sus trabajos al juez de la Audiencia Nacional que investigaba la caja B del PP. Los testigos de la UDEF interrogados en el marco de esta causa cuentan que a ellos tampoco les remitieron la documentación que le quitaron a Bárcenas.

La infiltración

Para ganarse la confianza del extesorero y su mujer, lo que hicieron fue captar al chófer del matrimonio, un joven llamado Sergio Ríos. Antes había sido escolta de Granados y presumía de haberle llevado regalos a Cospedal de parte del cabecilla de la trama Púnica. Tutelarle como confidente fue motivo de tensiones internas en el clan policial. Primero lo intentó García Castaño, pero no lo logró. Según Villarejo, fracasó porque le entró con un lenguaje de “todo por la patria” y el chófer se asustó. Al final le captaron entre el exjefe de seguridad de Cospedal y Villarejo.

Le pagaron un sueldo mensual de 2.000 euros a cargo de los fondos reservados sin especificar los motivos o el nombre de la operación, según declaró un gestor de ese dinero destinado en la Dirección de la Policía. Le compraron una pistola y le enchufaron en la Policía Nacional. De todo esto informaron al número dos de Interior. “Tronco tú no has hecho nada ilegal, tú has dado información a un agente”, le repetía Villarejo al chófer reconvertido en espía. Para convencerle, participó el marido de Cospedal, el empresario López del Hierro para quien la Fiscalía también pide la imputación.

La relación de López del Hierro con Villarejo se remonta a 2009 cuando hizo de nexo entre el comisario y su esposa en la sede del PP en la calle Génova. Ya entonces el mando le ofreció boicotear Gürtel de la mano de su amigo y también comisario José Luis Olivera. Este veterano comisario alcanzó altas cotas de poder en la seguridad del Estado, tanto con el PSOE como con el PP. Aparece en casi todas las piezas del caso Villarejo. Marcado por la polémica, dejó este año el Cuerpo y ahora desempeña un cargo de seguridad en la Real Federación Española de Fútbol. Es cuestión de tiempo que la Fiscalía también pida su imputación.

La caída en desgracia

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso este periódico es un repaso a toda la trayectoria de estos protagonistas, desde su condición de intocables a su realidad actual como investigados y despojados de la influencia de antaño. Durante todo el relato, se aprecia cómo Villarejo le pide constantemente a García Castaño una copia del material sensible que le quitó a Bárcenas. Incluso le ofrece usarlo para chantajear a los superiores que lo cesaron y a los políticos que le dieron la espalda. “Empieza a sacar los dientes”, “eres un mierda, ¿cómo lo has permitido?” “dile al barbas que lo meto en la cárcel a él el primero”, “yo le habría dicho al ministro: ‘os busco la ruina’”.

El secretario de Estado también cayó en desgracia cuando estalló el caso en la Audiencia Nacional. Intentó pactar con García Castaño una estrategia conjunta, pero el comisario le implicó ante el juez. Pidió protección al partido y no se la dieron. Le sacaron de las listas electorales de la oposición a la que se vio abocado el PP tras perder el Gobierno precisamente tras la sentencia del caso Gürtel. No atendieron ni a su solicitud de ser diputado autonómico. Escribió a Rajoy, pero no le hizo caso. Lo mismo sucedió con el actual secretario general del PP, Teodoro García Egea. Mientras, el exministro Fernández Díaz presentaba sus memorias rodeado de todo el partido. Francisco Martínez fue acumulando malestar por el abandono hasta que estalló.

Fue al ver una entrevista de Vozpópuli al que fue su jefe durante cinco años. Fernández Díaz  aseguraba haberse enterado por la prensa de la existencia de un presunto espionaje a Bárcenas. Días después, Martínez acudió a un notario para dar fe de los SMS que le mandaba el ministro sobre los trabajos de los policías: “La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 Iphone y 1 i Pad)”, “Chófer B: Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”.

El exsecretario de Estado llegó a redactar todos sus pensamientos en “un mensaje para trasladar”: “Si me cita el juez seré muy claro y entregaré todo el material probatorio que pueda aportar. Lo que nadie puede pretender es que sea una especie de mártir de una causa que no era la mía”. Martínez podrá cumplir su palabra cuando sea citado por el juez, que este lunes levantó el secreto de la causa y hace ya meses que recibió el permiso del Consejo de Ministros para poder interrogarle sobre secretos de Estado.

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