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Podemos señala al juez que imputó a Monedero

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La Razón

Acusan al magistrado y a la Policía de investigar de forma «paralela» al político

La defensa de Podemos en el “caso Neurona” ha enviado un escrito al magistrado de Madrid que investiga la causa, Juan José Escalonilla, en el que acusa al propio instructor y a los agentes de la Policía Judicial de haber llevado a cabo una investigación “paralela” y “secreta” sobre Juan Carlos Monedero, quién está imputado en el procedimiento.

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Podemos concluye, en el mismo sentido, que se ha producido “una investigación secreta con una paralela hipótesis policial” en la que su derecho de defensa “se estaba ejercitando sin indicios, a ciegas y sin posibilidad de participación en la instrucción”, destacan los abogados de la formación liderada por Pablo Iglesias.

Instrucción “oficial”

“Buena prueba de lo innecesario de la declaración de secreto, en nuestra opinión, es que en la instrucción ‘oficial’ se acordaban diligencias de investigación de la misma naturaleza. No parece que se haya puesto en riesgo el objeto de la instrucción al acudir a la regla general de un proceso público con todas las garantías, […]. Es más, varias diligencias de investigación se han solapado indistintamente tanto en la instrucción ‘oficial’ como en la ‘paralela”, completa el escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Por ello, los abogados de Podemos entienden que la investigación secreta sobre Monedero no era necesaria, “dado que, como ya hemos dicho y es de público conocimiento, es prácticamente imposible manipular o interferir datos que tienen ya un rastro imborrable”, especifica el documento, que se refiere a las informaciones bancarias de Monedero que vienen reflejadas en los informes de la Agencia Tributaria.

“Hipótesis policiales”

En el escrito también se lamenta que mientras se investigaba en secreto a Monedero el resto de personas investigadas acudieron a declarar “en el ejercicio pleno (o no tanto) de su derecho a la tutela judicial efectiva y en la confianza legítima de que lo actuado en el procedimiento era lo que obraba en la causa”.

Mientras tanto, continúa el escrito de la formación morada, “se estaba investigando en paralelo nuevas hipótesis policiales sobre presuntos hechos que no han podido ser sometidos a contradicción por las defensas, así como informes policiales que contenían información que podía ser aclarada, matizada o contrastada por las personas investigadas en sus declaraciones, condicionando así su estrategia defensiva y perturbando el contenido material del derecho de defensa”.

Asimismo, los letrados consideran que la investigación de un delito electoral no tiene “la suficiente entidad como para limitar de forma tan grave un derecho fundamental”, como es el secreto bancario, y “por un plazo tan extenso y para averiguar información obrante en cuentas bancarias y en organismos oficiales. Por tanto, entendemos que no concurría la circunstancia habilitante para la medida acordada, carecía de la motivación suficiente y ha limitado innecesariamente el derecho de defensa de las personas investigadas, generando indefensión”, concluye el escrito dirigido al juez Escalonilla, quién tomó la decisión de investigar en secreto a Monedero tras reclamárselo la UDEF.

“Facultades adivinatorias”

En el documento Podemos critica la conclusión a la que llega la UDEF de que existe una relación entre la factura y la constitución de la sociedad Neurona Comunidad SL, que fue contratada por Podemos por 363.000 euros poco antes de las elecciones generales del 28-A: “Nexo que todavía se desconoce, ya que más que una conclusión, la hipótesis de la UDEF planteada en condicional no concreta en qué consiste la supuesta conexión ni ese ‘verdadero motivo”, zanjan los letrados.

Además, los investigadores se olvidan, según Podemos, de un dato “relevante”. Que es que el 30 de diciembre de 2018, fecha de emisión de la factura de 30.00 dólares que percibió Monedero el 25 de enero de 2019, era “materialmente imposible” asegurar que fuera a producirse una convocatoria de elecciones generales en los meses siguientes.

“Por tanto, si la hipótesis policial parte de una supuesta conexión entre una factura emitida el 30 de diciembre de 2018 […] y la constitución de una sociedad para su posterior contratación por parte de Unidas Podemos para la campaña electoral, contratación que se presume ‘ad hoc’, entonces es inevitable plantearnos que, o los investigadores no han tenido en cuenta el contexto de la política española en ese lapso temporal o que por el contrario les han otorgado a ambas partes facultades adivinatorias sobre un hecho desconocido (la convocatoria de elecciones generales que llevó a la constitución y contratación de Neurona) en el momento de emitir la factura presuntamente falsa”.

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