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Quim Torra se asegura una pensión vitalicia de 92.000 euros pese a su inhabilitación

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La Fiscalía avaló que Mas cobrara su asignación como ex presidente de la Generalitat tras ser inhabilitado por la consulta del 9-N

Inhabilitado para el ejercicio de cargo público por haber desobedecido contumazmente a la Justicia, pero con todas las jugosas prerrogativas de cualquier otro ex presidente de la Generalitat aseguradas.

Tras alcanzar la Presidencia sin ninguna experiencia política y después de sólo 28 meses de mandato, Quim Torra, de 57 años, se asegura un sueldo de unos 120.000 euros durante los próximos cuatro ejercicios y una pensión vitalicia de 92.000 cuando cumpla los 65.

Así lo dispone el Estatuto de los ex presidentes de la Generalitat, ley aprobada en 2003, poco antes de que Jordi Pujol se retirara, para garantizar al fundador de Convergència un retiro dorado. Paradójicamente, Pujol es el único ex president que no disfruta de sus privilegios tras haberse visto empujado a renunciar a ellos en 2014 tras su confesa evasión fiscal.

La ley establece que, tras abandonar el cargo, los presidentes de la Generalitat tienen derecho a percibir el 80% de su retribución durante la mitad de su mandato o, como mínimo, una legislatura si no ha llegado a completarla, como ocurre en el caso de Torra, que tomó posesión en mayo de 2018.

Alcanzada la edad de jubilación, los ex presidentes pasan a recibir una pensión vitalicia correspondiente al 60% de su retribución cuando ostentaban el cargo. En el caso de Torra ascendía hasta 153.000 euros.

Además, para «garantizar que puedan atender sus necesidades personales e institucionales con la dignidad y el decoro que corresponden a las funciones ejercidas», Torra tendrá derecho a una oficina de ex presidente de la Generalitat sufragada por el erario con tres personas a su servicio; una dotación presupuestaria para gastos de representación, un coche oficial con chófer y escolta de los Mossos d’Esquadra.

El mantenimiento de estas oficinas obliga a la Generalitat a importantes desembolsos, siendo la más cara la de José Montilla, que la mantiene a pesar de su reciente fichaje por Enagás. La oficina del ex presidente socialista supone un coste anual para las arcas catalanas de 400.000 euros, tal y como reveló este diario el pasado mes tras su incorporación a la gasística. El ingreso en un consejo de administración no supone una incompatibilidad para mantener esta prerrogativa, pero sí para seguir cobrando la pensión vitalicia, de ahí que Montilla renunciara a su paga, pero no a su despacho en la avenida Diagonal, que cuesta 105.000 euros anuales, ni a su personal adscrito y gastos sufragados, que completan la factura de 400.000 euros.

La inhabilitación para cargo público tampoco priva a los ex presidentes de la Generalitat de recibir sus privilegios. Prueba viviente de ello es Artur Mas, quien, pese a ser inhabilitado por la consulta ilegal del 9-N, recibió su asignación hasta el pasado mes de marzo y cobrará su pensión vitalicia en cuanto cumpla los 65 años. También mantiene el padre del procés su oficina, con un coste asociado de 186.000 euros anuales, mucho menor que la de Montilla por la simple razón de que cada ex presidente de la Generalitat puede escoger el inmueble en el que la establece. Torra bajara elegir Girona para asentarse.

El pasado junio, la Fiscalía Superior de Cataluña emitió un informe a requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que avalaba que Mas no burló su condena al cobrar su asignación tras ser inhabilitado en febrero de 2019. Consideró el Ministerio Público que la pena no se podía extender a los «honores anexos» al cargo por el que fue inhabilitado. Con este precedente, Torra desobedeció sobre seguro, sabedor de que su pensión estaba asegurada.

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