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Sánchez, prisionero del acuerdo que firmó con Iglesias para reformar el mercado de la electricidad

Echenique, Montero y Garzón no han perdido el tiempo para recordarle al PSOE los cambios pactados «que harán bajar los precios de la luz»

El espectacular incremento del precio de la luz en este mes, sobre todo durante el paso de la borrasca Filomena y la actual ola de frío, ha cargado de razón a Unidas Podemos para exigir a sus socios de Gobierno del PSOE que cumpla los acuerdos de legislatura firmados hace un año para poner «patas arriba» el actual modelo eléctrico. El asunto ha provocado una nueva gresca en el seno del Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien está entre la espada de la facción populista del Gobierno y la pared del documento firmado.

Además, esta subida de la luz se ha vuelto en contra del propio Ejecutivo de coalición, ya que sus líderes criticaron en su día con dureza otros

incrementos de los precios –bastante menores que los actuales– que hubo con el Gobierno de Rajoy. Por eso, Pablo Casado aprovecha ahora para exigirle a Sánchez «medidas inmediatas frente a la incomprensible» subida de la luz.

En el mencionado acuerdo se hace referencia a la reforma del mercado eléctrico «para acabar con la sobrerretribución» (conocida como “beneficios caídos del cielo”) que reciben en el mercado mayorista las nucleares y las hidráulicas, y a la modificación de la factura de la luz, entre otras cuestiones.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha sido de los primeros en asegurar que la subida del precio de la luz es una «vergüenza» y alega que llevan insistiendo desde 2018 al PSOE para aplicar las reformas, aunque «con poco éxito». Además, insistió en la creación de una empresa pública de energía para competir con el «oligopolio privado» y «recuperar para lo público empresas malvendidas a capitales extranjeros, como Endesa».

Asimismo, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha afirmado que el Gobierno persigue «bajar el precio de la electricidad» y recalca que una empresa pública energética «no controlaría el mercado ni es la panacea», pero «mejoraría el margen de acción pública y se conseguiría cambiar la estructura de mercado». Su compañera de Gabinete Irene Montero, ministra de Igualdad, afirmó ayer que su formación llegará hasta el final para propiciar que el PSOE cumpla la reforma del mercado eléctrico, el cual, presenta unas «prácticas oligopólicas claras».

Ribera echa el freno a Podemos

Por parte del PSOE dio la cara ayer la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, que insistió en que la subida de los precios es «puntual» y calcula que la misma será de entre cuatro y diez euros en el recibo de enero.

También frenó las ansias de reformar el sector mostradas por los dirigentes de Unidas Podemos. «Todavía tenemos enfoques distintos respecto a las medidas más adecuadas». De hecho, aseguró en el «Spain Investors Day» que nacionalizar o crear una eléctrica estatal «no es una buena idea».

La ministra, con una amplia trayectoria en la UE, sabe perfectamente que cambiar el mercado mayorista que determina los costes diarios de la electricidad no es fácil, por cuanto es el mismo sistema que funciona de forma interconectada en otros 22 países.

De momento, el Ejecutivo le ha pasado la pelota a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) para que averigüe si el mercado eléctrico está funcionando correctamente. Además, ha rechazado una posible rebaja del 21% del IVA que grava la electricidad, tal y como afirmó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los consumidores españoles de electricidad soportan un IVA sobre la electricidad de los más altos de la UE.

El Gobierno tampoco se ha planteado la supresión o reducción del denominado impuesto especial sobre la electricidad (5,1127%) que se creó hace más de 20 años para financiar el carbón, combustible que ya no se utiliza en nuestro país.

El Estado recauda 4.500 millones

Las arcas del Estado recaudan por el IVA sobre la electricidad más de 3.000 millones de euros al año y por el otro impuesto unos 1.500 millones. Ambas cifras pueden bajar este año al descender el consumo.

Hay que subrayar que esta fiscalidad supone aproximadamente el 21,38% del importe total de la factura. Si sumamos el 41% que representan los costes regulados (fijados por el Gobierno), resulta que solo el 37% del recibo corresponde a la energía consumida. Es más, si el cliente no gasta un solo kilovatio, en la factura le aparecen los mencionados impuestos. Es lo que sucede con las segundas residencias: los meses en los que las viviendas están vacías reciben facturas con importes de entre 6 y 12 euros, según la potencia contratada.

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