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Secretos oficiales: el muro que oculta parte de la historia reciente de España

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DIEGO MOLPECERES

El Congreso toma en consideración una proposición que podría poner fin a que la declaración de confidencialidad de determinados asuntos no prescriba nunca

La posición de España en la guerra de las Malvinas, el accidente de Palomares, la descolonización del Sáhara occidental, el 23-F o el ahora tan de actualidad asunto de los GAL. Son episodios de la historia de España sobre los que sigue pesando una opaca cortina gracias a una norma heredada del franquismo que ningún Gobierno se ha atrevido a cambiar. Inteligencia, relaciones exteriores, política militar e interior, industria o energía son aspectos blindados donde muchas veces se ha echado mano en exceso del sello de ‘secreto’.

Aunque todos los países protegen su información sensible, España es una especie de anomalía entre las democracias de nuestro entorno. Nada se desclasifica si no lo decide el Ejecutivo de turno. En 2010, el Consejo de Ministros decidió -a propuesta del titular de Exteriores Miguel Ángel Moratinos– declarar secreto todo lo relativo a catorce materias que engloban casi toda la política exterior del Estado. La actual titular de Defensa, Margarita Robles, dio el pasado año un paso en sentido contrario, al desclasificar documentos anteriores a 1968 que reposan en los ocho archivos militares.

Ahora, una proposición de Ley presentada por el PNV que se tramitará en el Congreso pretende introducir plazos de caducidad automática de la confidencialidad. Los nacionalistas vascos proponen que los documentos de materias calificadas como reservadas se puedan publicar a los diez años y que los asuntos secretos se conozcan tras 25 años, salvo una prórroga adicional de 10 años declara por el Consejo de Ministros.

Además de una norma vetusta, historiadores y archiveros coinciden en denunciar la falta de organización de los documentos declarados secretos a lo largo de todo el siglo. Teóricamente, cada departamento ministerial u organismo público debería tener un registro de información clasificada. Al menos una vez al año los órganos de control deberían realizar un inventario de toda la información clasificada en los diferentes grados y remitirlo a un Registro Central dependiente del CNI.

Pero este control interno también es secreto. “Lo primero que nos falta es una relación de qué documentación está clasificada. Los investigadores no tienen ese primer punto y no saben cómo ni dónde pedir los documentos”, lamenta el historiador y profesor de la Universidad Complutense Carlos Sanz, especialista en las relaciones entre España y Alemania durante los años 50 y 60.

“Allí yo he pedido documentación clasificada, que no podía consultar todavía, pero tengo una idea de qué va el documento, en qué archivo está y en qué plazo se podrá consultar. Me informan además de qué procedimiento puedo seguir para pedir que se acorte ese plazo de consulta”, explica.

Muchos documentos directamente han desaparecido, han sido destruidos o los cargos públicos de la época decidieron llevárselos consigo

Algo similar ocurre en Estados Unidos, donde una comisión decide cada año sobre los documentos a desclasificar porque ha vencido el plazo. Sólo en casos puntuales se acuerdan prórrogas, durante las que los investigadores pueden cursar peticiones de acceso. “En España no hay nada de eso. Si te dicen que el documento está clasificado, puedes hacer todo lo que quieras, pero no lo vas a ver”, afirma el profesor de historia en la Universidad de Maastricht Pablo del Hierro, que realizó su tesis de doctorado sobre las relaciones entre España e Italia durante el franquismo.

¿Cómo se custodian los secretos de Estado?

España cuenta con una normativa específica dictada por la Autoridad Nacional para la protección de la información clasificada, que establece cómo hay que tratar la misma. Detalla procedimientos de custodia, transporte y acceso a información que puede estar clasificada con distintos grados, en función del perjuicio que puede ocasionar su difusión no autorizada. Son secretoreservadoconfidencial y de difusión limitada.

Pero muchos documentos directamente han desaparecido, han sido destruidos o los cargos públicos de la época decidieron llevárselos consigo. A ello se suma que la gestión documental adolece en nuestro país de un problema estructural. “La documentación que genera la Administración, por falta de medios humanos y materiales en los archivos, no está controlada como debería. Si en un archivo hay información clasificada, pero no está bien descrita, bien organizada, es como que no existe”, enfatiza Henar Alonso, miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado.

Por eso, dada la situación en muchos archivos tanto nacionales como de los propios ministerios, la caducidad automática de la confidencialidad de las materias clasificadas tampoco parece ser la panacea. “La propuesta de añadir plazos a la ley de secretos oficiales es un parche. Lo único que está haciendo es posponiendo la solución. De salir adelante la reforma, no cambiaría en absoluto la situación”, concluye esta especialista, que pide la puesta en marcha de una ley general de archivos que clarifique las cosas.

De momento, la norma importada de la dictadura sirve ahora a los gobiernos para denegar peticiones ciudadanas de información al amparo de la Ley de Transparencia como los datos sobre los viajes del presidente o de los miembros de la Casa Real en la flota de aviones oficiales.

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