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Spiderman y el asalto al poder judicial

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El Gobierno no sólo no busca garantizar la independencia de los jueces del Legislativo sino que pretende someterlos al Ejecutivo de turno.

La Constitución no se puede leer en abstracto sino en su contexto y en su evolución histórica. Por eso, la proposición de ley presentada por Podemos y el PSOE para renovar la cúpula del poder judicial, con el pretexto de salvar el veto del PP, supone una peligrosa involución que atenta directamente contra la independencia del Poder Judicial .

Literalmente la Constitución no dice nada sobre la designación de los 12 miembros, sobre 20, del Consejo General del Poder Judicial, que deben ser elegidos entre jueces y magistrados, pero cuando se redactó nadie discutía que esa decisión era ajena al poder político. De hecho, en este aspecto, nuestra Carta Magna era una copia en el texto y en el espíritu de la italiana de 1948 y suponía un homenaje en toda regla a Montesquieu y la separación de poderes, base de todas las democracias occidentales. Como la Constitución no decía nada sobre la elección de esos 12 miembros, los políticos aprovecharon la Ley Orgánica de 1985 para intentar poner un poco de “interpretación”, que a la postre puede resultar una peligrosa vía de agua sobre todo un sistema de garantías que el ciudadano de a pie es incapaz de percibir.

La entonces enmienda Bandrés proponía que estos 12 miembros fueran elegidos también por una mayoría reforzada de tres quintos en las Cámaras. La propuesta dio lugar a un recurso de insconstitucionalidad cuya resolución fue polémica. El Tribunal Constitucional vino a decir que la iniciativa no encajaba en el espíritu de nuestra Carta Magna y que constituía un peligro en sí misma, pero, quizás pecando de ingenuidad y de buena fe, resolvió que, como no estaba prohibida expresamente, no era inconstitucional. Quienes redactaron aquello confiaron en la madurez de una clase política capaz de llegar a valiosos consensos y consideraron que esa mayoría reforzada de tres quintos era suficiente garantía. A la vista de lo que ha ocurrido se equivocaron. Los políticos no solo han sido incapaces de revertir aquella injerencia en todos estos años sino que han ido apropiándose de un poder que no les corresponde, arrastrando con ellos a unas asociaciones de jueces y magistrados a las que hace ya mucho tiempo se les coloreó la toga.

La modificación que ahora propone el Gobierno, usando a sus grupos parlamentarios, va aún más allá. No sólo no busca garantizar la independencia de los jueces del Legislativo sino que pretende someterlos al Ejecutivo de turno recuperando aquella propuesta de Podemos de 2016 en la se decía que los jueces debían ser designados por “su compromiso con el programa de Gobierno”, entendiendo que era de su Gobierno. Un burdo asalto a los derechos de los ciudadanos sobre el que el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse antes de que este Gobierno cruce el Rubicón.

“Un gran poder exige una gran responsabilidad”. Muchos aficionados al cómic, entre los que se encuentra algún vicepresidente del Gobierno, creen que esta frase es del tío de Spiderman, cuando en realidad es un legado de Roosevelt dos días antes de morir. No es ciencia ficción sino una máxima sobre la que pivota nuestra libertad.

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