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Economia

Avalancha de demandas de la hostelería y el comercio en los tribunales para aplazar el pago de los alquileres

Javier Romera

  • Un juez ha admitido ya medidas cautelares eximiendo a una discoteca del pago de la renta

  • Las empresas judicializan el problema ante la falta de iniciativas por parte del Gobierno

El comercio y la hostelería han puesto en marcha una avalancha de demandas para solicitar en los tribunales moratorias en el pago de los alquileres ante la inacción del Gobierno. Moncloa dejó en manos de la negociación privada la solución del problema, pero, ante la falta de acuerdo, muchos establecimientos que se han visto obligados a cerrar o sufren fuertes restricciones de horario han decidido acudir a los juzgados para reclamar aplazamientos o rebajas del precio.

Paula Nevado, secretaria general de la patronal Marcas de Restauración, que agrupa a compañías como McDonald’s, Telepizza, Autogrill, Areass, Comess Group (Lizarran) o el grupo Alsea, dueña de Foster’s Hollywood o Vips, explica que la situación es insostenible y que “ante la falta de una regulación, como ha ocurrido en otros países, las empresas se han visto obligadas a judicializar los alquileres”, tal y como, por otra parte, se había advertido ya que iba a pasar. “Si a un empresario le obligan a cerrar su establecimiento, lo que no puede ser es que se le obligue a seguir pagando el alquiler y asumir unos costes que no puede afrontar ante la falta de ingresos”, dice Nevado. Y no es una cuestión solo de las grandes cadenas porque toda la hostelería está en la misma situación y son cientos los bares, restaurantes y cafeterías que están acudiendo a los tribunales. “Cada empresa está actuando a título individual pero es cierto que hay muchas demandas en este sentido”, confirman desde la patronal Hostelería de España.

Un auto histórico

Precisamente, el presidente del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno y de Espectáculos de Madrid (CEONM), Tito Pajares, ha conseguido por primera vez esta semana un auto sobre medidas cautelares favorable en la que el magistrado acuerda la suspensión del pago de la renta hasta que no se permita la reapertura del local. Y no solo eso porque, además, una vez que pueda restablecerse la actividad, estima la reducción de la renta a un 50% de la misma.

Pajares asegura que “los propietarios de discotecas, salas de fiestas y espectáculos representamos uno de los sectores más castigados económicamente por la pandemia, ya que muchos no hemos podido abrir al público desde el pasado mes de marzo”. El espíritu del auto recoge el carácter extraordinario y sobrevenido de esta crisis sanitaria y su extensión al ámbito económico del país ,que ha impedido la viabilidad del negocio. Según el tribunal, no puede aceptarse que la prohibición de la apertura de los establecimientos o la reducción drástica de horarios o de aforos como consecuencia de la Covid-19, pueda ser considerado un incumplimiento de la obligación de pago por el arrendador.

Este auto sobre medidas cautelares abre el camino para que futuros autos se pronuncien en el mismo sentido, no sólo para el sector del ocio nocturno, sino que sienta un sólido precedente para todos aquellos comercios que han visto interrumpida su actividad durante los meses del confinamiento y han visto reducido su aforo en los meses posteriores, no pudiendo hacer frente al coste de alquiler de esos locales.

Y lo que está pasando en la hostelería o el ocio nocturno no es tampoco ajeno al comercio, que se enfrente a una situación muy parecida, especialmente en los grandes centros comerciales donde sus propietarios se niegan en la gran mayoría de los casos a eximir el pago del alquiler o establecer ningún tipo de moratoria. La llegada de la segunda oleada y la drástica ralentización del consumo en el sector, que está registrando una reducción de la actividad de hasta el 50% en muchos casos, han hecho saltar todas las alarmas. Según la Confederación Española de Comercio (CEC), las previsiones de cierre alcanzan a la mitad de los negocios a final de año, lo que supone la desaparición de casi 250.000 establecimientos y 600.000 puestos de trabajo.

Respecto a los alquileres, el tesorero de la CEC, Carlos Moreno-Figueroa, admite que hay “intereses encontrados” ya que “los propietarios de los centros comerciales han cobrado la mayor parte de los alquileres o tienen posibilidad legal de cobrarlos y, por otro lado, los arrendatarios de las tiendas que se tienen que hacer cargo de todos los costes, después de dos meses y medio sin vender nada”.

La CEC valoró “con moderada satisfacción el acuerdo de prórroga de los Ertes alcanzado“, pero asegura también que no es suficiente. La patronal del pequeño comercio muestra también su preocupación por la no exoneración en las cuotas de la Seguridad Social para los Ertes que se encuentran actualmente vigentes, a diferencia de los nuevos expedientes para los que sí se contemplan exenciones decrecientes en función del mes y número de trabajadores.

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