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Economia

El arsenal de Montero contra la economía sumergida se queda corto: solo servirá para aflorar el 0,8% del fraude fiscal

Eduardo Ortega Socorro 

Las medidas que propone el Ministerio de Hacienda permitirán la recaudación de 828 millones de euros.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un proyecto de ley para aplicar un conjunto de medidas contra el fraude fiscal orientadas hacia el entorno digital y los grandes patrimonios. Con ella, el Ministerio de Hacienda espera mejorar la recaudación en 828 millones. Sin embargo, esto solo supone un mero arañazo en la superficie de la economía sumergida en España.

Según indican a Invertia desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), el fraude fiscal provoca que las arcas públicas pierdan unos 91.600 millones de euros al año. 60.600 millones por impuestos evadidos y 31.000 millones por cotizaciones a la Seguridad Social defraudadas.

Esto hace que las medidas propuestas por Hacienda (que todavía se tienen que negociar y aprobar en el Congreso de los Diputados y en el Senado) tan solo rocen el iceberg de la economía sumergida nacional. De hecho, solo aflorarán el 0,8% del fraude fiscal patrio.

La causa está en que España necesita artillería pesada contra este problema. La tasa de economía sumergida en nuestro país es del 24,52%. Esta cifra supone ocho puntos más que la media de la Unión Europea, que es del 16%.

Es decir, que, según estos datos, en España se evaden 31.800 millones de euros en impuestos y cuotas a la Seguridad Social más que la media europea.

Inversión

Cabe recordar que, a día de hoy, España tiene ante sí una brecha fiscal (es decir, de recaudación tributaria) respecto a la media de los países de la zona euro de al menos 70.000 millones. Una diferencia que se podría quedar en la mitad que el Gobierno refuerza de forma masiva los efectivos de la Agencia Tributaria, según Gestha.

Los técnicos de Hacienda apuestan sumar entre 15.000 y 17.500 efectivos nuevos a la agencia tributaria, además de integrar a los más de 9.000 técnicos del Ministerio en un cuerpo superior de nueva creación.

El refuerzo de recursos humanos de la Agencia, según Gestha, se podría financiar a través del Plan de Recuperación que España va a activar a partir de 2021 con fondos europeos.

A Gestha no le falta razón respecto a la precariedad de efectivos de la Agencia TributariaSegún datos de UGT, entre 2010 y 2020, el ente ha perdido casi un 10% de su personal, pasando de 27.808 trabajadores a 25.249.

Medidas

El proyecto de ley contra el fraude fiscal fija la prohibición del denominado software de doble uso. También exige que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de operaciones.

Sobre las criptomonedas se obliga a informar sobre saldos, titulares de monedas y operaciones que se realizan, ya sea adquisición, transmisión, cobro o pagos con este instrumento, así como informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y servicios en el exterior sobre la tenencia de monedas virtuales en el extranjero.

La norma limita los pagos en efectivo para determinadas actividades económicas, reduciéndose de los 2.500 euros actuales a los 1.000 euros entre profesionales y empresarios. Permanece en 2.500 euros para particulares, aunque el objetivo es “ir disminuyendo cuantías” para combatir la economía sumergida.

A su vez, se reduce de 15.000 euros a 10.000 euros el límite para pago en efectivo en el caso de particulares con domicilio fiscal en el exterior.

Prohibición de amnistías fiscales

Igualmente, se recoge la prohibición de las amnistías fiscales y en paralelo se actualiza y amplía el concepto de ‘paraíso fiscal’, que pasan a denominarse jurisdicciones no cooperativas, en línea con los criterios de la UE y la OCDE.

Esto que implica que se incluirán, por ejemplo, los territorios que faciliten la existencia de sociedades extraterritoriales para atraer beneficios sin actividad económica real, aquellos con opacidad y falta de transparencia, territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información o donde exista una baja o nula tributación. Hasta ahora solo se incluía nula tributación.

Asimismo, se incluirán los regímenes fiscales preferenciales perjudiciales establecidos en territorios que facilitan el fraude, por ejemplo, regímenes que dan un trato de favor a los no residentes respecto a los residentes, y se habilita al Gobierno para actualizar la lista de paraísos fiscales, con revisión periódica con un “enfoque dinámico”.

Se amplía también la lista de deudores tributarios al disminuir de un millón a 600.000 euros el umbral cuya superación conlleva la inclusión en el listado con el fin de agilizar el pago de la deuda, y se incorporarán a la ‘lista de morosos’, junto a los deudores principales, a los responsables solidarios.

Seguridad jurídica

Ante la elevada litigiosidad existente en la valoración de los bienes y derechos afectados por los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (IPT y AJD), Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, se lleva cabo una reforma para dar “seguridad jurídica” a contribuyentes y administraciones tributarias, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo.

Concretamente, en el caso de bienes inmuebles, el valor de referencia del Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva, basándose en todas las compraventas de nmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario, y se calculará con unas reglas técnicas “justas y transparentes”, fijándose por Catastro mediante un “garantista procedimiento administrativo para su general conocimiento”.

Hacienda ha indicado que este nuevo uso del valor de referencia cuenta con el apoyo de las autonomías de forma “unánime” y es fruto del consenso alcanzado en el Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria. En él, las regiones manifestaron su voluntad de suscribir de forma inminente convenios de colaboración con el Estado para la coordinación de actuaciones relativas al valor de referencia.

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