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El Estado ingresaría 9.525 millones de euros anuales por el pago por uso en las autovías

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Javier RosellEl Español

La propuesta de la Seopan pasa por implantar un sistema de concesión durante 25 años en la red de 14.130 km. de autovías libres del país.

El debate sobre el sistema de financiación para la conservación de las vías de gran capacidad está encima de la mesa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). Para su incorporación en el análisis, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) calcula que el Estado podría ingresar 9.525 millones de euros anuales si el Gobierno apostara por el pago por uso en la red española de autovías en un sistema que generaría 12.650 millones de euros anuales.

Este montante llegaría por dos vías: un pago anual de 4.827 millones de euros por la concesión y 4.698 millones de euros anuales de ingresos públicos por recaudación de impuestos, repartidos en 3.953 millones de euros/año en concepto de IVA, 731 millones de euros/año en impuesto de sociedades, y 14 millones de euros/año por impuesto de bienes inmuebles (IBI). Además, el primer año recibiría un pago inicial de 5.614 millones de euros.

La otra fórmula que maneja la patronal es un pago inicial único de 104.000 millones de euros por parte de las empresas privadas y que el Gobierno renunciara a los 4.827 millones anuales más los 5.614 millones de primer año. En este caso, las arcas públicas ingresarían cada ejercicio los 4.698 millones de euros por recaudación de impuestos.

Esta aportación a las arcas públicas se lograría, según Seopan, mediante la implantación del peaje por distancia de una concesión durante 25 años al sector privado con las tarifas medias en Europa en la red de 14.130 km de autovías libres del estado, comunidades autónomas, diputaciones y cabildos (a excepción de las de accesibilidad urbana que suman 905 kilómetros).

Otro elemento a tener en cuenta sería que la conservación de las vías también correría a cargo de las empresas concesionarias, lo que ahorraría 850 millones de euros al año de dinero público.

Julián Núñez, presidente de Seopan.

Julián Núñez, presidente de Seopan. Seopan

El presidente de Seopan, Julián Núñez, ha explicado este lunes durante la presentación del informe “Análisis del Sector Infraestructuras; Balance del 2020 y Previsiones para 2021” que “no tenemos constancia oficial por parte del Gobierno de que se vaya a hacer algo concreto o no”.

De momento, aplicar esta medida se estudia dentro del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte (quieren llevarlo al Consejo de Ministros para primera lectura en el primer semestre de este año) y la Estrategia Española de Movilidad Sostenible. “Como sector esperamos que pueda verse materializado a través de esta ley”, ha indicado Julián Núñez. El debate también está en la calle.

El peaje en España

Mientras el Gobierno decide si implantar o no el sistema de pago por uso de las vías de gran capacidad en España, lo que sigue adelante en el plan 2019-2021 para quitar el peaje de 1.097 kilómetros que gestionan las sociedades concesionarias Europistas (AP1), Aumar (AP7 y AP4), Acesa (AP7, AP2 y B23) e Invicat (C31, C32 y C33).

Hasta ahora, según Seopan, este plan va a costar en 2021 un aumento del déficit público de 286 millones de euros por pérdida de recaudación fiscal (242 millones de euros) y más gasto de conservación (66 millones de euros). El año que viene la cifra ascenderá hasta 478 millones de euros. Para que se haga una idea, supone la construcción y gestión de un hospital de 860 camas, cada año, de acuerdo con el informe.

El presidente de Seopan asegura que la reversión de las autovías de peaje “amplía la brecha o falta de armonización con el resto de Europa”. De hecho, España cuenta con el menor porcentaje de vías tarificadas de Europa, solo el 12,8%, y el 73% de toda la red de autovías libres europeas. Un total de 23 países han desarrollado un sistema de pago por uso en el 100% de su red de autovías.

Proyectos sin ejecutar

Durante la presentación del informe anual de Seopan también se ha hecho hincapié en que los dos grandes ministerios (Transportes y Transición Ecológica) en el ámbito de la obra pública e infraestructuras ejecutaron tan solo el 68,7% de su presupuesto en 2020.

Desde el Mitma aseguran a Invertia que la ejecución presupuestaria del año 2020 – con los datos provisionales con los que aún trabaja – fue de 5.526 millones de euros, unos 410 millones de euros superior a la de 2019. “Esto es aproximadamente un 8% superior, pese a la situación de pandemia y el estado de alarma que rigió la mayoría del año 2020”, indican. De la misma forma señalan que la ejecución de 2020 también es superior que la ejecución media de los anteriores seis años.

En cuanto a la licitación, fuentes del ministerio indican que “no es significativo comparar solo el año 2020 con 2019, pues 2019 fue el ejercicio en que más se licitó desde la crisis”. “En los 32 meses que este equipo lleva en el gobierno se han licitado más de 27.500 millones de euros, de los cuales casi 19.700 millones son de inversión, los niveles más altos desde la crisis; se ha licitado más que en últimos cinco años completos del anterior gobierno“, recuerdan.

En los últimos 14 años, según Seopan, el Estado ha dejado de ejecutar créditos presupuestarios autorizados por importe de 41.100 millones de euros. Este hecho ha provocado 48.000 empleos anuales no creados, y 20.145 millones de euros dejados de percibir por impuestos y cotizaciones sociales durante ese periodo.

Obras en una vía de alta velocidad.

Obras en una vía de alta velocidad. Adif

La patronal de las constructoras enumera tres problemas pendientes de resolver para explicar esta situación. El primero, los retrasos injustificados en los procedimientos de licitación y adjudicación de los contratos. El segundo, la suspensión y resolución de contratos a causa de las adjudicaciones a ofertas con precios anormalmente bajos, que originan proyectos incompletos o de insuficiente calidad, y presupuestos de ejecución de difícil viabilidad económica.

En tercer lugar, la elevada judicialización de los problemas que surgen de la interpretación y cumplimiento de los contratos, ante la acusada tendencia de los órganos de contratación de no acometer las soluciones, derivando las cuestiones a los tribunales.

Seopan ha ido más allá al señalar la “indecisión política para solucionar los obstáculos regulatorios que impiden la captación de capital en los mercados financieros para financiar las infraestructuras que el país necesita para resolver su déficit en infraestructuras prioritarias y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas”.

La patronal ha tomado como referencia el European Economic Forecast Winter 2020 para comparar la inversión española frente a otros países europeos. Si en España ascenderá a 56.700 millones de euros en el periodo 2021/2022, en Alemania será de 198.600 millones de euros, en Francia de 185.800 millones de euros, en Reino Unido de 156.500 millones de euros y en Italia de 93.000 millones de euros.

Así, según las previsiones de la Comisión Europea recogidas por Seopan, España tendrá la menor ratio inversora de la UE (1.276 €/km2 por millón de habitantes) y la mayor caída inversora (-22%) después de Chipre en el periodo 2021/2022 frente al periodo 1995/2020.

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