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Economia

El Gobierno comunica a Bruselas que subirá el IVA a las bebidas azucaradas del 10% al 21%

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El Plan Presupuestario para 2021 que el Ejecutivo envía a Bruselas incluye nuevas medidas fiscales para ingresar 6.847 millones más

El Gobierno ha comunicado este jueves a la Comisión Europea que aumentará el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, con el objetivo de favorecer hábitos más saludables. La medida se incluye en el plan presupuestario que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas con las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, que aún no ha presentado.

El aumento de los impuestos sobre las bebidas azucaradas forma parte de las políticas que los expertos definen como gravámenes a las externalidades negativas. Es decir, se establecen impuestos sobre determinados comportamientos que son perjudiciales para el medio ambiente, la salud o la sociedad en general para elevar el coste de su consumo.

La medida forma parte del nuevo paquete de medidas fiscales con el que el Gobierno pretende modificar el sistema tributario español. “El impacto estimado del conjunto de medidas fiscales y de la nueva Ley contra el Fraude fiscal se sitúa en 6.847 millones en 2021 y en 2.323 millones en 2022 en criterio de caja”, explica el Gobierno.

Entre los nuevos tributos que se aplicarán en 2021 destaca el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (conocido popularmente como tasa Google) y el Impuesto sobre Transacciones Financieras (tasa Tobin), que fueron aprobados recientemente por el Parlamento. “El próximo año también se impulsará la fiscalidad medioambiental, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea. En este contexto, se enmarca la creación del Impuesto sobre Envases de Plástico de un solo uso, que ya ha superado el trámite de información pública”, añade el Ministerio.

Hace justo un año un grupo de expertos publicó un importante estudio en la revista científica The Lancet en el que se recomendaba gravar las bebidas o alimentos con alto contenido en azúcar. Los científicos concluyen en que es prioritario rebajar ese dulce añadido que mejora el sabor, causa obesidad y enfermedades cardiovasculares y carcome dientes, esta última la afección sin tratar más común en el mundo con un avance agudizado en los últimos 30 años en países pobres o de ingresos medios y “entre los más desfavorecidos y vulnerables, dondequiera que vivan”, escriben los expertos.

Este impuesto lleva tiempo sobre la mesa de los dos últimos ministros de Hacienda de España. Cristóbal Montoro, ministro con el PP hasta 2018, trató de establecer un tributo de estas características para ingresar unos 200 millones, pero nunca lo sacó adelante por la presión del sector remolachero de Castilla y León. Ahora la ministra y portavoz del Gobierno María Jesús Montero añade este tributo al sistema fiscal español. Algunas autonomías han explorado este gravamen. Cataluña estableció hace un par de años un impuesto similar. Y Canarias tiene un impuesto sobre las bebidas azucaradas desde 2017.

La tasa catalana, que fue pionera, ha sido atacada en los tribunales por las empresas distribuidoras y de restauración, las más perjudicadas por el nuevo gravamen. El reglamento de este impuesto fue declarado nulo hace un año en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que dio la razón a las empresas. La Generalitat ha defendido la vigencia de la tasa, que se sigue recaudando al no ser una sentencia firme.

La tasa tiene como objetivo luchar contra la obesidad y el consumo de azúcar. Es el consumidor el que tiene que pagar el tributo directamente. El impuesto consta de dos tramos: el primero grava con 0,08 euros por litro las bebidas que tienen entre cinco y ocho gramos de azúcar por cada 100 mililitros; y el segundo incrementa 12 céntimos las bebidas azucaradas con más de 8 gramos por cada 100 mililitros.

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