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Economia

El Gobierno planteará subir otra vez el SMI pese a que hay un 20% más de parados que hace un año

María Vega

El sector de la hostelería ha sido el más golpeado por la crisis y sería uno de los más afectados por una subida del Salario Mínimo.

Tras comprometerse a subir el sueldo a los pensionistas, los funcionarios y también prometer un alza en el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) que se emplea como referencia para los subsidios, el Gobierno quiere que las empresas del sector privado suban salarios en 2021 a pesar del duro impacto en la economía que ha tenido la pandemia.

El Ministerio de Trabajo no quiere aparcar una de sus principales banderas y llevará al Diálogo Social una propuesta para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), según avanzó este miércoles el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, mientras explicaba los datos del paro.

Ya el pasado año, antes de que la pandemia golpeara a Occidente, el Gobierno impulsó una subida del SMI que fue difícil de digerir por los empresarios porque España ya se encontraba en una fase de desaceleración económica y porque se sumaba a otra subida del 22,3% aprobada en 2019. 

Frente al intento del Ejecutivo de coalición de elevar el SMI hasta 1.000 euros, la subida se quedó en 950 euros mensuales en 14 pagas (un 5% más que un año antes). Con esa cesión, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, logró que los empresarios se hicieran la foto del acuerdo con los sindicatos y el Ejecutivo.

Fueron muchos los economistas y organismos -entre ellos, el Banco de España- que advirtieron que esa fuerte subida en solo dos años y sin estar acompasada a mejoras en la productividad tendría repercusiones negativas en la economía.

Pero la pandemia ha impedido ver los efectos a largo plazo del aumento salarial que se ha producido en España en los últimos dos años, ya que en 2018 el SMI era de 735 euros mensuales (14 pagas) y en la actualidad alcanza los 950 euros en el mismo número de abonos.

Cautela en la patronal

De momento, a la espera de conocer los detalles de la propuesta final que lance el Ministerio de Trabajo, desde la CEOE prefieren no pronunciarse sobre este asunto que siempre debaten empresarios, Gobierno y sindicatos cuando se acerca el final de año.

Sin embargo, 2020 es un año excepcional por el durísimo impacto que la Covid-19 ha tenido en el mercado laboral. De hecho, este miércoles se publicaron los datos del desempleo de octubre, mes en el que el paro registrado aumentó en 49.558 personas.

Aunque la Seguridad Social registró un incremento mensual de afiliación, con 113.975 personas más, lo cierto es que la destrucción de empleo que han provocado las medidas para paliar el avance del coronavirus ha sido devastadora.

El número de parados en España es hoy un 20,4% superior al de hace un año, según recordó Funcas tras conocer los datos. Esto supone que hay 650.000 personas más que en octubre de 2019 sin poder trabajar.

La mayor parte de esos empleos destruidos son en la hostelería. Precisamente este sector sería uno de los que más se vería afectado por una subida del SMI, como ya ha ocurrido en el pasado, debido a que buena parte de sus empresas emplea a trabajadores que se sitúan en la franja salarial más baja.

Con 599.000 trabajadores en situación de ERTE, patronal, Gobierno y sindicatos tendrán que retomar las negociaciones sobre qué hacer con 497.000 de esos empleados que están protegidos por los ERTE por fuerza mayor que caducan el 31 de enero si no hay una nueva prórroga.

En este contexto, el debate de la subida del SMI en este momento no parece que vaya a ser del agrado de la patronal. Los empresarios están preocupados por el empeoramiento que va a experimentar el cuadro macroeconómico en los próximos meses por la fuerza con la que ha llegado la segunda ola de la Covid-19, según advirtió en el Congreso el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

El Gobierno es consciente de ello, pero no parece dispuesto a conceder una tregua a las empresas en este ámbito con una congelación salarial que tampoco se ha aplicado a quienes dependen del sector público.

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