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Economia

El Gobierno ultima intervenir Alcoa y confía en cerrar un acuerdo la próxima semana

Laura Ojea

La próxima semana se ejecutaría el despido de más de 500 trabajadores de la planta en Lugo, aunque el Gobierno negocia ‘in extremis’ la expropiación.

No hay tiempo. La fábrica de aluminio de San Cibrao (Lugo) hasta ahora propiedad de Alcoa podría dar el cerrojazo definitivo una vez que se hagan efectivos los más de 500 despidos anunciados por la compañía estadounidense.

Sin embargo, los trabajadores y toda la comarca de A Mariña esperan que el Gobierno anuncie la intervención de la compañía. “El proceso, una vez que Alcoa ya ha anunciado el ERE, ha llegado a su fin”, explican a Invertia fuentes sindicales, “ahora solo falta que Inspección de Trabajo emita su informe, que por lo complejo de la situación, podría alargarse una semana, y hasta entonces no se podrá ejecutar los despidos”.

A partir de ahí, si el Gobierno central no mueve ficha, poco más se puede hacer. Sin embargo, según fuentes consultadas por este diario, “nos consta que los abogados del Estado están ultimando un documento para intervenir Alcoa lo antes posible“.

Expropiación temporal

Se trataría de un trámite que duraría “lo suficiente para que el Estado a su vez revendiera esa planta a Liberty House”, la compañía que lleva meses con una oferta sobre la mesa. “Sin embargo, hay que hacerse teniendo en cuenta las leyes española y europeas, por eso, la elaboración del texto tiene que atar todos los detalles”.

Esta opción, según fuentes conocedoras, estaría más cerca de conseguirse. Y eso pese a que apenas hace tres semanas, Alcoa rechazó la propuesta de la SEPI de hacerse con la planta. “La primera negociación quedó muy cerca de llegar a un punto en común, por eso, la Administración tanto regional como central van de la mano para conseguirlo esta vez”.

Y cuentan con el apoyo de todos los grupos político excepto Vox. El PSOE, el PP y el BNG han pactado en el Congreso una enmienda transaccional para instar al Gobierno a contemplar la intervención pública temporal “con la mayor brevedad posible” de la fábrica de Alcoa con el fin de garantizar la actividad y los empleos en esta planta.

“En otras palabras, que los partidos políticos que gobiernan España y Galicia están de acuerdo en la expropiación temporal de la planta”, añaden las mismas fuentes.

La decisión se ha tomado en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Baja. Unidas Podemos, Ciudadanos y Foro Asturias han mostrado su apoyo a la enmienda mientras que Vox se ha posicionado en contra.

Alcoa quiere cerrar

Todos los grupos parlamentarios han estado de acuerdo en que Alcoa quiere cerrar la planta, y por eso, la diputada socialista Ángeles Marra ha llegado a decir que “desde el Gobierno y este grupo no vamos a permitir”.

Incluso ha anunciado que el Gobierno no permitirá cerrar de la planta y que contempla con la Xunta anular el ERE y exigir devolver las ayudas.

El acuerdo entre BNG, PSOE y PP abre la posibilidad para que el Gobierno pueda “adoptar cuantas medidas sean necesarias con la mayor brevedad posible, incluida la intervención pública temporal para su posterior venta a un inversor privado”. De esta manera, se garantizaría un proyecto industrial viable para el mantenimiento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo en la factoría de Alcoa en San Cibrao.

Impacto en Lugo

Alcoa supone más del 30% del PIB de la provincia de Lugo y, además, entre empleo indirecto y directo dependen de la fábrica alrededor de 3.000 personas. Su actividad repercute en toda la economía de A Mariña especialmente en el comercio y la hostelería, según los sindicatos.

Las consecuencias serán irrevocables una vez que se paren las cubas y se llegue al final de su vida útil sin realizar el rebrascaje para su posterior arranque. “Desde el Comité de Empresa no solo vamos a impugnar el ERE sino que además vamos a pedir medidas cautelares para evitar que se paren las cubas”.

Precisamente, en 2019 Alcoa vendió sus plantas de A Coruña y Avilés (Asturias) a Parter, en un proceso también marcado por la incertidumbre sobre su futuro, ya que durante el estado de alarma Parter revendió a su vez estas fábricas a Grupo Industrial Riesgo.

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