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Economia

El IVA del 21% a las bebidas azucaradas generaría una pérdida de hasta 370 millones de facturación

PwC calcula una pérdida de Valor Añadido Bruto (VAB) de entre 110 y 344 millones para la cadena agroalimentaria si el Gobierno cumple con su plan de subir el IVA del 10% al 21% a las bebidas azucaradas y edulcoradas. El impacto lo soportarían sobre todo el sector agrario y el industrial, aunque también el transporte, la distribución y la restauración.

Coag, Asaja o Cooperativas Agroalimentarias, en representación del mundo agrario; Fiab, Anfabra o Promarca, como representantes de las industrias de alimentación y bebidas; Aecoc, Anged, Aces y Asedas, como patronales del gran consumo y la distribución; y Marcas de Restauración y Hostelería de España, representando a la hostelería. Todas las patronales del sector agroalimentario se han unido para exigirle al Gobierno que retire su propuesta de subir el IVA del 10% al 21% en las bebidas azucaradas y edulcoradas.

“Se trata de un impuesto injusto, discriminatorio y que tiene un afán recaudatorio. Los impuestos no cambian los hábitos de consumo ni tienen impacto sobre la salud. Por eso, queremos hacer un llamamiento al Gobierno para que sea sensible a la situación que vive el país. No es el momento de subir ningún impuesto”, ha indicado Mauricio García de Quevedo, director general de Fiab.

“Es un impuesto regresivo que llega en el peor momento. La obesidad es un problema global y requiere otro tipo de enfoques”, opina José María Bonmatí, director general de Aecoc. Por su parte, Josep Puxeu, director general de Anfabra ha indicado que en Cataluña, donde se puso un impuesto similar a las bebidas azucaradas, “el impacto sobre el comportamiento de los consumidores ha sido nulo”.

El impacto del posible impuesto

PwC ha elaborado un estudio, a petición de las patronales antes mencionadas, sobre el impacto que tendría sobre la cadena agroalimentaria la aprobación de la subida de IVA. “Estimamos una caída de la facturación de entre 119 y 370 millones de euros y una pérdida de valor añadido bruto (VAB) de entre 110 y 344 millones, que se centraría sobre todo sobre el sector agrario (14-43 millones) e industrial (26-82 millone)”, indican desde la consultora.

El impacto afectaría también al transporte, la distribución y la hostelería, aunque en menor medida, y podría generar una pérdida de empleo de entre 1.980 y 6.155 puestos de trabajo. “Hemos hecho este análisis con un enfoque muy prudente, por lo que el impacto podría ser mayor”, señala Anna Merino, de PwC.

La consultora considera que los hogares con las rentas más bajas, cerca de 4,7 millones y que representan el 17% de la renta nacional, soportarían el 22% de la recaudación del impuesto, por lo que estarían más expuestos a la subida impositiva. Además, PwC señala efectos negativos sobre el mundo rural, donde se concentra la producción agraria y donde se acrecentaría el riesgo de desplobación.

El estudio recoge otras medidas similares llevadas a cabo en otros países. “Francia lleva seis años con un impuesto similar y no ha servido para reducir la obesidad, mientras que Dinamarca y Eslovenia han eliminado impuestos parecidos por su falta de efectividad”, indica. La OMS estima que para que se produjera un verdadero impacto sobre el consumo las subidas de precios deberían rondar el 20%.

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