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Economia

El Supremo nos defiende de los abusadores

La inhabilitación judicial de Torra fortalece la democracia. EFE

IGNACIO DE LA RICA

Cataluña está atrapada en un bucle del que no saldrá hasta que una parte sustancial de los indepes vuelvan a actuar bajo el principio de legalidad.

Ayer fue un gran día, como casi todos. El Tribunal Supremo confirmó que se sigue ocupando de que todos los ciudadanos cumplan la ley, sean quienes sean y ocupen el cargo que ocupen. Sin dicotomías entre jueces conservadores y progresistas -¡lo que tenemos que aguantar!- confirmó por unanimidad que desobedecer una instrucción de la Junta Electoral que insta a cumplir las normas electorales vigentes inhabilita para ejercer cargos públicos a cualquiera.

¡Faltaría más! Lo increíble es que tantos piensen que hay razones para transgredir el principio de legalidad. Es un fenómeno paranormal. Abundan los políticos estrictos -hasta intolerantes- con el cumplimiento de las leyes vigentes con los otros y laxos -hasta merecer la inhabilitación como cargo público- con sus propios deberes con la ley. Lo mismo ocurre con el ejercicio de otros derechos, como el de expresión o manifestación.

Me tendrían que explicar los indepes catalanes por qué creen que el Govern puede exigir a cualquiera que pise su territorio que cumpla el código de circulación y, a la vez, defienden que Torra pueda no cumplir las normas electorales, que desobedecer a la Junta Electoral sea hacer política y que su inhabilitación un ataque a la democracia. El hecho de estar todos sometidos a las leyes vigentes no excluye a nadie; ni siquiera al pueblo soberano cuando no se expresa de acuerdo y del modo que establece la Constitución. La inhabilitación judicial de Torra fortalece la democracia.

Tampoco me vendría mal que me explicara cualquiera de estos ministros de UP que critican al Rey por llamar al presidente del CGPJ. La Casa Real ha dicho que fue una llamada de cortesía -lo que no tengo derecho ni ganas de dudar-; pero, aunque el Rey hubiera subido un tweet discrepando de la decisión del Gobierno, no habría hecho mas que utilizar su derecho a expresarse, igual que hacen esos ministros tweeteros. Ellos pueden injuriar al padre del Rey, pero a él solo le reconocen la obligación constitucional de neutralidad, y tal y como ellos la entienden. Cuando alguien considera que el principio de legalidad no le afecta, todo lo que hace y dice es instrumental para su causa. No merece la pena escuchar a intolerantes con ajenos y laxos consigo mismo.

Hay a quien le preocupa lo que ocurrirá a partir de ahora en Cataluña. Mi consejo es que estén tranquilos, que no va a pasar nada que no haya pasado ya o que esté pasando en estos momentos. Da igual que haya elecciones o no, o cuando sean. El desgobierno viene desde los tiempos de Mas y no impide el funcionamiento de la Administración, que, como se demuestra cada mañana, es más importante.

Cataluña está atrapada en un bucle del que no saldrá hasta que una parte sustancial de los indepes vuelvan a actuar bajo el principio de legalidad. El día que ellos respeten las leyes vigentes se acabarán los conflictos, ningún político será inhabilitado ni encarcelado porque no habrá motivos para ello. Nada impide que sigan ejerciendo su independentismo, que se agrupen en partidos o asociaciones, que hagan política a favor de su república catalana, mientras utilicen las vías legales que tienen a su disposición. Nadie les ha condenado ni les condenará por ello.

Por otro lado, la sentencia del Supremo debe servir también para tranquilizar a quienes temen que la alianza de los indepes con el gobierno de coalición degenere en algo parecido a la autodeterminación o la independencia. El gobierno de coalición y los grupos parlamentarios en que se apoya tienen la misma obligación de cumplir la legalidad vigente que Torra. El Supremo nos protege de los abusadores de la ley, pero no es quien impide al expresident colgar pancartas en edificios públicos en periodo electoral. Es la ley electoral. De igual modo, ninguna instancia judicial impediría al gobierno de coalición autorizar un referéndum de autodeterminación. Ya lo hace la Constitución.

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