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Economia

La nueva Ley Audiovisual sale a audiencia pública: igualará las obligaciones de Netflix y HBO con las televisiones

Fernando Cano 

Las plataformas deberán realizar la misma aportación que las cadenas tradicionales a la financiación de RTVE y la producción de obra europea.

El Gobierno ha concluido la elaboración de la nueva Ley Audiovisual y lanzará  su audiencia pública este mismo viernes, o como tarde la próxima semana. A partir de esta fecha, el borrador podrá comenzar a recibir las aportaciones de los diferentes actores y sectores involucrados.

Según ha podido confirmar Invertia, la idea es poder tener abierto este proceso durante un mes para poder enviar a las Cortes el proyecto definitivo a comienzos de 2021, en la línea de los plazos marcados por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que ya presentó hace unas semanas la nueva Ley de Telecomunicaciones. Siguiendo su calendario de proyectos sólo faltaría cerrar la nueva Ley de Ciberseguridad que ya está en elaboración, como ya adelantó este periódico.

En el caso de la Ley Audiovisual, el principal objetivo es transponer la normativa europea del sector aprobada en noviembre de 2018. Bruselas dice que los Estados miembros tienen dos años para adaptar su legislación local a las leyes europeas, un plazo que en este caso vence en noviembre de 2020, pero que ha sido ampliado por el impacto de la pandemia del coronavirus.

La norma comunitaria busca mayor protección de los niños frente a los contenidos audiovisuales, establecer límites a la publicidad e impulsar la producción europea. Las reglas se aplicarán a las cadenas de televisión, y también a las plataformas de vídeo a la carta, como Netflix, HBO, Prime o Disney+, y de distribución de vídeos, como YouTube y Facebook, así como a las retransmisiones en directo en estas plataformas.

En el caso español, lo que generará más revuelo será la equiparación de los deberes de los operadores nacionales extranjeros en temas capitales como la producción de cine español o la tasa RTVE. El objetivo es que estas nuevas plataformas OTT equiparen su carga fiscal a estos players tradicionales y que aporten el 5% de sus ingresos operativos para financiar producción audiovisual europea y el 3% de sus ingresos brutos para financiar RTVE.

El caso de RTVE

En el primeros de los casos, las plataformas se defienden indicando que su actual apuesta por la producción europea es mucho mayor que lo que les exigirá la Ley y que cumplen con creces esta cuota. 

En de caso de RTVE se deberá modificar su Ley de financiación para recibir estos nuevos ingresos, lo que en principio abre la puerta a otras modificaciones pendientes como el redimensionamiento de su estructura, su plantilla o la manera de elegir a sus directivos y presidente. No obstante, desde el Ejecutivo se descarta cualquier cambio en el sistema de financiación de la televisión pública.

No obstante, en los dos casos la interrogante es la manera en la que se establecerán los ingresos de cada operador. En este punto, desde el Ejecutivo se cree que la mejor manera es respetar el principio de país de origen que establece la Unión Europea. Es decir, calcular el impuesto en base a las estructuras societarias actuales de Netflix y HBO. 

En este sentido, en principio se descarta pedir a la algún organismo como la CNMC que realice algún cálculo estimado o les obligue a declarar sus usuarios reales en España.

Del mismo modo, se descarta imponer una tasa específica para las plataformas como Netflix como se especuló en los últimos meses. En este caso el Ejecutivo considera que una nueva carga fiscal a estas empresas se puede vehicular a través de la tasa Google, que comenzará a cobrarse al final del tercer trimestre del próximo año.

Tasa Google

La conocida como tasa Google parte de la base de que las grandes empresas digitales –Google, Amazon, Facebook o Twitter- no tributan en nuestro país los impuestos equivalentes a la actividad económica que registran. Un grupo en el que el Ejecutivo también incluyen a las plataformas audiovisuales en streaming.

En el caso de estas últimas se sostiene que el pago debería producirse por el uso comercial que hace de los datos personales de sus usuarios, al ofrecerles recomendaciones o enviarles ofertas comerciales a sus correos electrónicos.

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