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Economia

La subida del IVA a las bebidas azucaradas destruirá hasta 6.150 empleos

La facturación directa caería hasta los 370 millones de euros y afectaría especialmente al canal de la distribución

La subida del 10 al 21% IVA que pretende llevar a cabo el Gobierno a las bebidas azucaradas y edulcoradas, como así lo expuso en el plan presupuestario enviado a Bruselas, tendrían una efecto negativo en las ventas de toda la cadena agroalimentaria, así como a su aportación del Valor Añadido Bruto (VAB) y el empleo. Según un informe elaborado por la consultora PWC se destruirían hasta 6.165 puestos de trabajo, mientras que la facturación directa se reduciría en 370 millones de euros, con una gran incidencia en el canal de la distribución. El impacto en el VAB sería de hasta 344 millones de euros, siendo el sector agrario y la industria agroalimentaria los más perjudicados. «Habría una caída de la demanda y de la cadena de valor», ha explicado Anna Merino, directora estratégica de PWC.

El Gobierno pretende recaudar hasta 400 millones de euros con esta subida impositiva, aunque desde el Ejecutivo se recalca que la intención no es otra que reducir el consumo de azúcar en la población y promover hábitos más saludables en la misma para reducir la obesidad. Sin embargo, el informe de PWC señala que «la evidencia científica basada en la experiencia de países que han implementado impuestos a alimentos y bebidas con el objetivo de mejorar la salud demuestra que la política fiscal utilizada para resolver el problema de la obesidad es limitada, inconcluyente e incluso lo han eliminado por los efectos negativos que tiene sobre la actividad económica, el empleo o la equidad».

Además, muestra que en Francia y México, donde impusieron este impuesto hace unos años, los resultados no han sido los esperados. Mientras que países como Dinamarca o Eslovenia lo han terminado suprimiendo. Además, en España este impuesto ya lleva establecido en Cataluña desde hace años, aunque por tramos según la cantidad del azúcar. Aun así, desde el sector se recuerda que en la región ha tenido un efecto nulo en la recaudación y en los hábitos de consumo.

Las empresas de la cadena de valor de la cadena agroalimentaria critican que la medida es puramente recaudatoria e insisten en que para cambiar los hábitos de consumo de una sociedad hay otras vías mejores. «Es un impuesto injusto, regresivo. Este aumento de la fiscalidad llegaría en el peor momento para la ciudadanía y las empresas. Otros países no han conseguido los efectos perseguidos y sí ha perjudicado la economía. La efectividad de un impuesto no se mide por la recaudación, sino por su eficacia de reducción de la obesidad», ha incidido José María Bonmatí, director general de la Asociación de Empresas del Gran Consumo Aecoc.

Por su parte, Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha pedido sensibilidad al Gobierno y a los representantes políticos con la situación de crisis que vive el sector. Hay que recordar que la industria alimentaria calcula que se cierren unas 850 empresas este año por la crisis sanitaria, mientras que los cierres en la hostelería llegan a los 90.000 negocios. «Las medidas fiscales tendrán que venir cuando la reactivación económica esté en marcha», ha señalado.

Por su parte, la secretaria general de Marcas de Restauración, Paula Nevado, ha recalcacado el impacto que tendra esta medida en el consumo, sobre todo de la hostelería. «La incidencia en el consumo en negativa. Vemos como otros países que bajan el IVA y anuncian bonos para incentivar el consumo y aquí nos encontramos lo contrario».

Incidencia en las rentas más bajas

Otra de las partes negativas de la subida impositiva es que recaería sobre todo en las rentas más bajas de la sociedad. Así, el informe señala que los hogares con el nivel socioeconómico más bajo, cerca de 4,7 millones, y que suponen el 17% de la renta nacional, acabarían soportando el 22% de la recaudación del impuesto. «Los impuestos ad valorem, que se fijan en función del precio del producto, como el IVA y los impuestos unitarios, son muy regresivos, ya que no tienen en cuenta la renta de los hogares: por cada unidad de producto comprado, pagan lo mismo las rentas más altas que las más bajas», señala.

Los municipios más afectados por esta medida serían los más pequeños, generalmente con un entorno rural y una renta más baja. Por eso, la subida impositiva, según apuntan desde PWC, terminaría aumentando aún más la despoblación y la desiguladad de riqueza y empleo. En ese sentido, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha mostrado su preocupación por cómo puede afectar a comunidades como Castilla y León, cuya producción de remolacha es considerable.

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