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Economia

Nacionalizar las residencias de ancianos como pide Podemos costaría 5.000 millones

La patronal rechaza este modelo y aboga por una colaboración público-privada

La nacionalización del negocio de residencias de ancianos en España que quiere Podemos supondría un impacto en su volumen de ingresos de 5.000 millones de euros anuales para los operadores privados de esta industria, que actualmente controlan el 73% de los centros del país, según los datos recopilados por el CSIC correspondientes a 2019. A esta cifra, que corresponde su facturación prevista para este ejercicio según los datos de DBK, el Gobierno tendría que pagar las indemnizaciones a estos operadores, así como los costes legales que podrían derivarse de estas posibles expropiaciones, según señalan los expertos consultados por elEconomista.

Esto, sin embargo, no echa para atrás a Podemos, que sigue abogando por un cambio en el sistema de las residencias de ancianos. Según declaró este lunes Pablo Echenique, que los centros de estén en “manos privadas” supone un debilitamiento de las condiciones de las personas que residen allí y también de las condiciones de trabajo para las mujeres que ostentan la mayor parte de los puestos de limpieza y cuidados. Según apuntó el diputado de la formación morada en RNE  “si fuésemos capaces de avanzar en esa dirección, tendríamos mejores residencias, los mayores estarían mejor cuidados y habría mejores condiciones para las trabajadoras. Lo público es más fuerte que el negocio privado a la hora de cuidar a las personas”. Este diario se puso en contacto con Podemos para solicitar información sobre su propuesta exacta para esta industria, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.

Frente a las palabras de Echenique, el secretario general de Aeste (la patronal del sector), Jesús Cubero, explicó a elEconomista que “a ellos no les gusta el modelo de la empresa privada, lo hicieron en alimentación con Mercadona y en textil con Inditex, pero la única forma que permite seguir creciendo con una calidad de primera es la colaboración público-privada. La Administración debe ver a la empresa privada como una aliada”. “El debate que debe darse es el de la calidad, lo que la población no quiere es que discutan en el Congreso usando las residencias de mayores”, añadió el directivo de la patronal.

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