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Economia

Pedro Sánchez desangra la economía para ponerla al servicio de sus planes electorales

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez quiere hacer valer en campaña electoral la ventaja que supone el concurrir a unos comicios desde la presidencia, el poder aprobar medidas económicas y sociales que luego apoyen el discurso del candidato y que, sin duda, representan una ventaja sustancial sobre el resto de formaciones. El problema es que Sánchez ha desempeñado en los últimos meses una presidencia en funciones, lo que limita de manera notable la capacidad de actuación de un Gobierno. O al menos, así debería ser en principio.

Sin embargo, el Ejecutivo está exprimiendo y llevando al límite esa posición de provisionalidad, buscando todos los resquicios legales posibles, reinterpretando las conclusiones de la Abogacía del Estado y prometiendo medidas sin saber con exactitud cómo las podrá llevar a cabo.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El último y uno de los más claros ejemplos de uso electoral de la economía en funciones. Durante las negociaciones con Podemos para intentar formas un Gobierno, Hacienda sostuvo en todo momento que sin un Ejecutivo con plena capacidad de actuación sería imposible actualizar las entregas a cuenta a las comunidades. Según el Ministerio, así lo estimaba la Abogacía del Estado a la que realizó una consulta. Sin embargo, casi en el mismo momento en el que se supo que habría unas nuevas elecciones generales, el discurso se alteró totalmente. Este cambio incluye una reinterpretación de la señalada conclusión de la Abogacía, que en concreto avisó de que un Gobierno en funciones no podía actualizar la financiación territorial ya que condicionaría la capacidad de actuación del próximo Ejecutivo.

Pero al convocarse los comicios, Moncloa estima que ya no habrá un nuevo Gobierno en 2019 al que condicionar. El resultado, es que Sánchez podrá incluir en su discurso que ha sido capaz de entregar 4.500 millones de euros en financiación de las autonomías. Y, de hecho, la confirmación de que así será la dio el propio presidente del Gobierno en un mitin solo unos días después de que Hacienda lo negase ante las comunidades, tal y como publicó este periódico.

PENSIONES

El Gobierno se ha comprometido en numerosas ocasiones a revalorizar las pensiones «con arreglo al coste de vida» en 2020, esto es, a ligarlas al IPC. Ayer mismo lo volvió a dejar claro Pedro Sánchez durante un acto electoral en Baracaldo (Vizcaya). Sin embargo, la legislación que sigue vigente es la que limita el incremento al 0,25% en caso de déficit del sistema. Para 2018 y 2019 el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV cerraron un incremento del 1,6%, que posteriormente el Ejecutivo socialista decidió llevar hasta el 1,7% en el pasado ejercicio. Pero en 2020 se debe volver a aplicar el índice de revalorización de las pensiones, y solo una medida que diga lo contrario o una nueva ley puede modificar esta situación. Y para ello, es necesario un Gobierno que pueda aplicar leyes, esto es, que no esté en funciones.

Pero Sánchez quiere presentarse a las elecciones con este incremento cerrado, y poder así ofrecer este argumento electoral ante los más de ocho millones de pensionistas que hay en España. Por ello, según adelantó EL MUNDO, desde Moncloa se ha consultado a la Abogacía del Estado también sobre este punto para analizar cómo puede llevar a cabo el incremento, y si sería posible aprobarlo aparándose en que se trata de una causa de «extrema y urgente necesidad». De hacerlo, el resto de partidos sin duda criticaría la medida por electoralista pero, al mismo tiempo, resulta complicado pensar que alguno se atreva a denunciar la maniobra ya que correría el peligro de recibir el castigo de los pensionistas. Y Sánchez lo sabe.

SUBIDA DE LOS FUNCIONARIOS

En este caso, el Gobierno no ha sido tan tajante como con las pensiones y existe la posibilidad de que, ante la falta de un Ejecutivo, los funcionarios no experimenten en enero la subida salarial de al menos un 2% que está recogida en el acuerdo multianual firmado por Cristóbal Montoro. Sin embargo, los trabajadores públicos ya han comenzado a presionar y fuentes sindicales señalan que el Gobierno podría aplicar la misma solución normativa que se buscará para las pensiones.

INVERSIONES DE AYUNTAMIENTOS

El pasado mes de julio, la Federación de Municipios y Provincias (Femp) anunció que había llegado a un acuerdo con Hacienda por el que los ayuntamiento podrán «usar el superávit para mejorar los servicios públicos». Esto supone que el Gobierno en funciones acordó con la Femp flexibilizar la regla de gasto y permitir así que puedan elevar el gasto. El Ministerio trató de minimizar el alcance del acuerdo, pero el socialista y presidente de la Federación, Abel Caballero, no dudó en afirmar que se trató de un acuerdo «histórico» en el que se acordaron «más de 10 propuestas para flexibilizar la regla de gasto».

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