Portada » Wirecard: el escándalo se extiende a la política alemana
Economia

Wirecard: el escándalo se extiende a la política alemana

Sede de Wirecard. Bloomberg News EXPANSIÓN

Lo ocurrido ha expuesto la debilidad del sistema de regulación financiera de Alemania, y en especial de su regulador de los mercados, BaFin.

En septiembre de 2019, el principal asesor económico de Angela Merkel, Lars-Hendrik Röller, se reunió con una delegación del grupo de pagos Wirecard, al que por entonces aún se consideraba una de las empresas tecnológicas más exitosas de Alemania.

Uno de los miembros de la comitiva era Burkhard Ley, un asesor sobre estrategia de Wirecard y su ex director financiero. Un año después, Ley está bajo custodia policial, acusado de fraude, malversación y manipulación del mercado, pero niega haber cometido delito alguno.

La reunión puso de relieve el extraordinario acceso que tenía el grupo de pagos a los responsables de la toma de decisiones hasta poco antes de su colapso este verano -un hecho que arroja luz sobre la influencia de los grupos de presión en la política alemana-.

Wirecard ha pasado a la historia como el caso más espectacular de mala conducta financiera de la historia de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Pero se está convirtiendo deprisa también en un escándalo político. A principios de este mes, el Bundestag decidió lanzar una investigación parlamentaria sobre el caso, lo que garantiza titulares hasta bien entrado 2021 -un año electoral- y puede ensombrecer los últimos meses de Angela Merkel como canciller.

Algo que interesa especialmente a los diputados es por qué las autoridades parecieron tardar tanto en reconocer la gravedad de la situación en Wirecard. La reunión Röller-Ley se produjo meses después de que diversos delatores expresasen serios sospechas de fraude en el procesador de pagos, que provocaron una investigación policial en Singapur. Los miembros del Gobierno -incluida la propia Merkel- siguieron presionando a favor de Wirecard, pese a las crecientes dudas sobre su contabilidad.

El escándalo también ha expuesto la debilidad del sistema de regulación financiera de Alemania, y en especial de su regulador de los mercados, BaFin. Los diputados de la oposición siguen sin creer que en lugar de investigarse el fondo de las acusaciones contra Wirecard, BaFin y la fiscalía de Múnich actuasen contra los propios periodistas e inversores bajistas que habían destacado las actividades sospechosas del proveedor de pagos.

Para los partidos de la oposición, es el fracaso político lo que resulta realmente indignante. Muchos diputados señalan a Olaf Scholz, el ministro de Finanzas y candidato socialdemócrata a canciller en las elecciones del año que viene al Bundestag, que supervisa tanto a BaFin como a la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), la agencia alemana contra el blanquero de capitales. La FIU ha recibido críticas por no trasladar docenas de informes de actividades sospechosas relacionados con Wirecard a la oficina de la fiscalía pública alemana.

Aún no se ha constituido el comité de investigación del Bundestag, y su jurisdicción sigue sin estar clara. Pero lo que es evidente es el tipo de preguntas que podrían interesar a los diputados.

¿Por qué, por ejemplo, presionó Merkel a favor de Wirecard mientras estaba de viaje oficial en China en septiembre del año pasado, cuando su propio ministro de Finanzas era consciente de las investigaciones en curso a la compañía? ¿Por qué visitó el secretario de Estado de Finanzas, Jörg Kukies, al consejero delegado de Wirecard, Markus Braun, en su sede de Múnich el pasado noviembre, el día del 50 cumpleaños del ejecutivo?

¿Por qué parecía BaFin tan reacio a investigar a una compañía que llevaba meses generando titulares negativos? ¿Por qué pudieron negociar los empleados de BaFin acciones de Wirecard mientras la agencia investigaba al grupo de pagos?

¿Y por qué reaccionó BaFin a los artículos de Financial Times sobre el presunto fraude contable prohibiendo a los inversores apostar contra las acciones de la compañía durante dos meses, y presentando posteriormente una querella contra dos periodistas del FT que habían firmado las informaciones?

Investigación débil

Wirecard estaba considerado un raro ejemplo de éxito tecnológico alemán. En 2018 sustituyó a Commerzbank en el prestigioso índice Dax, y un año después soñaba con superar a Deutsche Bank. Pero esa fantasía se hizo pedazos en junio, cuando reconoció que faltaban 1.900 millones de euros de sus cuentas. En el plazo de una semana, Wirecard se había declarado insolvente, y 13.000 millones de euros de valor en Bolsa se habían esfumado.

Al menos siete ex altos gestores son sospechosos de organizar un fraude que estafó a los acreedores 3.200 millones de euros. Cuatro personas están bajo custodia policial y Jan Marsalek, el ex director de operaciones de Wirecard en la actualidad fugado, está incluido en la lista de los más buscados de la Interpol.

A la pregunta de FT de si era cierto que el Gobierno y BaFin trataron deliberadamente de proteger al procesador de pagos, Scholz afirma que “no hay evidencias” de ello.

También resta importancia a la afirmación de que el Gobierno podría haber hecho más para descubrir el mal comportamiento en Wirecard -señalando en su lugar implícitamente a EY, la auditora que revisó las cuentas del grupo tecnológico durante más de una década-.

Scholz extrae paralelismos entre la debacle de Wirecard y el escándalo de Enron en EEUU. No sólo se produjo un “gigantesco fraude contable”, sino que en ambos casos, “los auditores que revisaron la compañía cada año no consiguieron identificar esta manipulación”.

Esa es la razón, sostiene, de que presione para que se reforme la industria de la auditoría. Una propuesta del Ministerio de Finanzas obligaría a las grandes empresas a cambiar de auditora con más frecuencia, y a las auditoras a efectuar una mejor separación de sus divisiones de auditoría y consultoría.

También BaFin ha tratado de eludir las críticas por su inacción. Felix Hufeld, su presidente, sostiene que las leyes alemanas sobre los mercados de capitales no dejaron a la agencia otra alternativa que actuar como lo hizo. La autoridad, según explicó al Parlamento alemán, carecía del mandato legal para supervisar todo el grupo Wirecard, y en su lugar sólo supervisaba Wirecard Bank, una pequeña filial de la compañía.

Por otra parte, expuso, bajo la legislación alemana, BaFin no tiene derecho a lanzar una auditoría especial de las cuentas de Wirecard. Todo lo que podía hacer era recurrir a un organismo llamado Financial Reporting Enforcement Panel (FREP), una organización del sector privado que monitoriza las prácticas contables de las empresas cotizadas en nombre del Gobierno, y pedirle que investigase a Wirecard. Eso es lo que sucedió a mediados de febrero de 2019.

BaFin entonces esperó. Bajo el procedimiento de dos niveles alemán, el regulador no puede iniciar su propia investigación de una compañía hasta no haber recibido los resultados de una investigación del FREP. Pero el FREP, que cuenta únicamente con 15 empleados y un presupuesto alemán de sólo 6 millones de euros, no está preparado para llevar a cabo el tipo de investigaciones meticulosas necesarias para desvelar un fraude.

Cuando Wirecard quebró, la investigación del FREP aún estaba en curso. Sólo después de que la compañía solicitase el concurso de acreedores concluyó formalmente el FREP que sus informes financieros eran inadecuados, según una persona que conoce de primera mano la situación.

En cualquier caso, los críticos ponen en duda la afirmación de que la única opción de BaFin era solicitar una investigación al FREP: sostienen que la situación de Wirecard era tan grave que BaFin debería haber considerado tomar medidas más drásticas.

Unos días después de que Wirecard solicitase el concurso de acreedores, el Gobierno anunció profundos cambios en la forma de controlar la contabilidad en Alemania. Rompió su contrato con el FREP y prometió dar a BaFin más poderes de investigación y forenses.

“[BaFin] utilizó los poderes que poseía por entonces -pero no fueron suficientes”, afirma Scholz. “Esa es la razón de que queramos darle ahora las capacidades que necesita para actuar con más profundidad”.

Movimiento chino

Scholz y el Ministerio de Finanzas no son los únicos a los que se investiga por el caso Wirecard. Merkel también atrae los focos.

El 3 de septiembre del año pasado, la canciller recibió la visita de un ex compañero, Karl-Theodor zu Guttenberg, que ocupó el cargo de ministro de Defensa alemán, pero que se vio obligado a dimitir en 2011 por un escándalo de plagio en su tesis doctoral. En la actualidad trabaja para la firma de asesoramiento Spitzberg Partners, entre cuyos clientes estaba Wirecard.

Zu Guttenberg sacó el tema de Wirecard en su conversación con la canciller, y poco después envió un correo electrónico a su asesor Röller para explicarle que Wirecard planeaba entrar en el mercado chino adquiriendo una empresa de pagos de Pekín, AllScore Financial, y que necesitaba la aprobación del regulador, el Banco Popular de China.

Unos días después, Merkel realizó una visita de Estado a China y, durante su estancia allí, sacó el tema de Wirecard y de los planes de adquisición. Después del viaje, Röller escribió a zu Guttenberg prometiéndole “más apoyo político”, según recoge el programa de la cancillería. Wirecard anunció la compra de AllScore a principios de noviembre de 2019, por un precio de hasta 109 millones de euros.

Merkel ha defendido su actuación. “Es una práctica habitual, no sólo en Alemania, plantear los intereses de las empresas en los viajes al extranjero”, declaró en agosto. Después de todo, Wirecard era una “compañía del Dax 30”, y cuando viajó a China “desconocía” las irregularidades en el proveedor de pagos.

Pero la oposición no cree ese argumento, y algunos piden una reforma profunda de las actividades de lobby en Alemania. “¿Quién tiene acceso a la canciller?” pregunta Lisa Paus, diputada de los Verdes. “No parece haber un criterio sensato. Nadie controla quién llama a la puerta y quién entra”.

Zu Guttenberg no era el único ex miembro del Gobierno que presionaba a favor de Wirecard. El 11 de septiembre, Klaus-Dieter Fritsche, ex responsable de coordinar los servicios de inteligencia alemanes en la cancillería, presentó a Röller al ex director financiero de Wirecard, Alexander von Knoop, y al titular actual, Burkhard Ley. Según el programa de la cancillería, la reunión era una “sesión de presentación” y una oportunidad para que Wirecard informase a Röller de sus “actividades empresariales en el Lejano Oriente”.

Otros se mostraron más prudentes con respecto a la compañía de pagos. Zu Guttenberg visitó la embajada alemana en Pekín a finales de 2019 para solicitar su ayuda para obtener la aprobación de los reguladores chinos a la compra de AllScore por Wirecard.

Pero en noviembre de ese año un agregado financiero de la embajada envió un correo electrónico al embajador, Clemens von Goetze, advirtiéndole de no apoyar a Wirecard “en este momento”. Le recomendó que sería mejor esperar a que las acusaciones de fraude contable se hubiesen “aclarado sin reservas”.

Reforzar BaFin

Desde principios de septiembre, un ejército de expertos de Roland Berger, una consultora de gestión, se ha instalado en la sede de BaFin en Bonn.

El Ministerio de Finanzas les ha pedido que determinen qué lecciones tiene que aprender el regulador financiero de Alemania del caso Wirecard.

Algo que ya está claro es que en una futura reforma, BaFin recibirá poderes para lanzar sus propias investigaciones sobre posibles manipulaciones de las cuentas en cualquier empresa cotizada de Alemania.

Sin embargo, según personas familiarizadas con las discusiones, cada vez es menos probable que se elimine por completo el sistema regulatorio de dos niveles, en el que el FREP, una institución del sector privado, jugaba un papel semioficial. Es probable que el FREP negocie nuevos acuerdos, aunque su papel se verá limitado a realizar controles rutinarios de los informes anuales para garantizar que cumplen los requisitos legales y la normativa contable.

El gran cambio es que BaFin tendrá más libertad para realizar una auditoría de una compañía en cualquier momento sin tener que esperar los resultados de una investigación del FREP.

Además, BaFin está estudiando crear una nueva división interna más capaz de identificar los bancos y las aseguradoras mal saneados. Esta prestaría especial atención a las instituciones que tienen clientes particularmente arriesgados, que han crecido extremadamente rápido en un corto espacio de tiempo o que forman parte de un grupo más grande y complejo que afronta acusaciones de fraude contable.

Un tercer foco de reforma son los posibles cambios en el trato que BaFin da a la información de delatores. Fuentes familiarizadas con la situación afirman que la autoridad necesita mejorar su capacidad para analizar datos y encajar piezas entre diferentes informaciones aportadas por distintos delatores.

El Ministerio de Finanzas alemán ya está haciendo progresos en otra reforma clave, restringiendo que los empleados de BaFin negocien acciones de compañías que supervisan. La revelación de que muchos de ellos habían negociado acciones de Wirecard en los meses previos a su debacle no ha hecho más que agravar el escándalo político en torno a la compañía.

Etiquetas
----