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Andalucía

Reforma integral de la fontanería económica en el Gobierno andaluz

Imagen del la reunión del último Consejo de Gobierno celebrado en Úbeda - E.P.

Luis Montoto

Cambian los responsables de Industria y Minas, así como el de Empresa; el área de Energía se redefine y se refunden competencias en política digital

En apenas dos meses se ha producido una remodelación profunda y silenciosa en el equipo de altos cargos que dirigen las principales áreas económicas del Gobierno andaluz. Aunque son relevos de calado, han pasado casi desapercibidos porque el foco político se ha puesto en las relaciones en el seno de Ciudadanos y en las competencias que perdía Rocío Ruiz (la consejera de Igualdad que ha actuado a contracorriente de los pactos con Vox).

A ello se le ha sumado la creciente emergencia que ha generado la segunda oleada del Covid, que también ha mantenido en un segundo plano la política económica. Pero la realidad es que el rostro de quienes deben mantener la relación diaria con el sector empresarial en

 el Ejecutivo de Moreno ha cambiado sensiblemente. La «fontanería» económica, los conductos por los que circulan muchos de los proyectos empresariales estratégicos de la administración, están de reforma integral.

Estas modificaciones parten de los intercambios que se han producido entre la consejería de Hacienda (dirigida por Juan Bravo) y la de Economía (bajo la batuta de Rogelio Velasco). Hasta ahora ambos manejaban áreas que entraban en confluencia. Hacienda gestionaba el presupuesto, pero los fondos europeos estaban en manos de Economía. Ésta, a su vez, gestionaba competencias de fomento empresarial (con el control de la Agencia Idea o de la Fundación Hélice), pero en Hacienda recaía el control de la política industrial, minera y energética.

El retoque del Gobierno ha sido como una versión del refrán de «zapatero a tus zapatos», donde cada uno se repliega a su misión principal. Hacienda queda como el gestor de la totalidad de los ingresos y Economía —rebautizada como consejería de Transformación Económica— se convierte en el interlocutor prioritario con el sector empresarial. Otra área con un impacto económico relevante, como es la Transformación Digital, se «muda» a Presidencia (consejería dirigida por Elías Bendodo). Y el modelo de gestión de la política energética debe terminar de perfilarse con la creación del comisionado que dependerá de Juanma Moreno. Este proceso ha conllevado numerosos «cambios de tarjeta».

En esta nueva etapa, Rogelio Velasco ha configurado un nuevo organigrama, en el que dos ingenieros industriales toman las riendas. Cristóbal Sánchez (que ha desarrollado su carrera en la Agencia de la Energía) será el secretario general de Industria y Minas; mientras que Pablo Cortés (que hasta ahora era director general de Investigación) será su homólogo en Empresa, Innovación y Emprendimiento. Ambos se convierten en los dos puntales de la política empresarial y sustituyen en estos cargos a Fernando Arauz y Manuel Ortigosa. A su favor están sus trayectorias: los dos tienen una gran experiencia en el sector público y tienen sensibilidad con el sector empresarial. En su contra está el tiempo, ya que se suben al tren de una legislatura que enfila su ecuador, lo que les obliga a coger muy rápido las riendas de la situación y a no perder demasiados días en los cambios en terceros niveles y en delegaciones territoriales.

Hay que tener también en cuenta que la secretaría general de Economía, otro de los cargos esenciales en la consejería de Rogelio Velasco, experimentó un relevo hace apenas dos meses, cuando el profesor Manuel Hidalgo decidió volver a la Universidad Pablo de Olavide y fue sustituido por José Ignacio Castillo (catedrático de Economía en la Hispalense). Las «secretarías generales» son, en el ámbito autonómico, el equivalente a una «secretaría de Estado», y tienen un peso muy relevante en sus respectivos campos. Y en las tres secretarías hay tres nuevos responsables.

Big Data

Otra modificación clave en el plano económico ha sido la refundición de todas las competencias que tienen relación con la política digital, un área del que dependen cientos de proveedores tecnológicos (que en un contexto de digitalización de la economía cada vez cobran más peso). Aunque para el gran público pasa habitualmente desapercibida, es un aspecto esencial para el funcionamiento de la administración autonómica (ya que es la dirección encargada de dotar de medios informáticos a un conglomerado con 270.000 funcionarios).

En este momento las competencias estaban divididas: Hacienda tenía Transformación Digital, Presidencia gestionaba Gobierno Abierto y Economía controlaba la empresa pública Sandetel. Ahora es la Consejería de Presidencia la que tiene bajo su control una dirección que aglutina estas tres áreas (Política Digital, Gobierno Abierto y Sandetel). La ingeniera de telecomunicaciones María Pérez Naranjo, que ya estaba al frente de Transformación Digital en Hacienda, liderará este nuevo proyecto, ahora bajo la denominación de directora general de Estrategia Digital y Gobierno Abierto. Con esta figura la Junta se plantea definir un «modelo de servicios digitales y gobernanza tecnológica», entre cuyos objetivos están «la mejora de la transparencia, la generación de conocimiento y el apoyo a la toma de decisiones mediante la explotación de datos usando Big Data e Inteligencia Artificial». El último paso podría ser la creación de una oficina de transformación digital que preste servicio a toda la administración, como ya ocurre en Madrid o el País Vasco.

Flecos por definir

En este nuevo organigrama «económico» aún quedan flecos por definir que serán relevantes para el futuro. El presidente Juanma Moreno ha puesto bajo su batuta las políticas sobre el cambio de modelo energético de la Junta y lucha contra el cambio climático. Está aún pendiente la configuración del «comisionado» que controlará a la Agencia de la Energía, un ente con gran relevancia en este sector, en el que necesariamente también debe haber cambios, dado que su hasta ahora director, el ingeniero Jorge Jiménez, acaba de asumir la delegación de Red Eléctrica de España (REE) en Andalucía y Extremadura. La Agencia de la Energía gestiona los fondos europeos para este sector, y además diseña y controla el contrato de la luz de la administración autonómica (el mayor del sector público en España). Y en estrecha colaboración con este comisionado, también se debe elegir a un director general de Energía (que sigue dependiendo de Hacienda).

La organización de la política energética es estratégica ya que en este momento hay en Andalucía proyectos de inversión en renovables que superan los 15.000 millones de euros (el Covid no ha frenado el interés de los fondos internacionales, que están buscando oportunidades de expansión en el Sur de España, dado que la energía a partir de paneles fotovoltaicos es ya más barata que la producida por fuentes de generación convencional, y en Andalucía si algo abunda es la radiación solar). Sea como fuere, Industria (ahora en Transformación Económica) y Energía (en las consejerías de Presidencia y Hacienda) deben seguir manteniendo un alto grado de coordinación, dado que han sido competencias tradicionalmente unidas.

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