Portada » El Botánico obliga a saber valenciano a quien quiera ser médico en la Comunitat
Comunidad Valenciana

El Botánico obliga a saber valenciano a quien quiera ser médico en la Comunitat

Justicia aclara que será el reglamento de la Ley de Función Pública el que detalle las condiciones que los trabajadores deben cumplir

La oposición al Consell arremetió ayer con dureza contra la Ley de Función Pública elaborada por Justicia y Administración Pública, la conselleria de Gabriela Bravo, que defendió en Les Corts la idoneidad de un texto que comenzó a elaborarse hace cuatro años. El Botánico se ha enfrentado con el bloque de la derecha por considerar que hay una fijación con el asunto del requisito lingüístico, es decir, la obligación de los funcionarios de saber valencianoEl sector sanitario no quedará exento del requisito. En el borrador de la ley aparecía esa exención, pero finalmente, quien quiera ser médico en la Comunitat está abocado a verse obligado a saber valenciano. Desde la Conselleria de Justicia se asegura que será en el reglamento de la ley donde se detallarán las condiciones que los trabajadores deberán cumplir. Fuentes de la conselleria no garantizaron que la exención estará en el reglamento. Defenderán que se incluya, pero no garantizan que esté ahí finalmente.

Fuentes conocedoras de la negociación señalan que habrá una exención del requisito «una vez haya exceso de plazas» tras haber accedido a las mismas los que cuenten con la capacitación lingüística. Es decir, las que sobren tras incorporar a los que sepan valenciano. De momento, de la ley se elimina la exención. Y eso que hace dos años, el 24 de octubre de 2018, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, defendió que el requisito exigido a los funcionarios tenga excepciones en ámbitos como el de la sanidad o de la investigación.

El anteproyecto de la ley presentado a finales de noviembre de ese año recogía la excepción del ámbito sanitario, por no poder entrar en colisión con el derecho a la salud. Cuando se conoció aquel anteproyecto, la propia Bravo afirmó que la norma contempla la excepción «para el ámbito sanitario» puesto que, según la consellera, «la exigencia del requisito nunca debe entrar en colisión con el derecho a la salud y, por tanto, si esta exigencia produce una disfunción en el funcionamiento del sector público sanitario, priorizaremos siempre el servicio público sobre la exigencia de la capacitación».

La oposición arremete contra Bravo por creer que su ley arrincona el castellano entre los trabajadores públicos

La disposición final cuarta determinaba que, al margen del reglamento que se elabore, «excepcionalmente, en el ámbito sanitario y de la salud, si hay necesidad de personal y éste no dispone de la competencia lingüística acreditada, primará la garantía de la debida prestación de los servicios públicos en los términos que se determine reglamentariamente». La disposición final cuarta ya no incluye eso. Justicia alega que el Consell Jurídic Consultiu decía que no tenía sentido que figurara así en la norma y en el Proyecto de Ley que aprobó el Consell en febrero de este año ya se eliminó esa exención.

La oposición en bloque defendió ayer sus enmiendas a la totalidad al proyecto de la ley. PP, Cs y Vox consideran que «impone» el valenciano y excluye a los funcionarios que solo hablan castellano, que «nace ya muerta» en plena pandemia (el teletrabajo deberá adaptarse a la normativa nacional, ya que la ley autonómica se ha retrasado tanto que al final ha sido atropellado por la pandemia) y que «crea más barreras entre españoles».

Entre los objetivos de la ley destaca la racionalización de las oposiciones, la reducción «drástica» de cuerpos y escalas de 201 a 91, la mejora de la movilidad interna, la bajada de la alta tasa de interinidad, contratar a 5.000 funcionarios para «evitar que la administración colapse», afrontar las 5.000 jubilaciones que se esperan en la próxima década y «cambios profundos en el reclutamiento para hacer más atractivo el empleo público», según señaló ayer Gabriela Bravo.

El PP considera que la norma impone el valenciano y excluye a un cuarto de los ciudadanos de la Comunitat, por vivir en municipios de zonas declaradas castellanoparlantes. Cs también arremetió contra «el auténtico ladrillo de la ley Bravo», que ve inoportuna y «cutre» y exigió a la consellera que se «rebele» contra Compromís y Podem por su «chantaje» para incluir el requisito: «Están alimentando la bestia del nacionalismo». José María Llanos. de Vox, consideró que el requisito destierra el castellano, convierte la lengua en arma política y un modo de perder a grandes profesionales, por ejemplo en el ámbito sanitario.

Mercedes Benz
The new Mercedes-Benz C-Class